Cuando se analiza la política pública se cae en una doble discusión: qué es lo público, confundiéndose dicho espacio con lo estatal, y qué son las políticas públicas. Respecto a qué es lo público, podemos afirmar que dicho concepto no se limita a expresar lo estatal, es mucho más que eso: abarca todo lo concerniente a las relaciones entabladas entre los integrantes de una sociedad que hacen a la vida de la misma, del colectivo; es lo que podemos denominar como esfera pública para diferenciarla del mundo individual o privado (esfera privada) de cada uno de dichos integrantes. Mientras que las políticas públicas son aquellas actuaciones del Estado en donde el mismo tiene el poder de definir o decidir y, por ende, ejecutar e implementar acciones concretas que influyen en el colectivo social.

En el diseño de políticas públicas, el poder que tienen los participantes, principalmente el Estado, resulta fundamental para determinar la orientación y dirección de las mismas. Tener poder -político-, es disponer de la capacidad necesaria para afectar el contenido de las decisiones políticas, para poder cambiar el derrotero prefijado, como, a su vez, tener el poder de “convencimiento” y “aceptación” por parte de los destinatarios de esas políticas, los que ocupan el espacio público. Pero, para poder efectivizar correctamente su poder (en el sentido del “propio beneficio”), los participantes deben trazarse ciertas estrategias -planes de acción- para poder maximizar sus probabilidades de éxito, dentro de un conjunto de acuerdos, normas y recursos institucionales.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando se producen acontecimientos o causas totalmente imprevistas o no visualizadas en el momento de establecer el plan estratégico y, consecuentemente, el diseño de las políticas públicas? ¿Puede conservarse dicho plan estratégico o, al menos, la idea fundante del mismo?

El modelo peronista puede ser encasillado como un régimen de bienestar corporativista con tintes universalistas, pero, a su vez, también es subsidiario, ya que es el Estado quien reemplaza al mercado en la provisión de bienestar social, vinculando fuertemente la categoría de derechos al estatus de clase: dirigir la atención a los sectores antes marginados significa claramente conservar las diferencias de estatus; aunque el Estado se apoye en dichos sectores, subsidiándolos, queda delimitada claramente la estratificación social.

Si en épocas del peronismo clásico, esta subsidiariedad no fue tan notoria por el hecho del proceso industrializador que atravesó nuestro país y por el contexto internacional, en el presente siglo las condiciones cambiaron radicalmente. El kirchnerismo comprendió esto y, con su política de un “Estado presente”, logró restablecer esos patrones de bienestar bajo el ala de la subsidiariedad y declamando un aumento de la producción y el empleo (digo “declamar” porque en líneas generales no hubo una verdadera política en tal sentido, a tono con la nueva coyuntura mundial y regional). Con el retroceso en este aspecto que significó el gobierno de Cambiemos, el retorno del peronismo al poder, en una coalición que incluyó prácticamente a todos sus sectores, promovió la esperanza y expectativa de una vuelta al “bienestar” como sucedió entre 2003-2011, básicamente.

La pandemia que viene asolando al mundo desde diciembre 2019, precisamente cuando asume Alberto Fernández, aunque fuese proclamada como tal recién en marzo de 2020, sin duda alguna modificó todo el plan que se tenía trazado. La “euforia” por “recuperar” un ministerio de tal trascendencia como el de Salud, como los proyectos de reactivación económica, fueron relegados a un segundo plano ante el avance del Covid-19. Sin embargo, considero que la actitud del gobierno fue mantener, a pesar de los errores cometidos, la idea central de la “presencia” estatal para alcanzar el bienestar de gran parte de la población, subsidiándola, como durante los doce años y medio de gobierno kirchnerista.

Continuando y reformulando planes ya existentes como implementando nuevos, ya sea por la pandemia o por propia iniciativa más allá de aquella, el actual gobierno mantiene esa premisa de régimen subsidiario-corporativo con tintes universalistas. Desde la cartera de Desarrollo Social con el Programa “Potenciar Trabajo” o el “Plan Argentina contra el Hambre”, más la Tarjeta Alimentar o el Potenciar de inclusión joven; o desde la cartera educativa con el Plan “Juana Manso” de conectividad y nuevas tecnologías o el “Cuidar Escuelas”, pensado para el Covid, continuando con el  FINES y mejorando y ampliando el PROGRESAR; o con el ministerio de Salud y los planes IMPULSA (salud digital), REMEDIAR y SUMAR más el informe SISA; podemos ver acciones concretas del Estado en estas épocas difíciles.

Como conclusión, puedo sostener que la idea fundante o plan estratégico del gobierno se conserva, pero que su implementación dista mucho de lo previsto en diciembre de 2019 y de las aspiraciones de sus votantes. Y esto se debe, esencialmente, a la falta de poder político concreto con el que cuenta el gobierno para disponer de la capacidad necesaria a los efectos de cambiar el derrotero prefijado e imponer las reglas de juego de manera consensuada, como a sus “marchas y contramarchas”, principalmente en lo comunicacional, que llevaron a no conseguir el convencimiento ni aceptación siquiera mayoritaria de los destinatarios de dichas acciones. De esta manera, las políticas públicas se terminan distanciando de lo público como espacio y anhelo común para todos y todas.

*Politólogo y Mgr. en Políticas Sociales –UBA