El sistema carcelario bonaerense atraviesa desde hace décadas una situación preocupante. Ante las pésimas condiciones edilicias de los penales y las comisarías, la falta de alimentos e insumos básicos como colchones y frazadas, son varios los organismos que vienen advirtiendo por estas situaciones que violan los derechos humanos de las personas en situación de encierro. Los Defensores Generales Departamentales de la provincia de Buenos Aires aseguraron a través de un comunicado que hay alrededor de tres mil personas detenidas "en intolerables condiciones de hacinamiento" en comisarías provinciales.

Lo sucedido en la comisaría de Pergamino, donde siete detendidos perdieron la vida en un incendio tras un motín, es una muestra más de las pésimas condiciones en los lugares de encierro. En esa oportunidad, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había vuelto a poner foco en la responsabilidad del gobierno provincial ante lo sucedido y reclamó medidas urgentes.

Por su parte, en el comunicado de los Defensores Generales Departamentales sostuvieron respecto al caso "lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en la comisaría de Pergamino, en la que murieron siete personas detenidas asfixiadas y/o calcinadas a raíz de un incendio".

El año pasado, tras asumir como ministro de Justicia, Gustavo Ferrari lanzó junto a la gobernadora María Eugenia Vidal un ambicioso plan para mejorar el estado del sistema carcelario que proyectaba la construcción y ampliación de penales, cambio de autoridades y mayor inversión para paliar el caótico estado en que se encuentran las cárceles en la Provincia.

Además, en el comunicado se deja expresado que "la tragedia no fue en absoluto un hecho aislado, pues ningún detenido debería haber estado allí. El alojamiento de personas en comisarías constituye no sólo una patente violación de Derechos Humanos, sino la puesta en riesgo permanente de la salud, la integridad física y la vida de las personas allí alojadas, y de quienes los custodian".

Finalmente dijeron en cooncordancia con la CPM que "una vez más, y más allá de las acciones judiciales emprendidas y pendientes de resolución, a que se adopten urgentemente las medidas necesarias para evitar eventos semejantes, lo que importa necesariamente la inmediata prohibición del alojamiento de detenidos en comisarías