Impuesto a los ricos: una por una, las falacias de los empresarios y del macrismo para oponerse al proyecto

Dos meses después de haber sido presentado y casi medio año más tarde de haber sido anunciado, el proyecto más discutido del 2020, que busca gravar las “grandes fortunas” por única vez, será debatido y aprobado esta madrugada por la Cámara Baja. Como era de esperarse, la letra del proyecto despertó el rechazo del sector dominante de la economía argentina, que salió con los tapones de punta. El banquero Jorge Brito, dueño del Banco Macro y de una de las principales fortunas del país, amenazó por caso con “una rebelión fiscal como nunca se ha visto”. La oposición política, encabezada por Juntos por el Cambio, repitió argumentos a tono: que se “afecta al capital productivo”, que tiene un “carácter expropiatorio” o que “afecta a las pymes y la clase media”, entre otras falacias que fueron vertidas también por la Mesa del Enlace del campo y el Foro de Convergencia Empresarial, entre otras instituciones. Diagonales se ocupó de contrastar cada uno de ellas argumentos con lo que realmente plantea el texto de la norma.  

 “ES UN IMPUESTO QUE AFECTA EL CAPITAL PRODUCTIVO, LA INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN DE TRABAJO”

La principal espada del gran empresariado nacional es hacer creer a la opinión pública que, de convertirse en Ley, el proyecto oficialista afectaría a las empresas que crean trabajo y riqueza, atentando de esa manera contra la recuperación económica. “Sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso” manifestó el Foro de Convergencia Empresarial, que nuclea a más de 60 cámaras empresarias y 25 ONGs en un reciente comunicado. Más adelante en el mismo texto se lee que “este impuesto grava a los activos que también están afectados a la producción” y que “afecta directamente a la creación de trabajo y obliga a quiénes deban tributar el impuesto a vender parte de sus bienes para poder hacerle frente”. Por su parte, la Mesa de Enlace, emblema de la patria agroexportadora que tantas veces truncó el desarrollo de un modelo productivo industrial, capaz de dar trabajo a millones de argentinos y de diversificar la matriz económica nacional, expresó que el proyecto “atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la argentina lo necesita desesperadamente”. Los mismos que en 2008 tiraban miles de litros de leche a las rutas que cortaban por unos puntos de retenciones, afirmaron también que “es un impuesto que grava los activos, incluso aquellos afectados a la producción” y que los afectados por el gravamen en muchos casos tendrán que “desprenderse de activos claves como maquinaria agrícola o incluso tierras” para poder hacer frente al mismo. Del otro lado de la matriz productiva, pero con muchas coincidencias en los intereses económicos, la Unión Industrial Argentina también manifestó sus reparos. En un extenso documento difundido ayer, los grandes industriales plantearon que “el proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles. Como resultado de esta medida, las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte”. El sector formal, en gran medida sostenido ATP del Estado durante los últimos meses, se quejó de soportar la “carga” de la economía informal, y planteó que “este proyecto descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica”. Pidieron desafectar del proyecto la tenencia de acciones y la participación en activos productivos.

La primera respuesta a este entramado de planteos sería insistir sobre lo ya repetido hasta el hartazgo en este debate: el proyecto se trata de un aporte único, extraordinario y por única vez. Así lo expresa su articulado, por lo que ponerle el título de impuesto es falsear lo que dice el texto que será sometido a discusión, y plantear que de ser aprobado permanecerá en años venideros es hacer futurología con intereses de clase.

Por otro lado, ha sido explicado también en numerosas instancias que el proyecto no afecta el capital de la empresas, sino de las personas físicas o humanas, también expresado así de claro en el texto. Desde el entorno del diputado Carlos Heller, le explicaron a Diagonales este punto: “Se grava la riqueza personal. No a los activos de las empresas. Paolo Rocca paga por las acciones que tenga de techint, no paga techint por las maquinarias que tenga. Si no se pudiera gravar de esa forma, no habría forma de gravar el patrimonio. La forma de gravar es la misma que bienes personales. Los empresarios que tienen ese nivel de patrimonio no tienen sus empresas (y por ende los activos productivos) a título personal, sino que suelen tener la empresa como S.A. o a lo sumo S.R.L. (como por ejemplo mercadolibre). Las acciones de empresas no son activos productivos, son activos financieros. Los activos productivos son los bienes de capital de la empresas”. Esto explica que el proyecto busca gravar la riqueza, el patrimonio de las personas, no lo bienes que están declarados como patrimonio de empresas y que se utilizan para la producción. Techint tiene millones de dólares en bienes empresariales que no serán afectados, pero si Paolo Rocca tiene acciones de Techint por las que cobra dividendos, en ese caso se habla de un patrimonio personal, ya que el dinero que valen esas acciones pertenece a su propietario y no a la empresa. Las acciones cotizan bolsa y se venden como activos financieros. Paolo Rocca podría vender acciones de Techint y con ese dinero comprarse un piso en Miami, no hay necesariamente una correlación entre esas operaciones financieras y las inversiones productivas en las empresas. Que quienes tienen millones invertidos en acciones de empresas por las que cobran otros tantos millones en ganancias puramente financieras no quieran aportar por esos valores, eso ya es otra discusión.

