En tiempos de escazas sutilizas y asombrosos malabares, la familia judicial ya comenzó a dar muestras claras de su manera de interpretar el cambio político que pronostican los 15 puntos de diferencia en contra del oficialismo en las PASO. Quemando los tiempos de la transición, los tribunales federales actúan a cuenta y hacen lo que mejor saben: adaptarse a los flujos del poder. Por eso, con la misma certeza y convicción con que antes apuntaban sus expedientes hacia un extremo de la escena, ahora han comenzado la maniobra inversa. La situación, por prematura y evidente, y más allá del tema puntual de cada causa y del nombre propio de los investigados, suma argumentos para quienes bregan por la urgencia de aplicar cambios profundos en la lógica y la estructura misma del Poder Judicial.

“A partir del resultado electoral llegan denuncias penales contra funcionarios de este gobierno todos los días”, señaló el experimentado juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en diálogo con la prensa. Pero tal vez la clave no esté en el pulso de los denunciantes que acusan a Cambiemos, porque siempre los hubo, sino en la respuesta de quienes reciben esas presentaciones, que antes pasaban sin mayor trámite a la papelera de reciclaje y que ahora son vistas con ojos curiosos por sus señorías. En igual sentido, expedientes que se encontraban aletargados han recuperado sus bríos.

Un claro ejemplo lo puso, días atrás, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, que decidió, con las firmas de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, mantener abierta la causa del Correo Argentino SA, un caso de impacto directo sobre la familia del presidente Mauricio Macri, quien está imputado. Lo que se investiga es la negociación de una supuesta “quita abusiva” en la deuda millonaria que esa empresa del Grupo Macri mantiene con el Estado. La decisión tomada por la Sala II también dejó a las puerta del procesamiento al hoy ministro de Defensa, Oscar Aguad, que durante los hechos bajo sospecha dirigía la cartera de Comunicaciones.

Por otra parte, en el capítulo local del escándalo Odebrecht, que se ocupa del soterramiento del tren Sarmiento, Irurzun y Bruglia revocaron el procesamiento de Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi y Manuel Vázquez. Al margen de las razones invocadas, tal beneficio a exfuncionarios del kirchnerismo era algo impensado ayer nomás, y sobre todo a cargo del juez Irurzun, creador de la “doctrina” que lleva su nombre y permitió la prisión preventiva de integrantes de la gestión anterior con el argumento de que podían entorpecer el curso de las pericias. Por si faltaran muestras del cambio de clima, estos camaristas también anularon la falta de mérito en favor de la pata empresaria, es decir, los eventuales pagadores del soborno en el affaire Odebrecht. Entre ellos, está Ángelo Calcaterra, primo de Macri y quien por entonces dirigía la constructora IECSA, luego vendida a Marcelo Mindlin, otro empresario cercano al primer mandatario.

Incluso Claudio Bonadio, verdadero cruzado antikirchnerista, parece haber ampliado su criterio tras las Primarias. Un día después del fallo de Irurzun y Bruglia, Bonadio dio impulso a una denuncia por irregularidades en la licitación del superpromocionado Paseo del Bajo, obra central para el alcalde Horacio Rodríguez Larreta y donde también está involucrada IECSA, que se quedó, por cerca de 3 mil millones de pesos, con el tramo más jugoso del pliego. La presentación hecha por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), en base a un trabajo de la Auditoría General de la Ciudad, acusó a los gobiernos Nacional y porteño de haber favorecido a IECSA y a Calcaterra. El reflejo post PASO de Bonadio fue solicitarle información a Autopistas Urbanas SA (AUSA), la encargada del proceso licitatorio y donde la Ciudad es el principal accionista.

En su muy recomendable libro Forum Shopping Reloaded, el abogado Pablo Slonimsqui señala que los magistrados “se las arreglan para interpretar la ley de acuerdo a sus intereses personales y para acompañar al gobierno de turno” y que “no investigar nunca al poder instituido es clave para explicar la supervivencia de la mayoría de jueces y fiscales”. Slonimsqui lo grafica de este modo: “Se afirma que los jueces se vuelven expertos en administrar el tiempo de sus expedientes y que reemplazaron por dos electrodomésticos, el freezer y el microondas, el equilibrio de los dos platillos de la justicia”. Es decir, “con el freezer enfrían las causas de los funcionarios mientras estos están en el poder, y con el microondas las calientan en pocos meses ante cada cambio de gobierno”. En algunos casos, cuando se trata de administraciones débiles o en retirada, los plazos de estas maniobras se adelantan. A Slonimsqui tampoco se le escapa que, más allá de la conducta o la consistencia de tal o cual funcionario judicial, lo que esto refleja es “falta de independencia” y “debilidad institucional”.

De hecho, en las propias filas del Frente de Todos se preguntan si esta efervescencia de expedientes que pegan en las costillas de Cambiemos es oportuna en medio de una campaña donde uno de los grandes derrotados, justamente, fue la judicialización de la política.

Ajenos a estas reflexiones, los habitantes de Comodoro Py parecen haber adelantado su boca de urna para las elecciones del 27 de octubre y está claro que entre ellos no abunda la fe en una remontada milagrosa.