Uno de cada tres niños del Conurbano bonaerense “sufre problemas para acceder al agua potable y a una alimentación que brinde los nutrientes indispensables para el desarrollo”. Lapidario, un informe publicado esta semana por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, en colaboración con la Defensoría del Pueblo de la Provincia puso el dedo en la llaga sobre una de las aristas más dolorosas de la crisis económica, que lleva más de un año y medio pegando en las familias más desprotegidas. Y desnudó hasta dónde el distrito que hasta el 10 de diciembre conducirá María Eugenia Vidal fue el epicentro del desastre.

El informe, titulado “Agua segura y alimentación, derechos pendientes de ser garantizados” arroja cifras alarmantes: sostiene que la “inseguridad alimentaria severa” alcanza al 40 por ciento de la población de niños, niñas y adolescentes del Gran Buenos Aires desde el tercer trimestre de 2018. En comparación con 2017, cuando ese número era del 17,4 por ciento, el crecimiento es sostenido y demoledor.  

Según lo relevado por la UCA, los niños del conurbano “presentan grandes desventajas en materia de seguridad alimentaria frente a sus pares del promedio nacional”. Es decir, en el conurbano los pibes y las pibas están sufriendo la crisis mucho más crudamente que en el resto del país, donde también se siente. Casi la mitad de los niños y niñas que sufren ese problema, el 44 por ciento del total, son del conurbano.

Desmenuzados, hay números del informe que ponen la piel de gallina: explica que la desnutrición impacta en el 79 por ciento de los hogares que perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza, lo que demuestra que el flagelo está alcanzando además a los sectores de clase media baja.

Además, por si fuera poco, el estudio subraya que no hay otro lugar del país como el GBA donde existan mayores niveles de solidaridad y organización social para palear la problemática. Sin las redes de comedores, merenderos, iglesias, cooperativas y unidades básicas, que aportan una ayuda indispensable, la situación sería aún peor.

El informe no pudo ser publicado en un contexto más adecuado: el miércoles, la tríada de San Cayetano (CTEP, CCC y Somos Barrios de Pie) protagonizó este miércoles una masiva movilización que logró poner en agenda un reclamo que el sector mantiene desde el inicio de la crisis en marzo pasado: la emergencia alimentaria. Por ahora, ese proyecto de ley duerme en el Congreso, pero podría reactivarse una vez que ambas cámaras se dispongan a tratar el “reperfilamiento” de la deuda por pedido del Gobierno.

El reclamo por la Emergencia Alimentaria no sólo salió de boca de los principales referentes de la organizaciones sociales, sino que fue acompañado por la Iglesia, que ayer se pronunció en favor de que se declare "en forma urgente" esa medida, ante el "severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica".

Gildo Onorato, secretario de organización de CTEP, describe así la situación en diálogo con Diagonales: “Durante todo agosto no recibimos ni leche ni aceite para los comedores. Y registramos un crecimiento de familias que se acercan a comer, incluso de trabajadores formales a los que tampoco les alcanza como antes”. 

Onorato resalta que las organizaciones sociales “le dan de comer a un millón de personas en todo el país”. En provincia, a unas 144 mil, de las cuales 64 mil son niños y niñas. Según el dirigente, mientras la nación hoy paga 21 pesos por cada pibe para la merienda, la Provincia aporta apenas 32 para el almuerzo. “En provincia la situación es mucho peor, el gobierno porvincial en cuanto a asistencia es un desastre y sólo nos convocan para situaciones puntuales, no hay diálogo fluído como lo hay con Desarrollo de nación”, apunta.