Luego de la muerte de siete jóvenes en una comisaría del municipio de Pergamino, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) exige que la Provincia se haga responsable y lanzó duras críticas a las pésimas condiciones que existen en los lugares de encierro, con hacinamiento y sobreencarcelación.

"La CPM responsabiliza al gobierno provincial por las muertes de 7 jóvenes privados de su libertad sucedidas esta tarde en la comisaría primera de Pergamino", dijeron a través de un comunicado. Frente a la "masacre" la Comisión "exige a la autoridades provinciales asumir su responsabilidad, ordenar una investigación profunda de los hechos y clausurar, de forma inmediata, todos los calabozos de las comisarías de la Provincia".

A partir de un motín el pasado jueves cerca de las 19 horas, perdieron la vida Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Claro, Juan Cabrera y Emanuel Fernando Latorre.

Además desde la CPM, calificaron a lo sucedido como "muertes anunciadas" y que "no son las primeras y se repetirán si no se adoptan medidas urgentes".

"Todas las personas detenidas están bajo custodia del Estado. Esto quiere decir que la muerte de cualquiera de ellas es responsabilidad directa de las instituciones que las tienen a su cargo. Esto es lo que ha sucedido aquí, agravado aún más porque lo que condujo a este lamentable hecho es una situación de deterioro generalizado ya conocido por las autoridades", sostuvieron.

Al referirse a los anuncios y emergencias lanzados desde la gestión de María Eugenia Vidal, la CPM fue crítica y señaló que "de emergencia en emergencia, la cuestión de fondo sigue sin ser considerada seriamente en la Provincia" y que "es necesario reconocer las causas reales que han llevado a este estado calamitoso a todos los lugares de encierro, sean cárceles, comisarías o centros para menores. Es este estado  de cosas el que habilita la violación sistemática y cotidiana de los derechos humanos y no produce ningún aporte serio al mejoramiento de la seguridad para nadie".

Finalmente y al momento de mostrar su punto de vista respecto a las medidas que deberían implementarse, la CPM dijo que  se debe "democratizar las fuerzas de seguridad que violan sistemáticamente los derechos humanos; implementar la policía judicial para que la policía deje de detener arbitrariamente, armando causas judiciales en su accionar de regulación del delito en los territorios; darle verdadera autonomía a la defensa pública para que pueda intervenir en igualdad de condiciones con las fiscalías y crear, de una vez por todas, el mecanismo provincial de prevención de la tortura, a fin de controlar externamente a las fuerzas".