“El proyecto otorga el mismo tratamiento a un tractor que a una Ferrari o un yate, a un campo que a un piso en Puerto Madero” había expresado el Diputado de la UCR por Formosa Ricardo Buryaile, una de las principales voces opositoras al proyecto en la Cámara Baja, y lo siguió repitiendo estos días. Todavía no apareció el caso del productor agropecuario que tuviera cuatro o cinco cosechadoras a nombre personal y no bajo una inscripción empresarial, y que por eso tuviera que vender una para pagar el aporte. La falacia del argumento se impone por sí misma.

“AFECTA LA PROPIEDAD PRIVADA POR SU CARÁCTER CONFISCATORIO”

Otro argumento contra el proyecto se basa en adjudicarle un carácter “confiscatorio” que afectaría la propiedad privada de quienes se vieran alcanzados por el mismo al producirles una descapitalización. Plantea que una misma persona humana sería afectada por dos impuestos de la misma naturaleza, el aporte en cuestión y bienes personales, cuyas alícuotas sumadas podrían alcanzar en el mayor de los casos el 7,5%, provocando que al pagarlos se vieran afectados los bienes y no solo las ganancias de los aportantes. “Es un tributo de carácter confiscatorio”, expresó la Mesa de Enlace. “Se trata de una iniciativa que es confiscatoria”, se sumó el FCE.

Lo cierto es que, al no ser un impuesto sino un aporte extraordinario, el gravamen no se suma a Bienes Personales que sí lo es. Como queja, el planteo de que los ricos tienen que aportar parte de su propiedad privada es redundante por su obviedad: justamente por el tamaño de su propiedad privada es que se les solicita un aporte extraordinario en un contexto extraordinario. Por otro lado, desde el entorno de Heller también resaltan que “se toma el valor fiscal y no el real (de mercado), de manera que en realidad están pagando una alícuota mucho más baja que la que dice el proyecto de ley” en relación a su patrimonio real. Que no quieran pagar ni siquiera eso es, de nuevo, otra discusión.

“NO AFECTA A LAS GRANDES FORTUNAS, SINO FUNDAMENTALMENTE A LA PYMES Y LA CLASE MEDIA”

Argumento estrella del arbolito de navidad del gran empresariado. La clásica operación de buscar emparentar sus intereses con los sectores medios, que nada tienen que ver con sus realidades. “Afectará la liquidez de los individuos y de la PyMES de todo el país, de todos los sectores de la economía”, reza el comunicado de la Mesa de Enlace. Seguramente muchos de ellos se encuentren entre las 253 personas que deberán aportar la alícuota máxima y que, según los cálculos oficiales, explican más del 50% del total que recaudaría todo el impuesto extraordinario.

Aquí los números hablan por sí solos. La base imponible del proyecto, según datos de la AFIP, consta de alrededor de 9300 personas (menos de las 12 mil que se habían calculado en septiembre). Si se toma una calculadora para buscar qué porcentaje representan esas 9300 personas sobre un total de 45 millones de argentinos, al cálculo dará 0,02%. Por otro lado, resulta pertinente resaltar en este punto que distintas encuestas de los últimos meses han mostrado porcentajes de aprobación al proyecto siempre superiores al 65%. Una última medición comparativa que el CELAG realizó en cinco países de la región, muestra a la Argentina como el país con mayor aprobación para su proyecto de gravamen a las grandes fortunas, con un 76,2% de la población a favor del mismo. Y si de opinión de la sociedad se trata, en una encuesta realizada por la consultora Analogías hace unos diez días el 67,5% de los encuestados expresó que no considera que el gran empresariado esté colaborando en la recuperación económica de la Argentina. Este porcentaje se mantiene constante desde el inicio de la pandemia, expresaron a Diagonales desde la consultora, aduciendo que 7 de cada 10 argentinos rechaza al gran empresariado. Poca legitimidad para invocar a la clase media en la defensa de sus patrimonios personales.

