Dos semanas atrás el Gobierno de Alberto Fernández salía de cierto inmovilismo fiscal frente a esta segunda ola de la pandemia  que azota al país, y “rompía el chanchito” anunciando la inversión de un punto del PBI para reforzar la Tarjeta Alimentar. La medida fue anunciada desde el oficialismo como un nuevo acompañamiento a los sectores populares y excluido, que son quienes más sufren la economía con freno de mano puesto producto de las restricciones, y generó repercusiones de todo tipo. Algunos sectores del FDT la celebraron como un giro necesario de la política económica del Gobierno hasta ese momento, marcada por la preocupación de Martín Guzmán por no incrementar el gasto y mantener un equilibrio fiscal “presentable” para Kristalina Georgieva y el FMI. Otros, plantearon cuestionamientos que fueron desde su tardía implementación hasta la ineficacia estructural de ese tipo de políticas de transferencias de ingresos en el largo plazo, y la necesidad de generar mecanismos de inclusión de otra naturaleza.

En ésta última línea resaltaron los planteos de los principales referentes de los movimientos sociales, que no son nuevos y vienen siendo una bandera histórica del sector, desde la cual definen su pertenencia al FDT en defensa de un modelo de país. Resonaron las voces de Emilio Pérsico, Esteban “el gringo” Castro, Norma Morales, Gildo Onorato, Dina Sánchez, Juan Grabois y otros referentes de primera línea y, como no podía ser de otra manera, sus declaraciones fueron exaltadas y enarboladas por el periodismo en guerra con el Gobierno como una expresión de internas o tensiones dentro de la coalición, producto de una falta de respuestas estructurales de la gestión AF-CFK a una crisis también estructural como es la pobreza y la exclusión social en la Argentina de ayer y hoy. Lo cierto es que desde los movimientos sociales nadie saca ningún pie del plato, y hay claridad tanto sobre la necesidad de defender al Gobierno del FDT, como también de lo imperioso y urgente de un debate profundo sobre el modelo de país que el peronismo está llamado a reconstruir en esta etapa de la Argentina, debate que sostienen hace varios gobiernos y no están dispuestos a resignar.

El Gobierno tomó nota, y hace una semana se llevó adelante el Foro “Economía social, economía Popular y creación de trabajo ¿cómo avanzamos?”, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, que contó con la presencia de varios de esos referentes de primera línea y muchos más, quienes fueron escuchados directamente por el Ministro Daniel Arroyo. La iniciativa fue organizada sin cobertura de prensa, quizás por decisión del Ministerio de no agitar internamente mucho más el tema, y tampoco tuvo eco en los grandes medios que ya habían sacado su tajada presentando los planteos de los movimientos sociales como tensiones internas del FDT.

“La mejor salida es el trabajo” son las primeras palabras del texto de presentación del Foro, que se definió como “una consulta destinada a recoger propuestas para la gestión”, casi como una respuesta directa a las declaraciones de los referentes sociales luego del aumento de la inversión en las Tarjetas Alimentar. En esa misma línea, la convocatoria culminaba diciendo: “Encabezado por el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, este Foro es una convocatoria amplia y plural a representantes de movimientos sociales, sindicatos, cámaras empresariales, iglesias y el sector académico para la escucha y para reflexionar sobre políticas públicas que colaboren a profundizar el camino de la transformación de planes sociales en trabajo genuino, aportando sustancialmente propuestas destinadas a la gestión”. La instancia fue inaugurada por las palabras de Arroyo, a las que siguieron las del secretario gremial de la UTEP y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, Gildo Onorato, y se cerró con las intervenciones del gringo Castro, Emilio Pérsico, y nuevamente el Ministro Arroyo. Muestra contundente de un diálogo en proceso, que refleja el verdadero carácter de esta tensión sana al interior del Gobierno en la discusión por el modelo de país a construir, discusión que merece aún mucha más atención y decisiones más resolutivas que un foro consultivo.

