Qué hay detrás del conflicto con las prepagas: rentabilidad empresaria vs. salud como derecho

Dolorosa como una fractura expuesta que deja a la vista algún hueso, la pandemia del COVID-19 puso sobre la mesa, por las malas, una discusión tan urgente como necesaria, de alcance global pero con la exigencia de ser abordada localmente por cada sociedad: la salud como derecho vs. la salud como negocio. Un contraste que no es nuevo y que alcanza a todos los derechos universales en el marco del capitalismo salvaje del que recurrentemente habla el Papa Francisco, pero que quedó en el centro de la escena cuando los robustos sistemas de salud de los ricos países del norte no dieron abasto para cuidar como debían a sus poblaciones. Y que actualmente muestra su peor faceta en el acaparamiento anti humanitario que muchos de esos mismos países hacen de millones de dosis de vacunas, condenando a millones a la muerte en los países “subdesarrollados”.

En estas latitudes del sur, la semana que termina dejó un nuevo capítulo de esta larga discusión filosófica, ontológica, que aunque se disfrace con conceptos técnicos y económicos de costos, sustentabilidad y demás ornamentos, en el fondo es una discusión sobre prioridades. Qué debe priorizar una sociedad, el fin de lucro o la garantía de derechos básicos y condiciones de vida digna para la totalidad de sus individuos, esa es la cuestión. Tangencialmente, en ese debate de metió CFK el lunes pasado cuando, en la inauguración del nuevo edificio del Hospital pediátrico Sor María Ludovica en La Plata y ladeada por Axel Kicillof, afirmó que “la vez pasada que vine a La Plata se armó un revuelo porque dije que había que repensar el sistema de salud y que debíamos ir a un sistema integrado entre los tres subsistemas que existen, público, obras sociales y prepagas (...) Díganme, hoy, ¿no está integrado acaso a las patadas y  la fuerza porque lo impuso la realidad?”. La referencia tenía que ver con la permanente derivación de pacientes entre esos subsistemas a raíz de los grados de saturación a los que los expuso la pandemia. Y, voluntaria o involuntariamente, como cada vez que habla, CFK abrió la puerta a la polémica y la discusión.

EL PLANTEO DE LAS PREPAGAS, CON LOS TAPONES DE PUNTA

Si bien en ningún fragmento de su discurso ni en el del Gobernador Kicillof se mencionó la posibilidad de una estatización del sistema privado de salud, posibilidad que tampoco fue discutida públicamente por el Gobierno en ningún momento desde el inicio de la pandemia, al día siguiente del acto los representantes de las principales prepagas del país se plantaron en pie de guerra. Los popes de la medicina privada dieron una conferencia de prensa en la que, comandados por Claudio Belocopitt, anunciaron que presentarían una cautelar en la justicia para poder aumentar las cuotas por encima de lo establecido por el Gobierno. “Bajo estas circunstancias, el sistema que millones han elegido voluntariamente, no está en condiciones de seguir funcionando” adujo el dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud, la organización que nuclea a las principales prepagas del país.

Belocopitt, quien además es dueño del canal América TV, manifestó que su sector llegó a esa conferencia de prensa habiendo agotado todas las instancias de diálogo con el Gobierno sin obtener ningún avance ni ninguna proyección a futuro, y denunció una supuesta intención oficialista de desfinanciamiento de las prepagas para luego poder estatizarlas con la aprobación de la sociedad. “La estatización de un sistema puede darse de hecho o de derecho” dijo, y pidió que si el Gobierno realmente quiere dar una discusión para terminar con el sistema privado de salud, que la haga pública y la traslade al Congreso. Basó sus sospechas en una serie de eventos en lo que incluyó borradores de un supuesto decreto del gobierno para estatizar el sistema privado, que según sus palabras circularon en 2020, la reactualización de ese planteo a principios de este año, y declaraciones en off sobre una posible intervención del sistema por parte de funcionarios en el último tiempo. Por supuesto, todo esto en el plano de las suposiciones y sin ninguna evidencia concreta que respaldara sus afirmaciones.

Lo que está en el fondo del pataleo de los millonarios dueños de las prepagas es, en realidad, un deseo desesperado por aumentar el precio del servicio que le brindan a sus abonados. En lo formal, se escudan en un pedido para que se aplique el artículo 17 de la Ley 26.682, sancionada en el año 2011 y que regula la medicina prepaga, donde se estipula que “La Autoridad de Aplicación autorizará el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos”. En octubre del 2020, la Superintendencia de Servicios de Salud, estableció en un informe técnico un 30% de atraso en esa estructura de costos, lo que derivó en autorizaciones por parte del Gobierno para que las prepagas aumentaran sus cuotas, que venían congeladas desde diciembre del 2019 por decisión del oficialismo en plena situación de pandemia. Se autorizó un 10% para diciembre del año pasado, y a principios de año se estipuló un 7% para febrero que en 24 horas fue dado de baja por el propio Alberto Fernández. En aquel momento, con Belocopitt siempre como vocero público, las prepagas sacaron a relucir los mismos argumentos que esta semana, agitándolos en los medios de comunicación opositores al Gobierno y generando tensiones similares a las de estos días. La cuestión se saldó parcialmente con un aumento de 3,5% autorizado para marzo.

En ese punto hubo un nuevo foco de conflicto. Con la inflación disparada desde finales del año pasado, los trabajadores de Sanidad iniciaron a fines de marzo un plan de lucha que incluyó asambleas y paros de tres horas por turno porque los empresarios se resistían a respetar la cláusula gatillo del convenio firmado en 2020 y aumentar los salarios. El Ministerio de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria, y el Estado debió interceder además incrementando un 34% el valor de las prestaciones del PAMI, extendiendo hasta fin de año el Decreto 300/20 con el que se redujeron en un 95% las contribuciones patronales, y autorizando nuevos aumentos para las cuotas de las prepagas. Recién ahí las empresas accedieron a la recomposición salarial de entre el 15% y el 16%, que se acordó retroactiva al primero de abril y que completó un 36,1% de aumento para el período junio 2020 – junio 2021. “Hace 14 meses que las prepagas tuvieron un aumento del 13,5% mientras la inflación de ese período superó el 36%” había disparado durante la negociación Belocopitt, presionando al Gobierno que terminó avalando aumentos del 4,5% para ese mes de abril, y 5,5% para mayo. Como se observa, el pataleo mediático y la escalada de tensiones es un modus operandi recurrente con el que los empresarios de las prepagas ejercen su lugar de poder para, en plena pandemia, condicionar al Gobierno y arrancarle aumentos que luego se sufren en los bolsillos de las familias abonadas.

En ese contexto se llegó a los nuevos cruces de esta semana, con cuatro aumentos de cuota autorizados desde diciembre a la fecha, y una nueva discusión paritaria en puertas que los empresarios amenazaron con no poder encarar si el Gobierno no les autoriza un nuevo aumento, en este caso del 9,77%, lo que llevaría a un aumento total desde fin de año de alrededor del 35%. Ese fue el pedido expresado a la justicia en la cautelar que presentaron el miércoles con la firma de 15 empresas, entre las que se encuentran las más grandes como OSDE, Swiss Medical, Medicus, Galeno, Medife y Omint.

Para graficar sus argumentos, Belocipitt utilizó en la conferencia de prensa una metáfora en la que comparó la situación de las prepagas con aviones a los que se los hace despegar sin combustible necesario en sus tanques, para que de esa manera caigan, se estrellen y el Gobierno pueda justificar la estatización de esas aerolíneas. “Nosotros no estamos dispuestos ser los comandantes de estos vuelos para que los aviones caigan en el camino” dijo el empresario médico y mediático, y la pregunta que surge instintivamente es: ¿cuánto combustible traían en sus tanques estas mega empresas desde los años pre pandemia?

PREPAGAS 2016-2019: AUMENTOS POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN Y LOS SALARIOS

Toda la sociedad argentina está haciendo enormes esfuerzos y aportes para sostenerse en este contexto de crisis impuesto por la pandemia. La estrepitosa caída de la economía mundial no hizo excepciones en nuestro país, y el desplome significó caídas en los ingresos de la enorme mayoría de trabajadores y rubros de la actividad económica. Pero no todos los sectores afrontaron este recrudecimiento de la crisis iniciada en 2018 con las mismas reservas. Mientras los salarios van por su cuarto año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, y numerosos sectores como la industria y muchas PyMES padecieron la pesadilla aperturista e inflacionaria del experimento macrista, hubo actores que durante el gobierno de Cambiemos no solo no perdieron sino que ganaron. Pocos, pero los hubo. Y si mencionamos como ejemplo paradigmático de aquello al sector financiero, hay que decir también que la medicina prepaga no acompañó los pesares de la ciudadanía argentina durante la gestión amarilla, sino más bien lo contrario.

