Tras las múltiples crisis en las cárceles y la polémica decisión del Poder Judicial de otorgar prisiones domiciliarias masivas, el gobierno bonaerense anunció la ampliación de la estructura de alojamiento del Sistema Penitenciario Bonaerense. Junto a los ministros de Justicia y Seguridad, Julio Alak y Sergio Berni, el gobernador Axel Kicillof presentó el plan de creación de 1350 nuevas plazas para la población penitenciaria y apuntó contra el Poder Judicial por las decisiones de liberar internos.

Se trata de 10 intervenciones de obra con tres nuevas unidades penitenciarias en diferentes penales. “Son pabellones nuevos que amplían penitenciarios existentes de la Provincia”, expresó Julio Alak. “El Gobernador tomó decisiones claras, como es regular la asistencia alimentaria. Desde 8 meses previos a la asunción del Gobernador no recibían alimentos”, dijo Alak y agregó: “Con la pandemia se volvió a agudizar una situación que ya era crítica el 12 de diciembre. El problema de las cárceles que se limita la cárcel en sí misma. Es un problema que sucede en el mundo”.  

Kicillof, en tanto, remarcó: “Tal vez nunca haya habido un incremento tan grande en la capacidad carcelaria de la Provincia. Vamos a ampliar 1350 plazas, hoy podemos decir eso. Dicho eso, lo que le compete al Poder Ejecutivo son las condiciones de detención, las condiciones en los penales”.

El Gobernador dejó fuertes definiciones sobre la polémica desarrollada alrededor del Gobierno provincial debido a las decisiones judiciales que otorgaron prisiones domiciliarias múltiples. El mandatario desmintió, una vez más, la “campaña falsa” –por parte de los medios de comunicación- para adjudicarle “al Gobierno la liberación de presos”.

“No solo tiene el efecto de dañar y generar polémica con el Gobierno, sino que genera duda, angustia y dudas en el conjunto de la población que está haciendo un esfuerzo enorme por quedarse en su casa”, dijo Kicillof y agregó: “Quiero recordar que cuando iniciamos nuestro Gobierno recibimos una situación de emergencia en las cárceles. Recibimos una huelga de hambre de más de 15 mil internos. Eso fue resuelto rápidamente con las medidas que competen al ejecutivo. Después, las decisiones que ha tomado el Poder Judicial competen a ese sector”.

Asimismo, el Gobernador se refirió a los criterios de prisión domiciliaria y dejó en claro el desacuerdo del oficialismo con liberar a condenados por delitos graves. “Nos parece aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a quien comete un delito de gravedad. No solo no lo promovimos: no estamos de acuerdo. Pero el Ejecutivo no es el que tiene competencia en esas decisiones. Tiene que ocurrir por decisión del poder Judicial. Esperemos que la Suprema corte pueda revertir esta situación”, manifestó Kicillof.

Las miradas fueron apuntadas al Poder Judicial y, en particular, al procurador General, Julio Conte Grand. Cabe señalar que es ahora la Suprema Corte de la Provincia la que tiene en sus manos las quejas y apelaciones sobre las prisiones domiciliarias y deberá decidir si se “revierte” el estado de situación.