EL DEBATE, LA PROPUESTA: DE LA INCLUSIÓN POR CONSUMO A LA INCLUSIÓN Y CRECIMIENTO POR TRABAJO

“Han cambiado todos los paradigmas, el mundo ya no es el mismo, los modelos globales que conocemos hasta hoy no son capaces de resolver la desigualdad” planteó en el encuentro y reafirmó en diálogo exclusivo con Diagonales Gildo Onorato, uno de los principales cuadros políticos y dirigente de la UTEP. En esencia, el planteo por encontrar nuevas soluciones al problema de la desigualdad y la exclusión surge de ese diagnóstico que hacen los movimientos sociales, según el cual se siguen aplicando recetas de otro tiempo a un mundo del trabajo que sufrió transformaciones durante el neoliberalismo de las que no hay vuelta atrás. La destrucción del aparato productivo, la exclusión de grandes mayorías a los márgenes del sistema formal, la emergencia de nuevos sectores sociales excluidos y  la transformación de las relaciones laborales entre lo público y lo privado son el contexto en el que se deben repensar las estrategias de inclusión. “El mundo del pleno empleo ya no vuelve, la historia no retrocede, tenemos que entrar en el siglo XXI empujando nuevos paradigmas económicos y sociales que impulsen  el crecimiento económico de abajo hacia arriba” explica Onorato.

Las respuestas perimidas vendrían, para los movimientos sociales, tanto del liberalismo que genera esas desigualdades como del progresismo que intenta combatirlas con recetas que sólo han demostrado consolidarlas a nivel estructural. “La promesa liberal del derrame nunca llega, pero la inclusión por consumo a corto plazo que muchas veces planteó el progresismo no resuelven estructuralmente el problema, y siempre estuvo acompañada de inflación y concentración económica”, describe el secretario gremial de la UTEP, y completa con lo central de su planteo: “Las políticas de transferencia de ingreso han sido ineficaces para terminar con la pobreza, más bien han sido funcionales para estructuralizarla. Miremos la evolución desde la Caja Pan de los años 80, que atendió a 800 mil familias, hasta las doce millones de familias que recibieron el IFE el año pasado. El problema no paró de crecer, se volvió estructural, y por eso las soluciones no pueden ser siempre las mismas, porque demostraron no resolver el fondo de la cuestión”.

Por otro lado es más que obvio, pero también necesario en tiempos de grieta extrema y tergiversación de los planteos para hacer daño por parte de los sectores poderosos y conservadores de la sociedad, aclarar que nadie en los movimientos sociales está en contra de que el Estado asista económicamente y en materia alimentaria a la población más golpeada por la pandemia y la crisis. El propio Onorato destacó el rol del Gobierno Nacional "para enfrentar con políticas activas la pandemia", y remarcó la importancia de acompañar las medidas planteadas por el Presidente.  “En una crisis como la que estamos viviendo cualquier inyección de recursos en los sectores vulnerables siempre habla de la orientación y las prioridades de un gobierno” destacó. De lo que se trata no es de cuestionar un salvavidas necesario en medio del tsunami, sino de plantear cómo debe ser encarada la reconstrucción a medida que la inundación vaya cediendo.

En ese sentido, la discusión con la inversión de 250 mil millones de pesos en la Tarjeta Alimentar pasa por el hecho de que si bien sirve para contener la situación social en medio de la crisis, en términos estructurales no genera trabajo, no consagra derechos permanentes porque no es una Ley, no genera bienes durables y no está incorporada a la seguridad social. Además, otro de los aspectos resaltados en las críticas de los movimientos sociales es que parte de esa esa inversión termina yendo a las arcas de quienes especulan y lucran con los precios de los alimentos, que luego presionan sobre el precio valor dólar estimulando la inflación y sosteniendo la fuga de capitales. En concreto, un 0.6% de ese monto quedaba en mano de los bancos en términos de comisiones financieras, y otro 0.9% en los comercios, generalmente grandes cadenas de supermercados. Sobre los 250 mil millones de pesos anunciados como refuerzos a la tarjeta, esos porcentajes significarían $1500 millones en comisiones de los bancos, y $3750 millones  para los supermercados, un total de $5.250 millones que podrían ser destinados a los sectores vulnerables pero quedarían en otras manos.

El viernes, el Ministerio de Desarrollo Social anunció que dejará de pagar a partir de este mes ese 0.6% de comisión a los bancos, ante el reclamo y la propuesta de los movimientos sociales para que esos fondos sean redestinados a los sectores populares. Primer resultado concreto de los diálogos en esta etapa, y botón de muestra para pensar que los planteos de esta naturaleza, bien intencionados, constructivos y con sustento argumental, pueden decantar en decisiones políticas favorables a las mayorías si son tomados como tales y no como un desafío por parte del Gobierno.

