Oficialismo y oposición en la pulseada por los casos de violencia institucional
Al caso de Lucas González en CABA se pliega la muerte de Alejandro Martínez en una comisaría en San Clemente
En medio de las discusiones por el asesinato de Lucas González en manos de la policía de CABA, en Provincia las miradas apuntan también a la muerte de Alejandro Martínez, ocurrida en una comisaría de San Clemente. Ambos casos de violencia institucional se convirtieron en motivo de acusaciones mutuas entre oficialismo y oposición tanto en territorio porteño como bonaerense.
Mientras el Frente de Todos porteño exige que se avance en la investigación sobre los policías involucrados en la muerte de González, ocurrida en el barrio porteño de Barracas –y en cuya trama ahora se suma la sospecha de una posible red de tareas delictivas entre policías y funcionarios de la Ciudad-, ahora también desde la política piden explicaciones sobre la muerte de Martínez.
Fue la legisladora macrista Flavia Delmonte quien presentó un proyecto de solicitud de informes para que “de manera urgente y por escrito” se detallen “las medidas llevadas a cabo con los funcionarios y efectivos involucrados en la detención y traslado desde el hotel Fontainebleau hasta la dependencia policial”. El escrito se refiere a las circunstancias en las que Martínez fue detenido por “disturbios” en un hotel y llevado a la comisaría 3ra de San Clemente, donde fue hallado muerto.
En ese marco, Delmonte apuntó a la gestión bonaerense y al ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien días atrás había declarado tener “dudas” sobre las versiones de violencia policial. “Las declaraciones del Ministro Sergio Berni no sólo son desafortunadas, sino también improcedentes, poniendo en duda el resultado que arrojó la autopsia. Pareciera que el poder político busca juzgar y hasta entorpecer el desempeño de la Justicia”, señaló la legisladora radical.
Mientras tanto, en territorio porteño el FdT apunta a Horacio Rodríguez Larreta, a quien le demandan que brinde aclaraciones sobre el modo de operar de las fuerzas policiales metropolitanas. Fue ayer al mediodía cuando los legisladores Leandro Santoro y Victoria Montenegro se presentaron en los tribunales de Comodoro Py, para formalizar una denuncia sobre la presunta existencia de una asociación ilícita entre policías y funcionarios de la ciudad, con el objetivo de extorsionar, encubrir y exigir coimas a vendedores ambulantes y migrantes.
La presentación de Santoro y Montenegro se basó en una reciente investigación sobre el tema, publicada en el diario Clarín. En ese sentido, ambos referentes del FdT pidieron que se investigue para corroborar este presunto modus operandi de sectores de la policía de CABA.