A través de la Resolución 122/2018, la secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Javier Iguacel, determinó ayer que las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires deberán hacerse cargo de la tarifa social de luz desde el 1° de enero de 2019. Las tarifas sociales se sostienen con aportes del Tesoro Nacional, pero el gobierno de Mauricio Macri resolvió delegar esa responsabilidad a las provincias para poder alcanzar una reducción del rojo fiscal del gobierno nacional.

La medida afecta en el Conurbano bonaerense al 28% de los usuarios de Edenor y Edesur. Además habrá aumentos de tarifas de luz y gas durante el mes de septiembre por la disparada del dólar. Iguacel afirmó hace tan sólo unas semanas que la generación de energía “nos cuesta el doble de lo que estamos pagando”.  

Y explicó: “La luz y el gas tienen tres componentes en la factura. Uno que es la energía en sí misma (producir); el otro es el transporte y otro la distribución. Del transporte y la distribución ya las tarifas ya están corregidas, ya no hay más aumento salvo la corrección por inflación. Que es la mitad de la boleta”.

En el texto publicado ayer en el Boletín Oficial (que se publicó con al menos 6 horas de retraso) se establece que “a partir del 1 de enero de 2019, el régimen de Tarifa Social para los beneficiarios que se encuentran domiciliados en las distintas jurisdicciones del servicio público de distribución de electricidad, será aplicable por los mecanismos que se instrumenten en cada una de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a dicho régimen y que involucrará la asunción de su financiamiento y la coordinación con los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución de cada jurisdicción, los respectivos entes reguladores locales y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)”.