Un estudio publicado por la Universidad de Avellaneda a fines del 2019 mostró la evolución de los aumentos de las cuotas de las prepagas en relación a la inflación y los salarios para el período 2016-2019, y sus conclusiones fueron contundentes. En los cuatro años de gobierno macrista, las prepagas siempre aumentaron por encima del salario promedio, y sólo en 2018 lo hicieron apenas por debajo de la inflación, mientras que en el total del período sus subas estuvieron 13 puntos por encima del índice de precios general. Por otro lado, en promedio, la cuota de una prepaga pasó de representar un 19% del salario promedio de los trabajadores registrados de la economía a finales del segundo mandato de CFK, a un 33% a finales del gobierno de Macri.

Sólo en 2019 las prepagas tuvieron 8 aumentos, totalizando una suba del 62,1% según el informe, unos siete puntos por encima de la inflación del 55%. En 2016 esa relación fue de 43,5% de aumento en prepagas y 41% de inflación, en 2017 fue de 31,3% contra 24,8%, tendencia que sólo se invirtió en 2018 cuando las prepagas aumentaron un 40,8% y la inflación fue de 47,6%. En total, durante esos años la inflación representó un 317% y las empresas fueron habilitadas para aumentar un 330%, ahí los 13 puntos a favor de los que dicen estar sin combustible en el tanque.

La comparación es peor si se la realiza en torno al aumento del salario promedio de la economía formal registrada. Esa diferencia, siempre a favor de las prepagas, fue de casi 13 puntos en 2016 (43,5% contra 30,9% de los salarios), 4 puntos en 2017 (31,3% contra 27,1%), casi 8 puntos en 2018 (40,8% contra 33%) y casi 21 puntos en 2019 (62,1% contra 41,6%). El informe profundiza este dato planteando la caída relativa del Salario Mínimo Vital y Móvil, los salarios medios y la jubilación mínima frente a los aumentos de las prepagas. En contraste con el 330% de incremento de éstas últimas, el SMVyM creció sólo un 202% en el mismo período, los salarios medios un 213,4% y la jubilación mínima un 227,2%. Así, estos tres indicadores de los ingresos de los trabajadores expresaron una caída en el poder de compra en relación al costo de la medicina prepaga de 29,8%, 27,1% y 23,9% respectivamente, según el informe de la UNDAV.

Cuesta, con estos números sobre la mesa, pensar en un sector al que realmente se le esté acabando el combustible acumulado en el tanque. Con cuatro años de ganancias extraordinarias, por encima de los indicadores de la economía y muy por encima de los ingresos de los trabajadores, no resulta incoherente que estas millonarias empresas hagan un esfuerzo extra en una situación como la que está viviendo el país y la ciudadanía, que aporten un poco de esa rentabilidad acumulada aliviando los bolsillos de las familias trabajadoras con aumentos razonables, no pensados desde su insaciable afán de lucro sino desde las condiciones que la crisis le impone al pueblo argentino. Esa es la discusión de fondo.

¿ESTATIZACIÓN, INTERVENCIÓN O INTEGRACIÓN? ¿DERECHO O NEGOCIO? QUÉ PIENSA EL KIRCHNERISMO

En línea con campaña opositora que intenta instalar una oposición comunismo-libertad para el próximo escenario electoral, las prepagas recurrieron al golpe bajo de agitar el fantasma expropiador a partir de las palabras de CFK, con el único objetivo de presionar para conseguir más aumentos. El ya viejo y oxidado truco de ponerle un prefijo casto/chavista a cualquier discusión que se  plantee desde el Gobierno para obturar una conversación sobre el fondo de la cuestión y profundizar la grieta en plena campaña. El razonamiento sería el siguiente: no nos dejan aumentar, nos suben los costos y la actividad se vuelve insustentable, el servicio empeora, y el Gobierno se construye el escenario para expropiar con consenso de la sociedad, algo que viene intentando desde el inicio de la pandemia.

