Más del 80 por ciento de los municipios de la Provincia de Buenos Aires tienen un índice de transparencia bajo, regular o nulo, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). El estudio analiza una serie de puntos a que son “invitadas” las intendencias a cumplir en el marco de la Ley nacional N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal, actualizada por iniciativa del oficialismo en 2017 con adhesión de más de un centenar de municipios bonaerenses. “De acuerdo con la información presentada, solo dos municipios llegan a un nivel alto en el índice de transparencia y cumplimiento, 20 a nivel medio, 66 a nivel bajo o regular, y los restantes 47 a un nivel nulo de información. Los municipios de General San Martín y Bahía Blanca son los que integran el primer grupo, presentando en líneas generales, la información que exigen las normas dentro de los plazos establecidos”, aclara el informe de ASAP. Lo llamativo es que la mayoría de los de baja y nula transparencia pertenecen al mismo signo político del gobierno que impulsó la reforma; entre ellos, La Plata, un municipio que no puede catalogarse de pequeño.

Desde enero de 2005 la provincia de Buenos Aires adhiere a la ley Responsabilidad Fiscal. Dentro de ese marco, tal como lo establece su artículo segundo, se invita a los municipios de la Provincia a un Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal. Con las modificaciones implementadas por el oficialismo en materia tributaria y fiscal a fines de 2017, envalentonados por haber ganado las elecciones legislativas, se actualizaron ambos regímenes, el nacional y el municipal, para dar una supuesta mayor transparencia a las administraciones a partir de la divulgación en tiempo y forma de las cuentas públicas.

Según el uso habitual, los municipios deberían remitir sus presupuestos a los Concejos Deliberantes aproximadamente a fines de cada año, aunque en la Ley Orgánica de las Municipalidades se establece que tiene que ser con anterioridad al 31 de octubre. Sobre esa fecha se yerguen una serie de responsabilidades de información que van desde cifras de deuda y pago de servicios hasta ocupación del sector público. ASAP elaboró un índice de transparencia y cumplimiento que pondera los diferentes requerimientos establecidos en el marco normativo.

Para la elaboración del índice se toma en cuenta presentación de Presupuesto, información de situación económica financiera trimestral, de ejecución presupuestaria, de gastos por finalidad y stock de deuda y, por último, facilidad del acceso por vía Web. El resultado es que la cantidad de municipios con un nivel de cumplimiento alto representó el 1,5 por ciento de la torta, los de cumplimiento medio, el 14,8 por ciento, los de bajo o regular, el 48,9 por ciento y los de nulo cumplimiento, el 34,8 por ciento, según las cifras del informe. “Lo cual demarca el intenso trabajo a realizar para cumplir con las normativas vigentes de responsabilidad fiscal y para concientizar acerca de la importancia de publicar, acercando la información sobre las finanzas públicas al ciudadano”, agrega en el documento la entidad.

Los municipios de General San Martín y Bahía Blanca son los que integran el primer grupo, presentando en líneas generales, la información que exigen las normas dentro de los plazos establecidos.  El segundo grupo (de cumplimiento medio) está compuesto por los municipios de Bragado, Moreno, Coronel Pringles, Avellaneda, Berazategui, Chivilcoy, La Matanza, Tandil, Berisso, Ayacucho, Exaltación de la Cruz, Olavarría, Bolívar, Baradero, General Belgrano, General Villegas, Carlos Tejedor, Saavedra, Junín y San Cayetano; en los cuales se aprecia un menor compromiso con la totalidad de las publicaciones y plazos requeridos por las normas vigentes, aunque en líneas generales presentan el Presupuesto 2019 y la Situación Económico Financiera al cierre del Ejercicio 2018.

El tercer grupo (bajo o regular cumplimiento) es el más numeroso. “Lo integran aquellos municipios que publican sólo su situación económica financiera con rezago de más de un trimestre, o bien el Presupuesto 2019; y generalmente han generado un fácil acceso al ciudadano a esa (incompleta) información presupuestaria y/o de ejecución. Es decir, tienen en común la particularidad de un cumplimiento parcial de la normativa sin respetar los plazos establecidos”, agrega.

El último grupo (nulo cumplimiento) se compone de aquellos municipios que a la fecha del relevamiento –abril—, se encuentran en situación de incumplimiento, no publicando vía web, información económica financiera del ejercicio en curso y en ningún caso el presupuesto vigente, según el informe de ASAP. Lo curioso de este tándem es que se tratan en muchos casos de municipios grandes, con recursos y de signo político alineado al oficialismo, como Pinamar, con Martín Yeza (Cambiemos); Lezama, con Arnaldo Harispe (Cambiemos); Tres de Febrero, con Diego Valenzuela (PRO-Cambiemos); General Lavalle, con José Rodríguez Ponte (Cambiemos); Campana, con Sebastián Abella (Cambiemos) o Brandsen, con Daniel Cappelletti (Cambiemos), entre otras jurisdicciones de igual signo.

Se suman al cumplimiento “cero”: General Arenales, Maipú, General Paz, Pellegrini, General Pinto, Villa Gesell, General Viamonte, Guaminí, San Pedro, Hurlingham, San Nicolás, La Costa, Ensenada, Laprida, Leandro N. Alem, General Las Heras, Magdalena, Rojas, Mercedes, Campana, Pila, Capitán Sarmiento, Puan, Punta Indio, Chacabuco, Roque Pérez, Coronel de Marina, Leonardo Rosales, Salto, Escobar, San Vicente, Florentino Ameghino, Tordillo, General Alvarado, La Madrid y Tornquist, entre otros, concluye el relevamiento de la Asociación.