La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este jueves, y giró a Diputados, el proyecto que modifica la Ley de Movilidad Jubilatoria y establece cuatro aumentos anuales para el sector pasivo, uno de cada tres meses, con un índice basado en la suba de la recaudación de la Anses y los ajustes salariales. 

El proyecto obtuvo 41 votos a favor y 26 en contra, gracias al apoyo del Frente de Todos y de sus aliados, en tanto que Juntos por el Cambio rechazó la medida tras un debate que duró más de cuatro horas.

La iniciativa prevé que en la actualización de las remuneraciones del sector pasivo se aplique un índice combinado entre un 50 por ciento a la evolución de los salarios, medidos por el índice RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) en función de los trabajadores formales registrados por el Ministerio de Trabajo, y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de ANSES.

El proyecto recibió dictamen favorable la semana pasada, durante una reunión de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda a la que asistieron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la titular de ANSES, Fernanda Raverta, quien festejó en el recinto de la Cámara alta el resultado de la votación.

La iniciativa fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo y, a sugerencia del Frente de Todos, se le hicieron algunos cambios sustanciales para que, entre otros aspectos, los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año.

En el proyecto original, los cambios en la fórmula de movilidad se iban a producir cada seis meses. La decisión se tomó para "empalmar" los meses de "enero, febrero y marzo", que estaban "afuera" de la actualización, porque la fórmula del anterior Gobierno de Mauricio Macri se aprobó en diciembre de 2017, pero empezó a regir en marzo de 2018.

Además, la bancada oficialista impulsó que el incremento previsional del 5% otorgado recientemente no fuera a cuenta del aumento que se otorgará en marzo próximo, tal como estaba previsto originalmente.

Por otra parte, el Senado aprobó la ley que reasigna partidas de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires, en una sesión especial en la que la bancada opositora ratificó que la norma será denunciada ante la Justicia por considerarla irregular.

La nueva norma, aprobada por 40 votos contra 25, estipula un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el monto a destinar para la policía porteña, modificación acordada en la Cámara de Diputados.

La senadora del Frente de Todos María de los Angeles Sacnún advirtió que la oposición plantea "permanentemente una judicialización de las leyes" y consideró que hay quienes pretenden "socavar" al sistema republicano en lo que parece, dijo, "una democracia de los jueces".