En una de las medidas más extrañas de los últimos años en la política argentina, el presidente Javier Milei incluyó en su nuevo plan para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) una orden insólita: vigilar el “ultraespacio”, un mundo que solo existe en Pokémon y se refiere al dominio de las criaturas sobrenaturales, los espectros y los fantasmas. La disposición forma parte de un documento formal de 170 páginas del organismo y convive con otros comandos polémicos que podrían incurrir en violaciones a la privacidad y a la libertad de expresión.

Perdida entre las decenas de hojas del nuevo programa diseñado por el jefe de la SIDE Sergio Neiffert, amigo personal del asesor Santiago Caputo, apareció en los últimos días una iniciativa inédita. En un apartado dedicado a la “disputa de superpotencias”, el Gobierno habilita a la agencia a hacer inteligencia y combatir amenazas “en nuevos dominios tales como el ultraespacio, el ciberespacio y el ambiente de información”. La definición es inentendible: en el español, el término “ciberespacio” solo existe en el universo de Pokémon.

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Así es: ni la Real Academia Española (RAE) ni ningún otro diccionario o enciclopedia reconocidos contemplan la expresión; lejos de ello, la única expresión a un supuesto “ultraespacio” aparece en el mundo del popular manga y serie japonesa de Pokémon, donde la palabra remite a un dominio propio de las criaturas sobrenaturales, los espectros, los fantasmas y otros entes fantásticos que, desde luego, no podrían amenazar al Gobierno argentino en ningún escenario ni contexto medianamente serio.

La noticia se quedaría en lo bizarro si no fuera que el documento contempla también una catarata de medidas, cuanto menos, controversiales. Es el caso, por ejemplo, del punto que habilita a detectar “situaciones, actores o circunstancias” que puedan condicionar “el relacionamiento estratégico” con Estados Unidos o Israel: la orden no especifica más detalles sobre la naturaleza de estos comportamientos, por lo que surgieron dudas sobre si expresiones en redes sociales o actos en las calles podrían ser contemplados bajo la orden y, por lo tanto, estar sujetos a sanción o represión.

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A ello se suma también la decisión de que la SIDE trabaje para reducir aquello que considere fake news que puedan generar pérdida de confianza en las políticas económicas del Gobierno Nacional, impacto negativo en las inversiones o erosionen la reputación, el prestigio, la imagen o la legitimidad de empresas privadas. Tal como lo evidenció LPO, que accedió al documento, una medida de esta índole podría derivar sin demasiado enredo en una evidente violación a la libertad de expresión o, quién sabe, en episodios de persecución política e ideológica.