Llegando al final del año de la peste, tras 9 meses de pandemia y de iniciado el aislamiento obligatorio, de los casi 43.000 fallecidos por coronavirus en el país el 73 % son adultos mayores, es decir, tienen más de 60 años. La edad promedio de los fallecidos por coronavirus es de 72 años. Sin embargo, como veremos, en este mismo año 2020 cuando los adultos mayores estaban más expuestos que nadie por el Covid-19, el gobierno de Alberto Fernández no se privó de sumarles otro golpe, convirtiendo los haberes en una variable de ajuste. El saldo de este año es que la suspensión de la movilidad permitió un recorte de $ 100.000 millones a las jubiladas y jubilados. Y la frutilla del postre terminó de sellarse con la reciente aprobación en el Congreso de una nueva ley de movilidad previsional.

Pero las implicancias del ajuste realizado a las jubilaciones en el primer año de la administración de Fernández no se circunscriben al recorte fiscal. Quedan también secuelas profundas para el sistema previsional, sentando nuevos pasos y consolidando otros a tono con las necesidades del capital de reducir al mínimo los pagos en jubilaciones, de fragmentar a la clase trabajadora y de habilitar nuevas áreas de negocios.

La promesa de campaña de Alberto Fernández de recomponer los 20 puntos de poder adquisitivo que habían perdido las jubilaciones y los salarios en los cuatro años de macrismo se desvaneció por completo en el aire cuando a solo siete días de asumir, el 17 de diciembre de 2019, se envió al Congreso el proyecto de Ley de “Solidaridad y Reactivación Productiva”. El principal objetivo de la ley era crear las condiciones para la renegociación de la deuda pública con los acreedores privados, entre las cuales las dos principales fueron: suspender la movilidad previsional por 180 días y en su lugar otorgar aumentos discrecionales por decreto (es decir, a criterio y voluntad del Ejecutivo sin ningún lineamiento prefijado), y habilitar al Tesoro el uso de casi USD 5.000 millones del Banco Central para continuar pagando servicios de deuda y capital mientras durara la renegociación con los acreedores.

De conjunto, durante todo 2020 la movilidad previsional hubiese arrojado un incremento acumulado de los haberes de 42,1 %. Por primera vez a los jubilados les tocaba recuperar una pequeña parte de lo que habían perdido durante el gobierno de Macri. Esa posibilidad fue cortada de raíz.

Los cuatro aumentos por decreto en 2020 para jubilaciones y pensiones acumularon entre 24,3% y 35,3 % anual, dependiendo el rango de haber. Así, resultaron entre 7 y 18 puntos por debajo del 42,1 % que hubiese arrojado la movilidad suspendida. Asimismo, para una parte considerable de los jubilados se continuó profundizando la pérdida en relación con la inflación.

Quienes perciben la jubilación mínima, supuestos “ganadores” de los aumentos por decreto, terminarán “empatando” técnicamente con la inflación, pero 7 puntos por debajo de lo que les correspondía por ley. Por ello, en un año suman una pérdida de $ 7.639. El oficialismo argumenta que hay que considerar los bonos otorgados, sin embargo, durante la pandemia solo se otorgó un bono de $ 3.000 para las jubilaciones mínimas que no llega ni a compensar el recorte. Por su parte, los bonos de $ 5.000 de enero y febrero de 2020 que se usaron como una cortina de humo para aplicar la suspensión de la movilidad, apenas representaron el 8,5 % de la pérdida que sufrieron durante el gobierno de Macri (a la que supuestamente iban a compensar) mientras que no se les concedió una recuperación del nivel del haber. El oficialismo usa alternativamente los $ 5.000 para decir que son la (falsa) compensación de lo perdido durante el macrismo o parte del aumento del año 2020. O son una cosa o la otra, pero no las dos a la vez. No obstante, en cualquiera de los casos resultaron totalmente insuficientes. Todo ello explica que en diciembre de 2020 las jubilaciones mínimas estén casi $ 1.000 por debajo de lo que hubiese dado la movilidad suspendida (en el haber máximo implica $ 18.000 menos) .

Es sobre esos niveles interiores de las jubilaciones, reducidos a su mínima expresión, sobre el cual se aplicarán los futuros aumentos de la fórmula de movilidad aprobada el martes 29 de diciembre en la Cámara de Diputados. Ese es el quid de la cuestión.

Con este ajuste se envió una clara señal a los especuladores y organismos internacionales de crédito de la “voluntad” de ajustar el gasto público, a costa de los jubilados y las familias trabajadoras, para liberar excedentes para el pago de la deuda. Se trata de prioridades. Al mismo tiempo, el “ahorro” fiscal financió parte de los rescates a las empresas que hizo la Anses durante la pandemia, como la reducción de un 95 % del pago de las contribuciones patronales, el pago por el Estado de la mitad de los salarios de los empleados con el programa ATP, las moratorias impositivas y previsionales, entre otros, y permitió contener que no sea aún mayor el ya abultado déficit fiscal.

Por lo antedicho, se llega a que en estos últimos cinco años la jubilación mínima en términos reales se encuentra 21 puntos por debajo del nivel de noviembre de 2015 y la jubilación máxima unos 27 puntos. Con el primer aumento por decreto de marzo, que contenía una suma fija, se redujeron proporcionalmente más las jubilaciones en la medida en que se sube en los tramos de haber. Es decir, se produjo un achatamiento de la pirámide de jubilaciones del sistema.

Esta modificación estructural confluye directamente con las presiones del FMI, el Banco Mundial y otros organismos en línea con las pretensiones del gran capital por modificar los sistemas jubilatorios hacia pensiones universales de miseria en la vejez. La lógica es que los sistemas públicos solo cubran una parte (mínima) de la jubilación y que cada cual “complemente” su haber con aportes individuales a sistemas de seguros privados. Eugenio Semino advierte que “eso es lo que precisamente siempre exigió el FMI, y hay que decir que no será sorprendente si el año que viene aparecen los Security (que son Fondos de Pensión, no como las AFJP, sino de aportes voluntarios para los haberes más altos, que es lo que hoy le está interesando como modalidad a los organismos de crédito)”.

El problema no es solamente el achatamiento de la pirámide en sí misma, y de lo que esto representa para dejar el terreno preparado para aplicar los planes de los organismos internacionales, sino de que la base de la pirámide está en el subsuelo. El 63 % de las jubilaciones y pensiones se encuentran en la mínima y un 85 % de ellas está por debajo de la Canasta del Jubilado para cubrir lo necesario para los gastos de un mes.

Votaron ahora una nueva fórmula, que será similar a la aplicada entre 2008 y 2017 y se regirá por la evolución de los salarios y la recaudación tributaria de la Anses, con un tope que no podrá superar anualmente la evolución de los recursos totales de la Anses más un 3 %. Pero no contiene un piso. Con ello, se aseguran de que cerca de un 50 % del presupuesto nacional, que se mueve con aquella ley, podrá ir detrás de los aumentos de precios y de esa forma “licuarlo” en los momentos de recesión, haciendo recaer las crisis sobre las espaldas de jubilados y beneficiarios de AUH. Incluso el Frente de Todos votó en contra de nuestra propuesta de agregar una cláusula de piso mínimo que actúe como garantía ante la inflación. Además de esto, sin nada que envidiarle a Macri, vuelven a confiscar un trimestre con el “empalme” de fórmulas al pasar por alto la evolución de la economía en el tercer trimestre de 2020, disminuyendo también los futuros aumentos.

Para justificar el ajuste repiten el argumento liberal de que son los aumentos de jubilaciones y salarios los que generan inflación. Pero a los grandes fondos de inversión que ganaron con la bicicleta financiera durante el macrismo les dieron bonos en dólares y otros en pesos atados a la inflación para que no se desvaloricen sus activos. Se ajusta a los más vulnerables, lo que nunca se desindexa son las ganancias de los bancos, de los especuladores financieros y de los grandes grupos económicos. Esos nunca pierden.

Como planteamos en el recinto de Diputados el martes pasado, es necesaria una respuesta opuesta por el vértice para restituir lo que se vienen robando en los últimos años con los cambios en la movilidad bajo el gobierno de Macri y su suspensión el primer año de Fernández. Pero no es suficiente debatir solo la movilidad, porque los haberes están muy por detrás del histórico reclamo del 82 % móvil del salario en actividad, ni que hablar de la canasta básica. Para esto, no puede decirse que los recursos no alcanzan cuando todavía siguen vigentes todos los recortes de las contribuciones patronales que se impusieron en los años ‘90 con Menem y Cavallo. Si se restituyeran los aportes previsionales al nivel que tenían entonces aumentarían considerablemente los ingresos de Anses. Pero al mismo tiempo es necesario pelear por el blanqueo de las trabajadoras y de los trabajadores (el Frente de Izquierda presentó un proyecto en ese sentido) y terminar con toda forma de precarización laboral. Queda demostrado que la crisis del sistema previsional no es una cuestión “natural” por la extensión de la esperanza de vida, sino por el contrario, es producto de una política de vaciamiento y de precarización laboral capitalista.

Por ello, la respuesta a la “cuestión previsional” es inseparable de un planteo de reducción de la jornada laboral y reparto de las horas de trabajo, alcanzable con el desarrollo actual de la técnica, estableciendo el salario mínimo por encima de la canasta familiar. Es posible así terminar con una realidad en la que millones de precarizados, desocupados y subocupados coexisten con la sobreexplotación que recae sobre buena parte de quienes hoy tienen empleo, tanto en condiciones precarias como quienes tienen el –hoy convertido en– “privilegio” de tener un empleo formal.

Asimismo, imponer verdaderos impuestos a las grandes fortunas dirigidos a aumentar los recursos previsionales permitirían sostener un incremento de los haberes, que el sistema previsional tenga los recursos que debe tener, para que las jubiladas y jubilados puedan empezar a acercarse a tener el ingreso que se merecen. Este planteo junto a un conjunto de medidas que empiezan por el desconocimiento soberano de la deuda odiosa y la ruptura con el FMI tendría que ser una bandera de lucha para la clase trabajadora, la juventud y el movimiento de las mujeres en la perspectiva de una reorganización general de la economía que ponga en el centro la atención de las necesidades sociales: para terminar con el hambre, la desocupación, con el 45 % de pobreza, con jubilaciones de miseria, con la opresión de género y con la destrucción ambiental.