Pero lo cierto es que en ningún momento ningún actor serio del oficialismo planteó un escenario como el que agitan las prepagas, y sobre el que se monta la oposición para su rapiña electoral. Si se quiere conocer qué piensa en realidad el núcleo kirchnerista en relación al sistema de salud, hay que seguir los planteos de la Fundación Soberanía Sanitaria, una organización que podría presentarse como la extensión del Instituto Patria en materia de salud. Productora permanente de informes, análisis de coyuntura, planteos teóricos y propuestas en términos estratégicos, la fundación es una usina de pensamiento alrededor de toda la cuestión de la salud que expresa como ningún otro actor las perspectivas del kirchnerismo en esa materia. De hecho, referentes de primera línea como Daniel Gollán o Nicolás Kreplak han desarrollado una fuerte actividad dentro de la fundación, y puede decirse que las ideas del equipo se Salud bonaerense se nutren de esa fuente.

Dos producciones resultan centrales para entender la perspectiva de este sector del oficialismo. Por un lado, el documental “La Insubordinación de los Privilegiados”, publicado en 2019 y dirigido por el propio Kreplak, y con la participación, entre otros, de Daniel Gollán y Axel Kicillof. El documental se mete a fondo en un debate tan filosófico como pragmático de nuestro tiempo, en relación a la salud pensada como un derecho o como un negocio, anticipando meses antes del COVID muchas de las discusiones que el mundo comenzaría a tener a partir de los colapsos de los sistemas de salud por la pandemia. Con una mirada sanitarista de raíces en el pensamiento y la obra de Ramón Carrillo, durante sus 55 minutos de duración recorre aspectos como la necesidad de las farmacéuticas de que nos pensemos como enfermos permanentes para constituirnos en clientes cautivos de sus medicamentos, la construcción de un sistema médico que nos atiende de esa forma en lugar de centrarse en la prevención a partir de mejorar la calidad de vida de la sociedad, y lo fundamental de tener garantizados derechos elementales, como la salud, para poder hablar de una democracia real.

En ningún momento del documental se plantea la eliminación del sistema privado de salud en la Argentina, como quizás desearían escuchar Belocopitt y los suyos para tener un antagonista más real. Pero, en la discusión sobre el negocio privado alrededor de la salud, un fragmento del español Íñigo Errejón resulta interesante para pensar el contexto actual. Dice Errejón que los sistemas privados no buscan en realidad la privatización total de la salud, porque eso les implicaría hacerse cargo de la totalidad de las necesidades de las poblaciones. Al contrario, lo que pretenden es que el sector público de la salud subsista como una reserva para todas las prácticas que no son rentables para los privados, y de esa forma sólo hacerse cargo de lo que les genera negocio, descargando en los Estados todo lo demás. El título del audiovisual, también expresado por Errejón, hace referencia a que los sectores dominantes de la economía de la salud se rebelan cada vez más al hecho de tener que hacer sus aportes para vivir en sociedades justas e igualitarias, persiguiendo como único fin el sostenimiento y la máxima profundización posible de sus privilegios. Cualquier similitud con los planteos de Belocopitt y compañía esta semana no pareciera ser pura coincidencia.

Otro documento, que es permanentemente señalado como el programa expropiador de este sector del oficialismo, es un texto titulado “EJES CENTRALES PARA UN PROGRAMA DE SALUD 2020/2024”. El planteo central en el mismo tampoco abona a la teoría de una estatización latente, aunque de esa forma sea presentado, tendenciosamente, en medios de comunicación y posturas opuestas al Gobierno. El documento sí plantea la necesidad de una reestructuración del sistema de salud, pero no a través de expropiaciones o intervenciones sino de una integración en lo que denomina SNISA: Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino.

Atacando la fragmentación y  segmentación del sistema de salud como causa de muchas de sus ineficiencias actuales, el documento define el nuevo sistema como “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva, Provincias coordinando servicios e infraestructura de complejidad creciente y una fuerte intersectorialidad orientada a la promoción; estableciendo una alianza estratégica con el mundo del trabajo y de la seguridad social, con mecanismos de regulación ágiles y transparentes para el subsector privado y con un Ministerio de Salud a nivel nacional que ejerza rectoría, construya soberanía sanitaria y cuente con instrumentos que garanticen el derecho a la salud y la equidad global del sistema en todo el territorio nacional”.

