Tras la fuerte polémica desatada por la oleada de prisiones domiciliarias que fueron dictadas dentro del Sistema Penitenciario Bonaerense, la Justicia de la Provincia ahora busca poner un año de agua fría ante el descontento generalizado que el hecho provocó en la opinión pública. El procurador General de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, apuesta ahora a revertir el “desequilibrio en el sistema” provocado por la medida.

“Hoy el fiscal del Tribunal de Casación, Carlos Altuve, interpondrá ante la Corte un recurso de queja en orden al fallo del 8 de abril, que permitirá revertir el desequilibrio del sistema y poder avanzar en el análisis de los casos ordenadamente como se hace siempre”, manifestó Conte Grand en declaraciones radiales proferidas esta mañana.

El Procurador, quien quedó en el centro de todas las críticas por la liberación masiva de internos, se refirió a un recurso de queja por la decisión del juez Víctor Violín, quien dio lugar a un pedido de habeas corpus colectivo que habilitó a las salidas de presos concretadas en la última semana.

Según consignó la agencia Télam, Conte Grand recordó que Altuve “ya había apelado ante la Cámara de Casación provincial la decisión del juez Víctor Violini” respecto a habilitar un hábeas corpus colectivo, pero el camarista Ricardo Borinsky rechazó el recurso y les ordenó a los jueces y tribunales inferiores que cumplieran con las órdenes de las liberaciones.

Conte Grand evaluó que, si el hábeas corpus fuera dejado sin efecto, “se revertirá la decisión y estas personas deben reingresar al sistema hasta que los jueces naturales y fiscales de la causa resuelvan otra cosa y el fallo quede firme”.

El procurador remarcó que entre el 5,5 y 6% de la población carcelaria es beneficiada mensualmente por este tipo de medidas de prisiones domiciliarias y aclaró que ese porcentaje “no se excedió hasta ahora”. Una medida de excarcelaciones masivas, según definió, podría enmarcar un exceso riesgoso en el sistema con respecto al promedio habitual.