El anuncio llegó un domingo 5 de abril, con la cuarentena todavía en pañales. El Presidente le confirmaba a Horacio Verbitsky que el Gobierno tenía en carpeta un proyecto de ley, de autoría de Máximo Kirchner, jefe del bloque oficialista de Diputados, para gravar las “grandes fortunas” por única vez, con el fin de afrontar los desastres financieros que ya entonces se adivinaba acarrearía la pandemia. En ese momento, que parece ya de otra época, casi en sepia, se hablaba de un “impuesto patria”, tal como lo había bautizado tímidamente un sector de la CGT que ya tenía una idea similar. Mientras repasaba sus clásicas filminas, Alberto Fernández confrontaba por televisión con los empresarios, a quienes “esta vez les toca ganar menos”. Exactamente ocho meses más tarde, ríos de tinta y saliva mediante, con el pico de casos en el pasado y la vacuna en el horizonte, el Senado finalmente lo convirtió ayer en ley. Un cierre de año a todo trapo para un Gobierno que recuperó la intensidad política cuando estuvo en su peor momento dos meses atrás, hace nada. Y que empieza a recoger los frutos de ese despertar.

El periplo del proyecto acompañó casi paso a paso el devenir del COVID en el país: estuvo cajoneado, se discutió hasta el cansancio, pareció naufragar y resucitó en medio de una polémica nacional y con la oposición acérrima del poder económico. Jorge Brito, el ex dueño del Banco Macro fallecido en un accidente de helicóptero en Salta, llegó a decir que “va a provocar una rebelión fiscal sin precedentes”. Pasará el 2020 y será recordado por la pandemia, pero también por el impuesto que por primera vez pagarán las 9 mil personas más ricas del país, un evento histórico sin antecedentes, como tampoco lo tiene la cuarentena más larga del mundo. Lo mismo sucederá, si se termina aprobando, con el aborto legal.

La paradoja del recorrido del proyecto, tan estruendosa, fue el debate de ayer: pobre, desinflado, un viernes a la noche, ya casi de espaldas a la agenda pública.

La oposición se dedicó a repetir los mismos argumentos que esgrimió en Diputados el mes pasado: “No hay que trabar la inversión”, insistió el formoseño Luis Naidenoff, jefe del interbloque opositor. “El problema es la concepción de grandes fortunas”, dijo, en un deja-vu del comunicado colgado en las redes durante el debate de noviembre Juntos por el Cambio, que después tuvo que borrar: había quedado expuesta su defensa del 0,02 por ciento de la población más rica. “Crecieron trabajando, son empresarios pujantes”, los defendió Naidenoff, que además dejó entrever que la ley va a ser judicializada. “Va a ser una derrota política que no le hace bien a un presidente que está muy devaluado”.

Esa definición conlleva una amenaza, que se conoce desde el momento en que el redactor de la ley, el diputado Carlos Heller, logró dictamen favorable en la cámara baja e hizo empezar a rodar el texto en que trabajó largos meses. Incluso llegó a trascender que varios empresarios, incluso afines al Gobierno, le hicieron saber a Máximo que el proyecto el traería más problemas que laureles. Pese a todo, incluso del lobby que pretendía que se graven las cuentas en el exterior, cuyos voceros fueron el propio Brito y el dirigente de la UIA y diputado con licencia José De Mendiguren.

Pese a todo, Máximo Kirchner siguió avanzando con su idea y la sesión de ayer puede interpretarse como un triunfo doble para anotarse: los dos principales proyectos aprobados anoche, grandes fortunas y la ley de fuego, cuyo objetivo es ponerle un coto a la especulación detrás de los incendios, llevan su sello político y le permiten sostener a su base política y militante.

“Es simple, es claro: digan por qué no acompañan el aporte que estamos proponiendo”, lo chicaneó enseguida la senadora por mendoza y presidenta del bloque oficialista Anabel Fernández Sagasti. El resto del debate estuvo marcado más por cruces políticos y en cómo se llegó al desastre económico que atraviesa el país más que en la letra en sí del proyecto, ampliamente conocida.

Sagasti, con razón, recordó que el proyecto tiene “un gran apoyo popular”. Así lo marcaron todo el año las encuestas, que incluso llegaron a mostrar un apoyo del 70 por ciento al texto, lo que podría haber inclinado al Gobierno a sacarlo del cajón en el momento indicado, de la resurrección.

Es que el proyecto aceleró sus tiempos de la mano de la nueva agenda que a fines de octubre diseñó el Frente de Todos para recuperar la iniciativa política, junto con la legalización del aborto y del autocultivo de cannabis para uso medicinal, la reforma de la fórmula jubilatoria, el presupuesto 2021, el nuevo pacto fiscal, la quita de fondos de coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, que apoyaron los gobernadores del interior y el anuncio del plan de vacunación.

Nada pudo hacerse, claro está, sin dos factores estabilizadores predominantes: la carta de CFK y el freno de la corrida sobre el dólar blue, que dicho sea de paso cerró ayer en un piso de 150 pesos, cuando llegó a cotizar en el peor momento casi 200 pesos.

En el debe, quizás, quedó la profundización de los puntos salientes de la ley aprobada. No sólo se grava por única vez el patrimonio declarado de nueve mil millonarios, a su valor fiscal, sino que los fondos recaudados –unos 300 mil millons de pesos, un tercio de la emisión para afrontar la pandemia– se repartirán entre nuevas camas de terapia intensiva y respiradores, el fomento de la inversión gasífera y el fortalecimiento del fideicomiso que se invierte en la urbanización de barrios populares.

La votación terminó pasadas las 21.30 y tuvo 42 votos a favor y 26 en contra, sin abstenciones, y se votó la letra sin cambios de la que venía de Diputados.