La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó, en el anexo del Senado bonaerense, el informe sobre lugares de encierro y políticas de seguridad y niñez que evidenció "las graves violaciones a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires". El estudio determinó que 38.320 personas detenidas se alojaban en 20.071 plazas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). 

El presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, consideró que el gobierno que conduce María Eugenia Vidal, "se vuelca cada vez más presupuesto a seguridad, relegando otras áreas; se llenan las calles, ahora con 12 mil nuevos policías, pero la militarización del territorio no es seguridad para nadie. Los pueblos no necesitan más represión, necesitando derechos para vivir dignamente". 

En esa línea explicó que "el informe de la Comisión es para que el gobierno provincial revierta esta política de crueldad y sufrimiento". También consideró que "los pueblos no necesitan más represión, necesitan derechos para vivir con dignidad" y agregó: "la seguridad es educación, salud y trabajo".

El presidente del Consejo del Instituto nacional de Derechos Humanos de Uruguay se lamentó porque a partir del informe "seguimos constatando que, entre la dictadura y los gobiernos democráticos, existen grandes continuidades en cuanto al trato que las instituciones del Estado propician a las personas privadas de libertad".

El informe que presentaron arrojó que a diciembre de 2017 había 43.094 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y bajo arresto o prisión domiciliaria, que representa una tasa de encarcelamiento de 253 detenidos cada 100.000 habitantes. Esos números determinaron que en los últimos 10 años, creció 78%, de los cuales el 37%,  corresponden solamente al periodo 2016-2017.  Lamentablemente la situación se siguió agravando: a junio de 2018 el número de detenidos supera los 45 mil.

La cantidad de detenidos da muestras que existe un sobreencarcelamiento que desencadena una sobrepoblación y lleva el hacinamiento a niveles críticos: 38.320 personas detenidas que se alojaban en 20.071 plazas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). 

A partir de las condiciones en las que están detenidos los bonaerenses, mueren muchos de ellos: más de 160 en cárceles, 22 en comisarías; 182 personas fallecieron en el marco de internaciones por razones de salud mental en hospitales. En 2017, hubo también 121 muertes por uso letal de la fuerza, un 11% más que el año anterior; casi el 80% de las víctimas tenían menos de 30 años y en el 73% de los casos el policía que mató estaba fuera de servicio.