Gobernadores peronistas y de fuerzas políticas locales se reunieron este mediodía en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para poner en cuestión las medidas anunciadas por Mauricio Macri, ante el fuerte impacto que tienen en las económicas de las provincias. Tras el encuentro, los jefes provinciales elaboraron un fuerte documento donde advirtieron que si el presidente no da marcha atrás, recurriran a la Justicia.

Del encuentro participaron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Santa Fe, Miguel Lifschitz; de La Pampa, Carlos Verna; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Sergio Uñac; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; de Formosa, Gildo Insfrán; de Chaco; Domingo Peppo, de Catamarca; Lucia Coparcci y el vicegobernador de Santa Cruz Pablo González, entre otros.

Los gobernadores pusieron el foco en qué impacto tendrá en sus presupuestos los cambios efectuados en Ganancias y el Monotributo dispuestos por el Ejecutivo, donde se teme una fuerte rebaja en la Coparticipación. Al conocerse las medidas anunciadas por Macri, desde el equipo económico de cada gobierno provincial elaboraron un informe en el que aseguraron que la devolución de Ganancias y la bonificación del Monotributo implicarían un costo de $51.800 millones.

Si bien Buenos Aires sería una de las provincias más afectadas, ya que según los cálculos preliminares podría perder hasta $20.000 millones, María Eugenia Vidal decidió apoyar esta medida que busca morigerar el impacto del desfalco cambiario ocurrido luego de las elecciones Primarias y no participar del encuentro de sus pares.

En el documento elaborado, los gobernadores destacaron que no están "en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica", destacaron que el paquete de medidas anunciados de "forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos", les hace "compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento". 

En este marco, apuntaron contra el Gobierno por "disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal". En este contexto crítico, los gobernadores advirtieron que está en peligro el pago de salarios, la prestación de servicios esenciales y la preservación "la paz social" en cada una de las provincias.

El documento firmado por los gobernadores

Ante los anuncios realizados por el Gobierno Nacional después de las PASO, y en medio de un clima electoral, nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente:

1) En primer lugar, dejamos bien en claro, que no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos... pero las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento.

En este estado de cosas, si bien nos parece positivo, que el gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria se esta vulnerando.

2) Estamos en grave peligro de no cumplimento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los estados que representamos. Y ante todo eso no podemos permitir que se apropien de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad... por el contrario, hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados.

3) Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial, esta acción del Estado nacional, que al privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país en medio de este complejo momento que estamos viviendo.

4) Expresamos enérgicamente, que vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte.

Por lo tanto exigimos, se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo.

Quedamos, como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que de no ser así nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual.