Cuando hablamos de este ámbito nos referimos a la manera en que se cumplen las reglas que buscan posicionar en situación de equilibrio a todos los Estados-miembro del pacto federal. Comparada con las otras configuraciones posibles, esta forma de gobierno está a mitad de camino entre el esquema unitario -que pone el centro de gravedad en el Estado central- y el confederal, que privilegia el rol de las partes. 

 El empate entre Estados se organiza a partir de un sistema de contrapesos y participaciones cruzadas y recíprocas entre el ámbito central y las provincias y municipios, lo que termina por construir una pluralidad de actores con importante peso relativo

 Se generan así posiciones que podrían catalogarse como arquetípicas. Los niveles de gobierno agregados -la Nación frente a las Provincias y éstas ante los Municipios- tienden a promover instancias homogeneizadoras, y en sentido opuesto, las unidades desagregadas desplegarán estrategias para potenciar las autonomías. Nótese que los gobernadores, como jamón del sánguche, son propensos a reclamar, frente al presidente, mayor libertad de acción, mientras que promueven reglas homólogas para todos los municipios de su provincia.

Por supuesto que las instituciones de este equilibrio no son lo único determinante. Pesan, entre otras cosas, lo ideológico, lo partidario y las condiciones específicas de cada caso concreto. Y aún, dentro de la esfera que nos ocupa, los actores ingresan a cada arena de acción que los reúne con su historia, su tamaño relativo, su fortaleza electoral.

En suma: hay muchos elementos, pero lo federal es significativo y establece que habrá negociación entre actores poderosos. De lo dicho se deduce que algún grado de tensión en las relaciones intergubernamentales es una de las marcas típicas de esta forma de gobierno.

 Esto se ve convalidado, además, porque la posibilidad de reglar las fuerzas en tracción es acotada: después de cierto punto, las regulaciones coartan el grado de libertad que precisan la Nación, las provincias y los municipios para hacerse valer. Para que funcione el empate federal los actores deben tener la posibilidad de pararse ante cada hecho con amplias posibilidades de cambiar de posición y de reinventar la forma de relacionarse con los otros estados/miembro.

 Ahora bien, la pirotecnia verbal que, como venimos explicando, es intrínseca a esta forma de gobierno, no debería ocultar que, desde 1983 hasta el presente, hemos vivido la era de oro de las instituciones federales. Cualquiera que analice el proceso ocurrido en estas casi cuatro décadas, no podrá dejar de notar la creciente importancia y sofisticación de las relaciones intergubernamentales y una naturalización de la importancia de lo federal en lo político, situación ausente en buena parte del resto del siglo XX.

La cuestión es que, para mantener esta senda, sería bueno que todos los actores denunciaran las conductas que sacan los pies del plato. No se trata de censurar los discursos autonomistas o coordinadores, pues, como vimos, es primordial preservar la libertad de los miembros del pacto federal. Lo que estoy diciendo es que debería mayor consenso en condenar acciones que claramente están por fuera de las leyes de juego. Cito tres ejemplos relativamente recientes en donde esto no ocurrió:

-El presidente Macri cambia, unilateralmente, el porcentaje de coparticipación de la jurisdicción de la que fue Jefe de Gobierno antes de ser presidente. Cuando se corrige el hecho -como corresponde, por ley- las autoridades de CABA no se avienen a una discusión en el marco federal, sino que apelan a la Suprema Corte.

-Una jueza de feria del Poder Judicial de la Provincia del Chaco, suspende en esa provincia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con el argumento de que va contra la Constitución chaqueña. Un alumno de primer año de abogacía sabe qué elementos jurídicos provinciales no pueden esgrimirse en temas de incumbencia nacional.

-El ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, discurre sobre el posible impulso a una separación de la provincia del resto del país. Hasta el diario La Nación tuvo que reconocer la gaffe de su preferido: “El Estado argentino es una federación y por lo tanto las provincias no tienen la facultad de separarse del conjunto”.

Sin querer sacralizar lo federal, se quiere resaltar la madurez alcanzada y hacer notar que esta costosa construcción institucional merece una defensa más esmerada por parte de los actores involucrados.

*Subdirector del CIAP (FCE/UBA). Twitter: @horaciocao30