El Gobierno bajó dos banderas de la gestión de Patricia Bullrich
La ministra de Seguridad derogó la polémica resolución sobre el uso de pistolas eléctricas y la resolución que permitía a las fuerzas solicitar DNI a los pasajeros de los ferrocarriles
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, derogó la resolución 395/2019 sobre el uso de armas con descarga eléctrica (Taser) para las fuerzas policiales y de seguridad federales y la resolución 2019-845 que faculta a la Policía a solicitar el DNI a los pasajeros de ferrocarrilles bajo el "Programa Ofensores en Trenes", ambas banderas de la gestión de Patricia Bullrich.
El uso de las tasers, justifica el gobierno de Alberto Fernández, "convierte en extremo cualquier enfrentamiento y estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir".
Dentro de los argumentos al tomar esta decisión explicaron que "este aumento de la violencia genera una situación de mayor peligro para el personal policial, para quienes delincan y para terceras personas que se encuentren en las inmediaciones".
"Derógase la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° RESOL-2018-956-APN#MSG del 27 de noviembre de 2018, por la que se aprobara el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad", dice la resolución publicada este 24 de diciembre en el Boletín Oficial de la Nación.
Cabe señalar que el pasado 7 de mayo, Patricia Bullrich, instruyó a los jefes de las cuatro fuerzas federales, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y la Gendarmería, a que implementen cursos de capacitación para el uso de pistolas Taser, en una medida altamente criticada. La agrupación H.I.J.O.S y el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires calificaron a estas armas como "picanas portátiles".
Además, Sabina Frederic eliminó la normativa que facultaba a las fuerzas de seguridad a solicitar el DNI a determinados ciudadanos en líneas de trenes para la "constatación de la posible existencia y/o vigencia de medidas restrictivas de carácter judicial", norma establecida por Bullrich en octubre de este año.