Entre el diálogo y el poder, el primer año de gestión de Alberto Fernández
Con la aprobación de Aporte Solidario de las grandes fortunas, el proyecto de reforma judicial y la media sanción de la Ley de legalización del aborto, el gobierno parece querer volver a retomar el control sobre la agenda pública
El saldo que deja este primer año de gestión del Gobierno, marcado por la pandemia y las dificultades económicas, muestra que aun en las diferencias que existen entre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, como principales referentes de la coalición de gobierno, persevera una dificultosa dinámica entre diálogo y poder que impide lecturas lineales.
Aparte de la pandemia y la economía, el gobierno se vio marcado de manera recurrente por la disputa por la agenda política, disputa con su contrincante Juntos por el Cambio, pero no solo con él, aunque a otro nivel de beligerancia la dinámica de diálogo y poder incluyó la disputa y las relaciones internas en el Frente de Todos. El tema de los presos políticos es solo una de las pastillas de este enjuague permanente que llegó para quedarse.
Sin duda, el principal objetivo del gobierno fue cambiar el rumbo de aquello que había marcado la gestión de Mauricio Macri en términos económicos y sociales. Lo que el Presidente denominó “la necesidad de redefinir prioridades”, una de ellas tuvo un sentido significativo como la decisión de que el área de salud vuelva a tener rango de ministerio. Esta diferenciación con su otro, el macrismo, de revalorizar al Estado -no como un ente modernizado pro-mercado sino como un instrumento de reparación del tejido societal- fue un hecho que se revalorizó a lo largo del año a partir de la crisis sanitaria y de, a pesar de los actuales índices de mortalidad, evitar el colapso sanitario de la zona más populosa y frágil del país: el conurbano bonaerense.
Si uno mira los objetivos que se puso el Presidente, tiene que retratarse al discurso de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Parece lejos, pero fue hace 10 meses. Allí Fernandez había planteado la idea de un “Nuevo Contrato de Ciudadanía Social”, es decir un instrumento que, en base al diálogo y a los acuerdos políticos, permitiera “tranquilizar la economía”, “recuperar el trabajo”, “recomponer ingresos” y fundamentalmente “detener la pobreza” como claro exponentes de la “herencia recibida” por la gestión anterior.
La vocación de diálogo y acuerdo con los sectores no afines a la nueva coalición de gobierno, entre los cuales se encontraban poderosos grupos económicos, era el articulador de la necesaria emergencia de una nueva forma de poder, lejos de la dinámica de los CEOs, pero también de los ¨monólogos¨ de Cristina. Sin embargo, en el fragor de la gestión este instrumento se fue desgastando, a tal punto que en la carta “27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas” es Cristina Fernández de Kirchner quien vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de ese acuerdo al plantear que el problema de la economía bimonetaria solo podría resolverse con un acuerdo que contenga al conjunto de sectores políticos, económicos, sociales y mediáticos. Ahí se avizora que ciertos cambios necesarios no están en el centro de la disputa, sino que esta va por otro lado.
Esta construcción del poder a través del diálogo tuvo un momento de cenit con las reuniones y postales entre Alberto Fernandez, Axel Kicillof y Rodríguez Larreta. Este terceto le dio altos índices de aprobación al Presidente Alberto Fernández y al mismo tiempo, altos niveles de imagen positiva. El Presidente “capitaneando” la crisis acompañado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue una imagen muy importante para la población pero también para la política. Esta imagen generó las falsas expectativas de superación de la “grieta” y habilitó especulaciones sobre la posible conformación de un espacio de centro que supere políticamente a los sectores más “engrietados”. La articulación que era imperiosa para enfrentar la crisis sanitaria no era trasladable a la política. El resultado fue la visibilización de Rodríguez Larreta y su ascenso en las encuestas nacionales, algo que el gobierno debió contrarrestar a paso siguiente, desgastar a quien había fortalecido.
Hoy el gobierno parece afincarse en su combate frente a la crisis sanitaria. El fortalecimiento del sistema de Salud y la compra de vacunas son las acciones que se perciben como más importante de la gestión. Pero también el rescate de las medidas económicas de emergencia como el IFE, los ATP y los Bonos a Jubilados y AUH fueron muy importante para morigerar el impacto económico de una pandemia que no ha terminado.
Es un año que también se cierra con aumentos en los índices de pobreza, de desocupación y con un proceso inflacionario que permanece y desgasta el poder adquisitivo de los hogares. Es en esta área, la economía, donde aparece la otra figura central del gobierno que es la del ministro de Economía Martin Guzman. Si bien algunos datos de la macro se rescatan como positivos, las expectativas económicas para los próximos meses no son altas.
Es en la economía donde la pandemia planteó un puja por quién debe pagar los costos, los despidos no autorizados de 1.400 trabajadores de Techint, el problema habitacional a través de las tomas de tierras y el reclamo salarial de la Policía Bonaerense son distintos aspectos de un tire y afloje que significó una disputa por la agenda pública del Gobierno. Y en medio de este fragor, al Gobierno le costó mantener en la agenda las acciones consideradas como logros.
El acuerdo con los acreedores privados fue contrarrestado por una fuerte presión sobre el tipo de cambio. Así como las marchas contra la cuarentena, las marchas a favor de la propiedad privada y contra la intervención y expropiación de Vicentín significaron retrocesos en las intenciones del gobierno y fundamentalmente, significó un retroceso en términos de autofortalecerse para imponer su agenda. Sin embargo, con la aprobación de Aporte Solidario de las grandes fortunas, con el proyecto de reforma judicial y con la media sanción de Diputados a la Ley de legalización del Aborto, el gobierno parece querer volver a retomar el control sobre la agenda pública.
El gobierno de Alberto Fernández parece balancearse en este vaivén permanente de tensiones, acuerdos, disputas sin encontrar aún un equilibrio que le permita concentrar el poder sin equívocos. Lo que para algunas interpretaciones es un estilo de gobierno, diferente y más aceptable para muchos sectores de la ciudadanía. También, para otras responde a la acuciante debilidad de las mediaciones políticas luego de lo que se percibe como una circular historia de fracasos a la que nos vemos condenados los argentinos, lo que está personificando Fernandez. Lo que sí aparece con claridad, es que aun con vacuna y una situación de pandemia atenuada por esta, el péndulo entre diálogo y poder que caracteriza a la gestión de Alberto Fernández se enfrentará a nuevos y más profundos desafíos.
*Lic. en Sociología (UNLP), Docente (UBA, UNLAM) y Director de Circuitos Consultora