A días de la gran manifestación de un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT) que conduce Hugo Moyano del 21 de febrero, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del líder de Camioneros y de toda su familia, incluido su hijo, Pablo, en el marco de la causa que los investiga por presunto lavado de dinero. Además, el gobierno Nacional de Mauricio Macri busca cerrar la discusión salarial con los gremios que no movilizarán el próximo miércoles. 

El juez federal de Morón, Néstor Barral, en diciembre de 2017 exigió que se levante el secreto fiscal y bancario para las cuentas del referente gremial y su hijo así también como de su mujer, Liliana Zulet, y los hijos de su mujer, Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet. Pero la medida estuvo suspendida en el marco de la feria judicial y si bien ya retomaron las actividades hace algunas semanas, la resolución entró en vigencia hoy, a seis días de la movilización.

La decisión de la Justicia es fundamental para que avance la investigación que los acusa por presunto lavado de dinero debido que faculta al Banco Central de la República Argentina y a la AFIP a entregar toda la información requerida en la causa.

A su vez, el Ejecutivo también presiona al referente gremial a su manara: cerrar paritaria con los sectores que no participarán de la movilización del miércoles. Según trascendió en las últimas horas, el Ejecutivo cerró la oferta salarial con Obras Sanitarias con un 15% de aumento con cláusula gatillo y está a la espera del resto de los sindicatos: Uocra, Uatre y Comercio.