Los trabajadores y trabajadoras de la salud en los hospitales públicos siguen en alerta por lo que será un 2025 en el que la motosierra del gasto público nacional seguirá siendo la moneda corriente.

Esto quedó a las claras cuando el martes 250 personas fueron impedidas de ingresar al Hospital Español de la Ciudad de Buenos Aires porque estaban dentro de la lista de despedidos. En total, se contabilizan 300 en este nosocomio y desde el comienzo de este año, PAMI ya echó a 500 trabajadores en todo el país.

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La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), que conduce el integrante del triunviro de la CGT Héctor Daer, manifestó su repudio por los despidos injustificados y plantearon que la medida “atenta contra los derechos de los profesionales de la salud y pone en riesgo la atención de las personas mayores que dependen de este nosocomio para su cuidado".

Se apunta contra la responsabilidad de la interventora del PAMI Fernanda Folchi y el Coordinador Operativo del hospital Diego Villalvilla. ATSA denunció los despidos y subrayó que esto se trata de "un plan sistemático de desprotección y vaciamiento del sistema de salud”, lo que impacta en la calidad de la atención a los pacientes “y vulnera derechos fundamentales”.

Desde la entidad gremial enfatizaron en que las desvinculaciones son “un atropello no solo a los compañeros y compañeras afectados, sino a toda la sociedad que ve cómo se destruyen instituciones esenciales para el bienestar común”, indicaron.

Además adelantaron que iniciarán "todas las medidas de acción necesarias para que detengan este ataque injustificado contra los profesionales de la salud” y así obtener la reincorporación inmediata de los 250 nuevos despedidos.

Las cesantías de esta tanda afectan áreas críticas como salud mental, kinesiología y estadísticas. Son más de 100 pacientes los que quedaron a la deriva. Ya se había desmantelado el servicio social de la institución.

Cabe destacar que el "Plan Director Integral" que presentó la obra social de los adultos mayores promete un mayor ajuste, en el que se incluyen despidos para 277 empleados más. También se plantea la venta del Hogar Geriátrico Elías Romero, bajo el argumento "libertario" de que es "deficitario".

La ecuación final se impone: trabajadores a la calle; los sectores más vulnerables, especialmente a jubilados y pensionados, desprotegidos.