Desde la creación del nuevo ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (MDTyH), en la estructura del gobierno argentino, se impulsan planes y programas que buscan atender integralmente las necesidades del hábitat. El relanzamiento del ProCreAr, el Plan Nacional de Suelo Urbano, Argentina Construye, Argentina Construye Solidaria y Reactivar ponen el acento en un cambio cultural para el abordaje público de las inequidades territoriales en clave de producción, empleo, planificación territorial y derechos humanos.

Una de las promesas de la campaña presidencial de Alberto Fernández fue la de crear un ministerio para abordar el problema del hábitat y la vivienda en Argentina en forma integral, combinando la unificación de las políticas públicas. La victoria del Frente de Todos en octubre de 2019 puso en el horizonte de expectativas del arco dirigencial una demanda de millones de argentinas y argentinos, corridos de un derecho fundamental: el acceso a la tierra y al techo digno. Iniciado su gobierno el presidente Alberto Fernández materializó inmediatamente su compromiso electoral, designando a la Arq. María Eugenia Bielsa como ministra para conducir el nuevo organismo. Un anhelo popular, de las organizaciones no gubernamentales, del arco académico, sindical y de las comunidades en general se consolidó con rango de cartera nacional por primera vez en Argentina.

Si bien la tarea emprendida ha producido logros concretos más allá de los programas mencionados (el dato no menor de haber puesto en marcha el sistema de créditos Hogar, en sustitución de los UVA) las urgencias y el contexto global tensionan el campo de acción para la planificación y gestión dentro del Estado. Sincronizar esta multidimensionalidad ha resultado ser condición necesaria, mucho más aún por la pandemia, para la efectiva implementación de los planes y programas del Ministerio.

En la Argentina la producción, uso y acceso al suelo reviste una deuda a saldar por el Estado. En un país federal bicontinetal, con 24 estados subnacionales y economías regionales a lo largo y ancho de su geografía, resulta ser un contrasentido la densidad poblacional alrededor de las grandes ciudades, tal es el caso de la actual zona del AMBA. Sin acceso justo al suelo, a soluciones habitacionales y a la urbanización de grandes conglomerados urbanos es imposible pensar el otro derecho con rango constitucional: el del trabajo. Diferentes crisis económicas y políticas fueron perfiladas en Argentina por los esfuerzos del neoliberalismo. El gobierno de Mauricio Macri dejó en claro, a través de su modelo financierista del Estado, cuales son los costos de no poner en el centro la “cuestión social” a la hora de definir las políticas públicas nacionales. Alentar la timba financiera desde el Estado nunca puede ser el camino para la recuperación de la cultura del trabajo. Después de la gran crisis del 2001, incluir a los y las argentinas fue la enorme tarea llevada adelante por el ex presidente Néstor Kirchner. La ampliación de derechos constituyó el eje central posterior de los gobiernos de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La tarea del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat ha sabido resolver las dificultades planteadas por la pandemia con la gestión de las herramientas del estado, generando cercanía en la administración cotidiana con gobernadores e intendentes, sin distinciones. El acompañamiento técnico a los municipios y provincias, la propuesta de mesas de diálogo con organizaciones, cámaras de empresarios, PyMEs, colegios profesionales, la profusión del andamiaje interministerial y legislativo en sus diferentes niveles de ejecución entre otras dinámicas de trabajo, han sido parte del telón de fondo para el diseño, puesta en marcha e implementación de las líneas de acción del MDTyH. Las nueve líneas del relanzado ProCreAr, con más de 70.000 ganadores, a solo un mes y medio de ser lanzado, es prueba de ello. Así como también haber vuelto a construir viviendas con fondos públicos, capacitar agentes municipales a través del Instituto Nacional de Capacitación Pública (INAP) y la Federación Argentina de Municipios (FAM) sobre los diferentes componentes del PNaSU, resultan algunos de los hechos efectivos en materia de desarrollo territorial y hábitat.

Poner el acento en el rol del Estado como articulador de las políticas públicas de hábitat, pone de manifiesto la respuesta a la pregunta de cómo deben ser atendidas las demandas sociales en medio de una pandemia sin precedentes. Ni el mercado ni los sectores políticos subordinados a las corporaciones pueden dar cuenta a las necesidades populares, no porque lo digamos nosotros, sino porque la historia reciente signada por la inequidad así lo marca.

*Escribano. Subsecretario de Políticas de Suelo y Urbanismo.Titular Alterno del Comité Ejecutivo del PROCREAR. Twitter: @lucianoscato