La Defensoría lleva a la Justicia el tarifazo de Vidal
El organismo provincial apuntó contra la Gobernadora por el tarifazo que dejó a modo de despedida
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino se presentó este martes en la Justicia para pedir la nulidad del aumento de las tarifas de luz que habilitó la gobernadora saliente María Eugenia Vidal, para aplicarse a partir de enero.
El planteo de nulidad fue realizado en el Juzgado Contencioso Administrativo N°4 de La Plata, donde se planteó que no se de lugar a la resolución de la Gobernadora al cual el organismo conducido Lorenzino consideró de "manifiesta ilegalidad y arbitrariedad", al tiempo que genera un grave daño a los habitantes de la Provincia.
En este marco, desde la Defensoría cuestionaron a Vidal por "habilitar un aumento que se aplicará cuando ya no estén en el gobierno", al tiempo que Lorenzino consideró que la decisión “responde nuevamente a la forma que tienen de analizar las tarifas como si estuvieran sometidas a las leyes de mercado, cuando en realidad se trata del pago de una contraprestación por la utilización de un servicio público esencial”.
En este marco, desde la Defensoría cuestionaron a Vidal por "habilitar un aumento que se aplicará cuando ya no estén en el gobierno", al tiempo que Lorenzino consideró que la decisión “responde nuevamente a la forma que tienen de analizar las tarifas como si estuvieran sometidas a las leyes de mercado, cuando en realidad se trata del pago de una contraprestación por la utilización de un servicio público esencial”.
Vale recordar que, al otro día de su derrota frente a Axel Kicillof, María Eugenia Vidal firmó una resolución para autorizar a las empresas distribuidoras del servicio eléctrico, a un nuevo aumento, que esta vez ronda el 25% en promedio.
De esta forma autorizó a las empresas de Rogelio Pagano -uno de los empresarios que más se beneficio con el macrismo- Edelap, Edea, Edes y Eden y unas doscientas cooperativas eléctricas, a avanzar a partir de enero del 2020 con un nuevo cuadro tarifario, según detalla la resolución firmada por el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante.