En una nueva ofensiva contra el oficialismo, la dirigente Elisa Carrió vuelve a la carga y ahora impulsa una denuncia penal contra el Gobierno en torno a la compra de la vacuna Sputnik V. La líder política, junto a sus pares de la Coalición Cívica, acusa a la cúpula de Casa Rosada del delito de “atentado contra la salud pública” por la implementación del antídoto ruso.

Según la presentación judicial que consta de 12 páginas, Carrió señala a Alberto Fernández, al ministro de Salud Ginés González García y “cualquier otro funcionario que hubiera participado en gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia, para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna Sputnik V”. Allí, presenta los delitos de “atentado contra la salud pública; defraudación al Estado, Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público”.

La denuncia está basada en la presunta falta de datos y evidencia científica sobre la efectividad de la vacuna, crítica que ya había sido fogoneada por la dirigente opositora en los medios. Al mismo tiempo, reclama que el sector legislativo obtenga mayor información sobre la adquisición de las dosis.

“Carecemos de información fidedigna sobre tratativas, con contratantes, laboratorios, número de dosis a adquirirse, costos, fechas de entrega, etc. La información sobre reserva y adquisición se mantiene absolutamente blindada por parte del gobierno argentino”, señala la denuncia.

Asimismo, se apuntó también contra la falta de acuerdo y las contradicciones producidas en las últimas semanas, cuando el presidente ruso Vladimir Putin puso en cuestionamiento el efecto inmunizador de la vacuna en personas mayores de 60 años, factor que había sido asegurado de manera previa por el gobierno argentino.

“La declaración pública lanzada por el jefe de estado ruso, nos previno sobre la imposibilidad de inmunizar, a través de esa vacuna, a uno de los grupos de riesgo que el gobierno argentino se había comprometido a priorizar en la protección a la salud”, señala.

En tanto, la dirigente expresa en su presentación judicial que esta operación comercial “pone en riesgo a la totalidad de la población argentina, en su integridad física y en especial a quienes serán sus primeros receptores. Tal anunció el gobierno argentino, será aplicada al personal de salud y seguridad; implicando esto, que serán ellos los elegidos para completar la Fase III, con desenlace impredecible y, con la posibilidad -según sus resultados- de tener bajas, en quienes tienen a su cargo la noble tarea de atender la cuestión de seguridad y sanitaria genera”.