Entre muchos otros planteos, el documento expresa la necesidad de una Política Nacional de Medicamentos, el establecimiento de una paritaria nacional para todo el personal de salud, la creación de una carrera sanitaria nacional, redefiniciones en materia de salud mental, género, salud escolar, soberanía alimentaria, la articulación entre salud, ciencia y tecnología, y hasta la inclusión de los saberes ancestrales de los pueblos originarios. “Concebimos a la salud como un derecho universal, una conquista social e histórica de la comunidad y una responsabilidad indelegable del Estado” plantean sus autores, y expresan la necesidad de “consolidar un marco normativo a través de una Ley Nacional de Salud y -en la medida que sea posible- contar con una Nueva Constitución, incorporando a ella a la salud como derecho humano y el SNISA como estructura nacional que comprenda a todas jurisdicciones y sub sectores”.

Por su parte, el propio presidente de Soberanía Sanitaria, Leonel Tesler, tuvo declaraciones en los medios en los últimos días, en las que hizo énfasis que la problemática central no es la existencia de la medicina privada sino la desintegración de la totalidad sistema, en línea con los planteos de la fundación. Como queda reflejado, el planteo no tiene que ver con una eliminación del sector privado, tal como pretenden instalar los dueños de las prepagas, sino con una integración de todos los subsectores del sistema en un sistema macro rector que pueda ordenar y garantizar la eficiencia de los mismos, pensando en la salud de la población como prioridad.

LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA Y LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COMO EJEMPLOS

A las patadas, como dijo CFK, la pandemia obligó a trasladar a la realidad concreta estos debates teóricos, y a dar primeros pasos en lo que podría y debería ser una necesaria reforma del sistema de salud argentino. El mayor ejemplo sea quizás la gigantesca campaña de vacunación que se desarrolla en el país, inédita en la historia. Ante la necesidad de administrar de forma equitativa y democrática el más escaso de los bienes, que además significa la diferencia entre la vida y la muerte, entre toda la población, el Gobierno tomó la decisión de centralizar el proceso y garantizar esa igualdad en el acceso a la salud y a la vida para todos los habitantes del país.

Sin distinciones por ingresos, por geografía o por posiciones de poder en la sociedad, todos los argentinos y todas las argentinas nos vimos igualados e igualadas frente a una política pública que, más allá de insignificantes ejemplos desde lo cuantitativo, eliminó todo tipo de privilegios. Justamente por eso la oposición hizo y hará tanta mella con esos tristes ejemplos (por los que ya respondieron los responsables), pues sabe de la potencia política que conlleva una gestión que no privilegie a nadie y que trate a todos y todas por igual. Con los errores que quiera señalársele, la administración de la vacuna por parte del Gobierno nacional tiene todo para imponerse en la mirada de la sociedad como un ejemplo virtuoso de acceso a la salud ejecutado desde un sistema centralizado y decisiones políticas democráticas, con el bien común como único objetivo.

Otro ejemplo de los que podrán citarse en ese debate son los sistemas integrados de gestión de camas, entre los que resalta el de la Provincia de Buenos Aires. Públicos y Privados deben informar hasta cuatro veces por día a un sistema centralizado su disponibilidad de camas para que, desde esa centralización, se pueda coordinar la derivación de pacientes por zonas para que nadie se quede sin la atención que merece. Son este tipo de iniciativas las que se están discutiendo en realidad, lejos de los fantasmas expropiadores que agitan los privilegiados que no quieren que nada cambie.

Está claro que la discusión recién comienza, y que la situación de pandemia en curso deberá hacer primar la necesidad de acordar a cualquier diferencia para seguir enfrentando la emergencia sanitaria, por más legítimos que sean los planteos que buscan un mejor sistema de salud para el país y su gente. Como también está claro que el fondo del debate no está lejos, y que habrá que aprovechar el sacudón pandémico una vez que pase para abordar la generación de los consensos necesarios para las transformaciones de fondo que la realidad misma impone como urgentes.