La Justicia comienza a moverse para tratar de dilucidar qué fue lo que ocurrió durante la campaña del 2015 de Cambiemos en territorio bonaerense. Es que ya lo venía haciendo con la del 2017 a partir de la investigación del periodista Juan Amorín, pero producto de la feria judicial no se avanzaba con el escándalo que descubrió Diagonales sobre la campaña presidencial, donde figuraban listas completas del ahora oficialismo 83 municipios "aportando" dinero a la campaña en sumas que iban desde los 50 mil pesos hasta los 13 mil pesos. 

Ahora parte importante de las investigaciones sobre los aportantes truchos se instalan en los tribunales de La Plata. El juez federal Ernesto Kreplak abrió ayer una nueva causa para analizar las donaciones para la elección presidencial de 2015 en territorio bonaerense; en otro expediente ya tenía con anterioridad bajo la lupa los aportes a la campaña legislativa de 2017. 

En las dos campañas de investigan posibles delitos como asociación ilícita, violación de secretos, falsificación de documentos y lavado de dinero. La gobernadora María Eugenia Vidal está bajo la lupa y cada vez más complicada. Así como también varios de los señalados en la cadena de responsabilidades partidarias. 

 Cabe señalar que el juez Kreplak ahora tramita dos causas. En una investiga posibles delitos derivados de aportes truchos a la campaña legislativa 2017 en la provincia de Buenos Aires, en base a una denuncia de la senadora María Teresa García (Unidad Ciudadana-Frente para la Victoria). Y en la otra, que inauguró ayer con una denuncia de la diputada Florencia Saintout (UC-FpV-PJ), apunta a la campaña 2015.

En un principio, los mecanismos utilizados en ambos casos serían distintos. En la investigación de la campaña del 2015 -tal como constató este portal- Cambiemos aún no estaba en el poder, por lo que utilizaron listas completas de ex candidatos a intendentes, concejales y consejeros escolares en 83 localidades bonaerenses. En el caso de la del 2017 -como reveló Amorín- con el espacio político liderado por Macri ya en el poder, se habría usado bases de datos vinculadas a asignaciones o planes sociales, para utilizar los nombres de los beneficiarios.