Pero la propuesta va mucho más allá. Un primer punto tiene que ver con la idea de generar un millón de viviendas en los cuatro años de mandato del FDT, a partir del trabajo de cooperativas sociales. Ésta  fue una de las principales banderas de los movimientos sociales a partir de la conformación del FDT, y hoy la sostienen argumentando que esa inversión de $250 mil millones, ese 1% del PBI que se volcó a la Tarjeta Alimentar, alcanzaría para la construcción de 260.000 viviendas a precios de hoy, objetivo que podría alcanzarse en un año y que le aportaría otro dinamismo a las economías regionales. Porque esa construcción estaría planificada en oposición a la urbanidad neoliberal que, como explica Onorato, “ha generado una concentración demográfica alrededor de las ciudades que producen más PBI, se concentran también las ayudas de transferencia de ingresos, con una consecuencia grave de hacinamiento y baja calidad de vida”. Desconcentrar la población a partir de la construcción de viviendas populares y fortalecer con eso diferentes regiones son ejes centrales para el modelo de país que persiguen los movimientos sociales.

Ese fortalecimiento regional tendría que estar acompañado también por una producción distinta de alimentos. La producción agroecológica con reserva de mercado, consumo en origen y abastecimiento local son propuestas que apuntan al abaratamiento de los costos logísticos, y por lo tanto del precio de los alimentos, a la vez que permiten pensar en ciudades  económicamente y ambientalmente sustentables. Para esto se plantea la utilización de parte de la enorme cantidad de tierras ociosas e improductivas del Estado, lo cual no generaría costos adicionales y podría resolverse simplemente con voluntad política.

Así, la perspectiva estratégica que se plantea es la transferencia paulatina de recursos a la esfera del trabajo popular y comunitario, con una planificación estatal que piense el desarrollo y el crecimiento de abajo hacia arriba. Hoy en día, el Estado destina sólo el 0.3% anual del PBI al Programa Potenciar Trabajo, unos $80 mil millones en total, que significan una entrada mensual de sólo $11.000 a quienes lo perciben. La comparación con los fondos destinados a las transferencias directas para el consumo, como la Tarjeta Alimentar a la que sólo en el último anuncio se le destinó un 1% del PBI, $250 mil millones, es contundente. Y sin desconocer la absoluta necesidad y la urgencia de ese rescate social que el Estado realiza de los sectores más vulnerables en medio de la crisis, no deja de ser necesario también orientar la discusión sobre el modelo de país a empezar a construir, aprovechar el sacudón de la pandemia que todo lo puso en cuestión para proyectar definitivamente una Argentina que incluya  desde el trabajo y la producción, para resolver definitivamente la pobreza estructural.

ECONOMÍA POPULAR Y SOCIAL: LA FOTO DE LA ARGENTINA HOY

Quizás uno de los aspectos más fuertes para tomarse esta discusión muy en serio, tanto a nivel de la gestión estatal como en toda la sociedad, es volumen que representa el sector en cuestión, en términos poblacionales y también económicos.  Este mes se presentó el primer informe de implementación del RENATEP, el registro nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, instrumentado por la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, secretaría a cargo de Emilio Pérsico. El registro se creó en junio del 2020 con el objetivo de registrar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en su conjunto, y desde ese momento hasta febrero de este año recibió las inscripciones de 2.093.850 personas. Desde los movimientos sociales estiman que este primer registro se ampliará en próximas etapas, alcanzando más de cuatro millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, lo cual representa aproximadamente un 25% de la población económicamente activa del país.

“Economía Popular es el trabajo de quién se inventa su actividad, que no está consagrada dentro de las actividades bajo convenio, que tiene una característica de supervivencia social y está vinculada a lo comunitario. Son un nuevo tipo de actividades” explica Gildo Onorato. “No es lo mismo decir informalidad que economía popular. La informalidad son actividades laborales que están  bajo convenio pero el patrón no los registra. La economía popular es una economía que no tiene patrón, es autónoma, comunitaria, familiar, es abaja escala, y tiene un perfil de supervivencia. Es un nuevo actor de la sociedad reconocido por distintos sectores tan diferentes como la CGT, la Unión Industrial Argentina o la Fundación Idea, y también por el Papa Francisco”.

Este enorme sector de la economía argentina, que se auto inventó a partir de la catástrofe neoliberal que destruyó el sistema productivo y el trabajo formal, está compuesto en un 57,1% por mujeres y un 42,9% de varones, según muestra el informe de RENATEP, en espejo a lo que ocurre con el sistema formal donde predominan los varones. El 65% de esos trabajadores y trabajadoras registradas en esta primera etapa tienen entre 18 y 35 años, marcando una fuerte composición joven del sector, reflejo de las enormes dificultades que hoy en día enfrenta la juventud para incorporarse al mercado formal del trabajo. A su vez, casi un 61% del total manifestaron no haber completado los estudios obligatorios (nivel secundario completo).

