El Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que la AFIP diera a conocer los videos en el que Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo bonaerense de María Eugenia Vidal, hablara de una Gestapo para perseguir sindicalistas y asegurara que todo estaba arreglado con la Procuración para armar una causa judicial contra Juan Pablo Medina, dirigente de la UOCRA de La Plata. Tras ello, se reavivaron pedidos de renuncia del funcionario judicial, reclamos de juicio político, se realizaron denuncias penales y también algunas declaraciones de defensa.

Este lunes, la Cámara Federal de La Plata presentó una denuncia contra el procurador bonaerense y el fiscal Sebastián Scalera, entre otros, por supuestos delitos cometidos en investigaciones contra políticos, sindicalistas y magistrados durante el macrismo.

"Advierto que existe una evidente conexidad entre lo denunciado en la presente causa y lo que se investiga en la causa que lleva Martínez De Giorgi", sostuvo el camarista platense Roberto Lemos Arias en el texto de una denuncia por supuesto inicio irregular de "investigaciones a fin de inclinarlas a favor de sus intereses políticos y perseguir a distintos actores sociales políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios".

Para ello se habrían valido de "la colaboración de producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia", señala el texto.

Por otro lado, la semana pasada, la senadora nacional Juliana De Tullio cargó en plena sesión contra Conte Grand: "Ese señor parece no va a renunciar, hay que llenarlo de juicios políticos aunque perdamos la votación, hay que hacerle juicio político. No lo quiero más como Procurador de mi Provincia, es un delincuente. Un delincuente”, expresó la legisladora.

Este lunes, el Consejo de Procuradores respaldó a Conte Grand ante las críticas que le hizo la senadora y calificó de “desmedidas e injuriantes” sus dichos.“Las expresiones desmedidas e injuriantes que se profirieran en dicha esfera, aun cuando se pretendan amparadas por la garantía de inmunidad de opinión de la que puedan gozar los Señores/as legisladores/as, que jamás puede ejercerse en forma queexcesiva, lesionan en modo directo el normal funcionamiento de las instituciones y constituyen una afectación de la sana convivencia institucional y el respeto por la división de poderes”, sostuvieron en un comunicado.