“LA PRESIÓN TRIBUTARIA ARGENTINA ES LA MAYOR DEL MUNDO”

En su declaración en la comisión que trató el proyecto antes que pase a recinto, el Diputado Itaí Hagman destrozó este argumento que el establishment suele sacar a la cancha cuando el partido se complica: “La presión tributaria es un ratio entre recaudación y producto bruto interno, pero ese ratio no dice nada sobre la composición de esa recaudación. Cuando hacemos comparaciones entre la presión tributaria de la Argentina y países Europeos hay que mirar esa composición: en argentina los impuestos sobre patrimonios e ingresos representan solamente el 5% del producto, mientras que en el promedio de los países de la OCDE esos impuestos representan el 13,4. A su vez, los impuestos sobre bienes y servicios, que son regresivos porque los pagan todos por igual, en argentina representan el 14,5% del PBI y en la OCDE promedian en 11%. Entonces la presión tributaria no nos dice por sí sola sobre quiénes recae, y en Argentina claramente no recae sobre las grandes fortunas o lo sectores con mayores ingresos” sentenció.

Otro testimonio de aquella jornada que encaró el debate desde la cuestión fiscal fue el de la Diputada Fernanda Vallejos: “en los cuatro años de Macri se favoreció a los sectores más privilegiados; la recaudación por Bienes Personales cayó de una tasa promedio de 1,36% sobre la recaudación total entre 2013 y 2015, a una de 0,74% en el periodo 2015-2019; además, fruto de la desregulación cambiaria y financiera, la formación de activos externos de argentinos creció en más de 103.000 millones de dólares. Esa riqueza, sustraída del circuito productivo, que es la antítesis de la inversión productiva, es, indudablemente, dañina para la economía y para la sustentabilidad de nuestro desarrollo” declaró Vallejos.

Un reciente estudio de la Universidad de Avellaneda, a su vez, demostró como la estructura tributaria Argentina se encuentra por debajo de los niveles promedios de los países de la OCDE, muy por debajo de países europeos o incluso de Brasil o Uruguay, y casi en la misma línea que EEUU, la tierra del “free tax”. Cuando se trata de comparaciones con números sobre la mesa, y alejadas de lugares comunes sin fundamento, los ricos se quedan sin argumentos.

“IMPUESTO QUE PRIVILEGIA A CAPITALES EXTRANJEROS SOBRE ARGENTINOS, Y QUE NO EXISTE EN NINGÚN LUGAR DEL MUNDO”

El gran empresariado nacional saca a flamear la celeste y blanca cada tanto, cuando le conviene. Al proyecto que se discutirá hoy, le critican que solo afecta a argentinos y argentinas, generando una competencia desigual con capitalistas extranjeros que operan en el país. Al respecto, fuentes cercanas a Carlos Heller le explicaron a Diagonales que el país no tiene el poder de policía para gravar patrimonios extranjeros, que seguramente ya pagan en sus países, y que además de  implicaría una situación de cobro casi imposible y una doble imposición.

Por otro lado, existen proyectos similares en discusión en numerosos países de todo el mundo: en España, para gravar patrimonios de más de u$s 1.140.000; en Italia buscan gravar ganancias anuales de más de u$s 91.200; en Suiza, proyecto de impuesto único para riquezas superiores a u$s3.180.000; en Rusia, un proyecto de gravamen para depósitos bancarios a partir de los u$s15.000; más cerca, en Brasil, el PT de Lula presentó una propuesta para gravar patrimonios a partir de u$s10.000.000; en Perú se intentan alcanzar las ganancias anuales superiores a u$s290.000; en Ecuador, a patrimonios superiores a u$s1.000.000; y en Chile, un proyecto de la oposición al gobierno de Piñera busca que el 1% más rico de la población aporte una alícuota anual del 2%. A su vez, la citada encuesta de Celag mostró que los chilenos manifiestan un 72,8% de aprobación a un proyecto de estas características, los mexicanos un 67,4% de aprobación, los bolivianos un 64,1% y los ecuatorianos un 75,6%.

No solo existen proyectos similares en todo el mundo, sino que también, como en la argentina, cuentan con gran apoyo de las mayorías. Será responsabilidad de los representantes de esas mayorías que el proyecto se convierta en Ley, y que esos recursos tan necesarios pasen de los arcones del tesoro de los ricos a la estructura productiva del país, para beneficio de todos en un momento por demás complejo.