La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una vigilia federal para el jueves 10 y el viernes 11 de diciembre afuera del Congreso de la Nación y en distintos puntos del país para seguir el debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Todo parece indicar que en la Cámara Baja estarían los votos necesarios para aprobar la iniciativa, pero al igual que en 2018 el mayor desafío se encuentra en el Senado. Por ello, desde el oficialismo analizan la posibilidad de realizar modificaciones al proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Entre los cambios que se están evaluando, se encuentra la posibilidad de incluir la objeción de conciencia institucional; variable que desató una gran polémica y críticas desde varios sectores feministas.

La presidenta de la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, afirmó que "se están evaluando dos cambios: una es la objeción de conciencia institucional para profesionales de centros médicos privados, de manera que esos casos se deriven a una dependencia sanitaria pública", en diálogo con la radio online FutuRöck. "Esta inclusión podría evitar conflictos con clínicas muy identificadas con muchos credos religiosos", explicó la legisladora.

Sin embargo, desde la Campaña Nacional advirtieron que “permitir a las instituciones religiosas la objeción de práctica es un avasallamiento a los derechos de acceso a la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar” y rechazaron de plano esta modificación.

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“La objeción de práctica se permite para proteger a las minorías, no para garantizar el status moral de una mayoría”, agregaron en un comunicado en redes sociales. “No queremos objeción de conciencia institucional porque además las instituciones no tienen conciencia”, sostuvieron.

“La objeción de conciencia, en líneas generales, implica la posibilidad de que aquellas personas que, por razones morales o religiosas, plantean no poder realizar la práctica”, explicó a Diagonales, Sandra Di Seri, integrante de la Campaña Nacional en La Plata. No obstante, advirtió que “la mayoría de las veces funciona como un impedimento, como una herramienta o medida que impide el acceso a la práctica”.

“Eso sucede ya en términos individuales, en términos institucionales genera varias problemáticas aún más graves”, agregó. “La objeción de conciencia institucional amplia ese proceso de obstaculización, sobre todo teniendo en cuenta que hay mujeres y personas con capacidad de gestar que acceden a algunas instituciones de raigambre clerical o religiosa para realizar la práctica y se van a ver impedides acceder a ella”, advirtió.

“Por otro lado, también avasalla los derechos de los profesionales de la salud entendiendo que así como existe la objeción de conciencia para obstaculizar el acceso a la práctica, debería exigir la objeción de conciencia para oponerse a la objeción de conciencia institucional”, señaló Sandra.

Desde la campaña por el derecho al aborto legal sostienen que un profesional de la salud que no se niegue a realizar un aborto de manera legal “pueda hacerlo aún en las instituciones que no estén de acuerdo”, indicó Di Seri.

Por otro lado, el proyecto original establece que las adolescentes de entre 13 y 16 años "cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para la salud o vida". Sin embargo, otro de los cambios que podría introducirse tiene que ver con la posibilidad de que las jóvenes de esa edad “cuenten con un acompañante o referente afectivo", contó Gaillard.

La diputada explicó que "estas modificaciones tienen que ver con que se está trabajando el texto en las dos cámaras para garantizar su aprobación y que no vuelva a Diputados desde el Senado".

Mientras tanto, la Cámara de Diputados se prepara para la primera sesión presencial desde que llegó la pandemia al país. Los legisladores que pertenezcan al grupo de riesgo, ya sea por una cuestión etaria o enfermedades de base, podrán participar de manera remota, pero quienes asistan al recinto serán hisopados.

Desde el martes, la Dirección Médica de la Cámara de Diputados realiza los test a los diputados nacionales que participan este miércoles de la sesión preparatoria presencial del cuerpo y de cara al plenario de mañana. Según consignó la agencia Télam, la gran mayoría de los diputados que participarán de la sesión ya se realizaron el hisopado correspondiente para garantizar su presencia en el recinto.

De esta manera, una vez más el debate sobre la legalización del aborto llega al Congreso Nacional y si bien desde la campaña y algunos sectores feministas advierten sobre “los peligros” que supondría la objeción de conciencia institucional, celebran la posibilidad de que el proyecto se convierta, finalmente, en ley.

“Que el Congreso debate el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo es parte de la intensificación de los debates en estos últimos años y de las estrategias que venimos desarrollando. Nos parece que es muy significativo y haber logrado que el Poder Ejecutivo presente un proyecto, lo consideramos parte de un logro que tiene que ver con esta militancia de tantos años de la campaña y el moviemto feminista”, expresó Sandra.

La vigilia frente al Congreso de la Nación comenzará el jueves a las 10 de la mañana y planea extenderse hasta el momento de la votación.