Sentencia cantada: mucho show, poco argumento

Ya estaba escrita de antemano la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Cámara Federal de Casación Penal que la condenaría a seis años de prisión y la inhabilitaría a ocupar cargos públicos.

Los planetas ya “se habían alineado”, y los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales se habían encargado de replicar por todos lados que el 13 de noviembre sería la fecha en la que la expresidenta cargaría con la ratificación de su pena.

Ni lerdos ni perezosos, el elenco de Javier Milei y sus espacios políticos “amigables” del PRO y de los radicales oficialistas en el Congreso se relamen con la posibilidad de avanzar con la ley de “Ficha Limpia” que iría directamente contra CFK.  La Justicia ya había hecho su parte.

En el fallo de más de 1500 páginas de la causa conocida como “Vialidad”, la sala IV del máximo tribunal penal ratificó que hubo por parte de la exmandataria “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, que habría favorecido por la obra pública de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, también condenado a seis años de cárcel. Los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Mariano Berroetaveña concluyeron que CFK fue clave en el direccionamiento que habría favorecido a Báez.

En línea con la resolución del Tribunal Oral, que en diciembre de 2022 había declarado culpable a la referente del peronismo por estos delitos, se rechazaron todos los recursos de los acusados con condena. Pero también descartó sumar el de las acusaciones por asociación ilícita que habían pedido los fiscales de la causa Diego Luciani y Sergio Mola, junto con el fiscal general Mario Villar. 

De acuerdo al texto del fallo de Casación, la supuesta estafa al Estado nacional se habría producido con licitaciones falsas que habrían sido orquestadas en favor del empresario, con estiramientos de los plazos para las obras, información calificada y pagos por anticipado aunque no se hubieran producido avances en las obras comprometidas. Retomaron que el sideral monto del perjuicio a las arcas estatales fue por más de 80 mil millones de pesos.

LAS INCONSISTENCIAS Y LOS ENTRAMADOS DETRÁS DE LA SENTENCIA

Como alegó durante el juicio oral el doctor defensor de CFK, Carlos Beraldi, no existen pruebas directas de la relación entre la referente nacional del peronismo y Báez. No hay testigos que hayan confirmado ese vínculo, ni ningún tipo de contacto entre ambos.

La línea de la acusación se basó en tres elementos: 1) un decreto general sobre cómo se construiría el marco legal para direccionar la obra pública, modificando un fideicomiso del año 2001 sin establecer hacia dónde irían esos fondos; 2) en otras dos causas en las que fue sobreseída (Hotesur y Los Sauces); y, 3) en una serie de chats en las que ella no participa, pero que revelarían que el exsecretario de Obras Públicas, José López, habría facilitado el vínculo de la familia Kirchner con Báez y el direccionamiento de la obra pública en conversaciones con personas ligadas a Máximo Kirchner, que administraba los bienes familiares.

Se subestimó que las partidas de obra pública se establecen en el presupuesto nacional y tiene que ser ratificado por el Congreso. Además no se tuvo en cuenta que quien tiene la atribución para las ejecuciones presupuestarias es el jefe de Gabinete y que, como autoridades políticas, las obras pasan por la órbita de los gobernadores y los intendentes. Se pasó por alto que el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros rangos intermedios dentro del organigrama del Estado fueron sobreseídos.

“La prueba se debe analizar como un todo”, planteó el juez Hornos como justificativo. La magnitud y el impacto político que se plantean en este caso, cuando se la sienta en el banquillo de acusados a la máxima referente del ahora espacio de la oposición en la Argentina, requeriría de elementos comprobatorios más directos dentro de la propia causa, y menos redundancia en argumentaciones holísticas.  

Y si, como indica el magistrado, se analiza “el todo”, resulta también necesario indagar en los factores orquestales de la acusación y la posterior condena de CFK, que tienen relación directa con intereses políticos antagónicos del espacio político al que pertenece la expresidenta.

QUIEN ES QUIEN EN LA CAUSA “VIALIDAD”

La primera denuncia contra el supuesto “corazón de los negocios” entre los Kirchner y Báez fue en noviembre de 2008, cuando Elisa Carrió presentó una denuncia en Comodoro Py que llevaba su firma y la de varios otros miembros de su espacio, entre los que estaba la actual ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich.

Con la asunción a la presidencia de Mauricio Macri en diciembre de 2015, su titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Javier Iguacel amplió la denuncia con más datos sobre las obras públicas para las rutas de Santa Cruz. En la auditoría, el presunto direccionamiento de las obras fue desmentido por todos los peritos que intervinieron.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, impulsaron la indagatoria de CFK, Báez y un grupo de exfuncionarios, sosteniendo que el gobierno kirchnerista había armado un “plan sistemático” implementado para “favorecer a Lázaro Báez”.

Intervinieron también la Oficina Anticorrupción (OA), al frente de Laura Alonso y la Unidad de Información Financiera (UIF), en la que su titular y exasesor del Fondo Monetario Internacional, el Dr. Mariano Federici, y la vicepresidenta, la Dra. María Eugenia Talerico, exapoderada del banco HSBC. Ambos organismos se constituyeron como parte querellante en los distintos procesos judiciales iniciados en contra de CFK, reimpulsaron investigaciones ya juzgadas, en las que ya se habían formalizado los sobreseimientos con autoridad de cosa juzgada, y participaron activamente de la presión judicial.

El juez federal de Comodoro Py Julián Ercolini, que junto al fallecido juez federal Claudio Bonadio habían concentrado todas las causas contra CFK y está apuntado como quien amenazó a la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Hils Carbó para que renunciara, procesó a los acusados el 27 de diciembre de 2016, incluida la expresidenta. Macri solo llevaba un año en el poder y la causa, inusitadamente, avanzaba con una velocidad llamativa. 

Pesaron sobre Cristina los cargos por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, y se le ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos. Este fallo fue confirmado en septiembre de 2017 por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero. En marzo de 2018, luego de que Casación rechazara los planteos de la defensa, la causa desembocó en el juicio oral.

En su indagatoria a finales de 2019, Cristina se plantó ante los magistrados del Tribunal Oral Federal Nº2 Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. “Este tribunal seguramente tiene la condena escrita y lo va a hacer. No me interesa. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar”, expresó exultante.

Durante el gobierno de CAMBIEMOS, Giménez Uriburu compartió equipo de fútbol en el combinado amateur Liverpool con el fiscal de la causa Diego Luciani en la quinta Los Abrojos del expresidente.

Los defensores de CFK pidieron sus recusaciones, y también la del juez Gorini, sospechado por haber estado en el ministerio de Seguridad que comandaba Patricia Bullrich cuando era socia de Macri. Todas fueron rechazadas. También se pudo reportar que el otro fiscal, Sergio Mola, tenía acceso pleno a la hoy extinta Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En agosto de 2022, ya durante la gestión del Frente de Todos, Luciani volvió a la carga y pidió que la entonces vicepresidenta fuera condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Dos meses después, se dio a conocer la filtración de chats desde el celular del exministro de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Marcelo D’Alessandro, con jueces, fiscales y exagentes de la AFI y directivos del Grupo Clarín, en los que buscaban tapar el viaje que todo este grupo había realizado a la mansión del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, en un cónclave que Página 12 tituló como la reunión “para garantizar la impunidad de Mauricio Macri”.

Dentro de ese grupo figuraban Ercolini, y también dos familiares de Ignacio Mahiques, que son los dos eslabones con los que comenzó a tejerse la causa Vialidad. Por el clan Mahiques estaba Carlos, que fue juez nacional de Casación, ministro de Justicia de María Eugenia Vidal por un breve lapso en la Provincia de Buenos Aires y recaló en la Camara Federal de Casación Penal. También fue parte su hijo y hermano de Ignacio, Juan Bautista, hoy “jefe de los fiscales” de la Ciudad de Buenos Aires, que busca convertirse en el nuevo Procurador General de la Nación.

El 6 diciembre de 2023, faltando cuatro días para el recambio presidencial, y a tres meses de haber sufrido un intento de asesinato, CFK fue condenada por el Tribunal Oral Nº2. Los tres jueces estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta, pero por votos de dos a uno, la expresidenta quedó absuelta de los cargos por asociación ilícita.

Las miradas se posaron, entonces, en el fallo de segunda instancia. Dos de los tres jueces de la Cámara de Casación habían visitado en numerosas oportunidades a Mauricio Macri durante su presidencia.

El ahora titular del PRO y Mariano Borinsky fueron compañeros de tenis en las más de quince ocasiones en las que se encontraron, con la excusa de abordar la reforma del Código Penal. Macri lo había nombrado por decreto en 2017 como presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal. Pero no se encontraban registros oficiales de las tardes compartidas en la Quinta de Olivos.

“Un juez que arrancó porque tenía un compromiso con el Código Penal, que hizo una propuesta de Código Penal muy buena, jugó al tenis simultáneamente varias veces conmigo porque teníamos amigos comunes", había asegurado Macri en una entrevista en TN.

Borinsky hizo “todo el caminito”. Llegó a la presidencia de la Cámara de Casación Penal con el lobby para la jubilación de la jueza Ana María Figueroa. El juez consiguió la firma de sus pares Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone, y de sus compañeros magistrados en la Causa Vialidad Barroetaveña y Hornos. Su argumento era que Figueroa tenía 75 años cumplidos y el Senado había bloqueado la extensión de su cargo.    

El juez fue denunciado por diputados del Frente de Todos y tuvo denuncias de mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura. También recibió una denuncia del propio Colegio Público de Abogados de Capital Federal, pero el Consejo de magistrados archivó el pedido de juicio político en abril de este año.

Por su parte, Gustavo Hornos se reunió seis veces con Macri en la Casa Rosada entre 2015 y 2018. La excusa del juez ante sus pares en el tribunal fue reconoció que la relación con el expresidente venía de mucho tiempo atrás y que los temas de conversación se limitaban a la política judicial y penitenciaria. 

A finales de 2021, la Cámara de Casación Penal lo apartó de la causa por la llamada “mesa judicial”, en la que en mayo de este año Macri, su exministro de Justicia Germán Garavano, su asesor y operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, y otros exfuncionarios fueron sobreseídos por las acusaciones de presión a magistrados y fiscales que pesaban sobre ellos.  

Hornos se ve envuelto en otro escándalo: su expareja menciona haber recibido de su parte violencia "verbal, psicológica, física y sexual". La denunciante entregó siete audios ante el Consejo de la Magistratura y ante el fuero contravencional de la Ciudad que forman parte de la evidencia en contra de Hornos, donde se investiga la conducta del magistrado.

El tercer juez de Casación que falló contra la expresidenta Diego Barroetaveña, que impulsa la lista Bordó en las internas del Consejo de la Magistratura, el ala “más macrista de los jueces”. Además de aportar su voto para el corrimiento de Ana María Figueroa, fue el magistrado que ordenó reabrir la causa Hotesur-Los Sauces y por la firma del Memorándum con Irán. Cristina había pedido su recusación pero le fue rechazada.

La sentencia contra CFK ahora recorre un sendero administrativo que puede ser tan largo como repleto de intereses y movimientos al ritmo de la política y de un caliente año electoral como seguramente será el 2025.