Este jueves, referentes de asociaciones civiles entregaron una nota a la presidenta de la  Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado de la Provincia de Buenos Aires, Gabriela Demaria para pedir que se inicie una investigación formal sobre la “Revisión Tarifaria Integral 2017-2022” y aseguran que tuvo “una clara intencionalidad de beneficiar al sector empresarial, en perjuicio de los usuarios”.

El pedido se basa en una evaluación de la propia Subsecretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires que elaboró un “Informe de Revisión RTI 2017-2022”. De allí se desprende que el análisis realizado durante el gobierno de María Eugenia Vidal  se llevó adelante “con información insuficiente y con ausencia de análisis técnicos”, aseguraron desde las asociaciones de consumidores.

Además, agregaron que la revisión integral que comenzó en 2017 “se orientó a incrementar los ingresos reconocidos a las distribuidoras”. Pero los aumentos en las tarifas no es lo único que cuestionan, sino que señalaron la falta de obras de inversión. “También sobresale la ausencia de un cronograma de ejecución de obras pautadas y de procedimientos sancionatorios en caso de incumplimiento de las mismas”, destacaron los representantes de consumidores en la nota presentada ante del Senado.

“A nuestro entender, existió por parte del estado provincial una clara intencionalidad de beneficiar al sector empresarial, en perjuicio de los usuarios del servicio público de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires”, sostuvieron en el texto.

Rafael Irigoiti es uno de los firmantes por la Federación de Instituciones de La Plata y es presidente del Club Deportivo Villa Elisa. En conversación con Diagonales, aseguró que la Revisión Tarifaria Integral 2017-2022 significó, en el caso de los clubes de barrio "llevarlos casi a la quiebra".

"No hubo punto intermedio, muchas instituciones terminaron cerrando y otras pudimos subsistir gracias al apoyo de la gente y la buena voluntad", indicó.  "Lo que queremos es que haya una revisión de los acuerdos del gobierno de Vidal con las empresas prestadoras del servicio eléctrico", explicó. 

"Vidal se fue en diciembre de 2019 y cinco días antes de dejar el gobierno firmó un aumento para enero y otro en marzo de 2020, que después fueron suspendidos por el gobernador Axel Kicillof", recordó Irigoiti. 

La carta es firmada por 17 asociaciones civiles que se dedican a la defensa de usuarios y consumidores: Centro de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente (CESPMA), Consumidores Responsables, Defensa de Usuarios y Consumidores (DE.U.CO), Red Nacional de Multisectoriales, Asociación Civil para la Promoción y Difusión de los derechos e Inclusión Energética , Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Unión de usuarios y consumidores filial La Plata, Defensas consumidores de Saavedra. (DECOSA), Consumidores y usuarios del interior (COYUSIN) , Asociación civil Buena Gente (KUMEN CHE), Defensa de Consumidores y usuarios  , Asociación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores  (ADDUC), Federación Mutual para la defensa Organizada del Consumo (FE MUDECO), Centro de orientación al consumidor (CEODECO), Protección medio ambiente y consumidores (PROMACOM), Consumidores Argentinos y la Federación de Instituciones de La Plata.