El análisis de las características laborales y productivas del sector arroja que el 58,6% de los registrados trabaja en forma individual, mientras que un 41,4% se organiza en forma colectiva. Dentro de ese sub grupo, un 23,4% manifestó trabajar bajo una forma de organización comunitaria o social, un 8,4% en cooperativas, 6,7% en pequeños emprendimientos que pueden o no ser familiares, 1,8% en proyectos productivos o de servicios, y un 1% en un núcleo de agricultura familiar. A su vez, el informe resalta que al analizar el tipo de tareas realizadas “se observa un universo laboral de ocupaciones y oficios muy heterogéneos y de diversos niveles de calificación, expresando la enorme heterogeneidad del sector”. De esta manera, se divide al sector en las categorías de “Servicios personales y otros oficios”, que explica un 30,7% del mismo; “Servicios socio comunitarios” que representa el 28,6%; “Comercio popular y trabajos en espacios públicos” 13% del total; “Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental” 9,9% del total; “Agricultura familiar y campesina” 8,6% del total; “Industria manufacturera” 4,1% del total; “Recuperación, reciclado y servicios ambientales” 3,9% del total; y “transporte y almacenamiento” con un 1,3%.

Otro dato interesante tiene que ver con la composición geográfica del sector. El 35,7% de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular registrados en el informe están en la Provincia de Buenos Aires. Ese porcentaje supera al de los trabajadores asalariados privados bonaerenses en relación al resto del país, que es del 31,6%. Otras provincias donde el porcentaje de la economía popular en relación al total del país es superior al mismo indicador pero de asalariados privados, son San Juan (2,5% de la economía popular registrada del país vs. 1,2% del trabajo formal nacional registrado), San Luis (1% vs. 0,9%), La Rioja (0,9% vs. 0,5%), Catamarca (1,2% vs. 0,5%), Tucumán (5,5% vs. 2,8%), Jujuy (4% vs. 1%), Salta (5,2% v. 1,9%), Santiago del Estero (4,3% vs. 0,9%), Chaco (5,6% vs. 1,2%), Formosa (3,2% vs. 0,4%), Corrientes (2,3% vs. 1,3%), Entre Ríos (2,6% vs. 2,2%), y Misiones (4,4% vs. 1,7%).

Así, trece de las veinticuatro provincias argentinas presentan un porcentaje más alto de trabajadores y trabajadora s dela economía popular sobre el total de registrados en esa categoría, que de asalariados sobre el total de los registrados a nivel nacional en ese rubro. Resulta llamativo también el contraste entre norte del país, donde se concentra la mayor cantidad de provincias con más porcentaje de economía popular, y el sur y la franja central de la Argentina que presentan más trabajo formalizado.

Un último aspecto a resaltar del informe y que va a contrapelo se un sentido común muy instalado en la sociedad argentina al respecto de este sector de la economía nacional, es el hecho de que solamente el 22,4% de los inscriptos e inscriptas percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), y sólo el 22,1% accede el programa Potenciar Trabajo. “El discurso que muchas veces escuchamos es que hay ocho millones de trabajadores que sostienen 24 millones de vagos. Eso no es así. Estas actividades económicas existen y la gente trabaja” afirma Gildo Onotaro al respecto.

“Si queremos modificar la estructura productiva hay que invertir en el sector de las mutuales y las cooperativas tradicionales, que produce el 10% del PBI, y también en la economía popular que representa el 25% de la población económicamente activa. Hay que llegar con inversión pública y privada, y con normativas que regulen esas actividades y permitan aportar a esos trabajadores y trabajadoras. Si unimos esos sectores la Argentina puede crecer desde abajo, sin esperar el derrame que nunca llega ni el boom de consumo que mayoritariamente está destinado a los sectores medios y que en esta estructura económica va acompañado de inflación” concluye Onorato. Un debate necesario en una Argentina que necesita repensarse y re proyectarse, muchísimo más en el actual contexto de crisis y pandemia en cual, si no surgen respuestas alternativas, se correrá el riesgo de repetir los errores y chocar con los mismo límites que hacen hoy lamentar y sufrir la pobreza estructural y la exclusión como un realidad que pareciera naturalizada en el país.