La muerte de la agente de tránsito porteña Cinthia Choque puso de relieve la precarización laboral de los empleados públicos bajo la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Cinthia no gozaba de aguinaldo ni tenía ART, cobraba un salario por debajo de la línea de pobreza y estaba contratada como monotributista pese a que cumplía horarios y responsabilidades propias de una relación de dependencia. Lo que se dice un fraude laboral.

La misma situación alcanza también a los estatales del Ejecutivo que conduce María Eugenia Vidal. Según informaron a Diagonales desde ATE Provincia –el gremio mayoritario del sector–, sólo en la Administración Provincial (no se tiene en cuenta los municipios) hay por lo menos unos nueve mil trabajadores públicos precarizados.

El número se compone de cinco mil trabajadores bajo la modalidad de “contrato autónomo”, un sistema creado por la gestión de Vidal para importar el modelo de monotributistas de la Ciudad de Buenos Aires; a los que se suman otros dos mil trabajadores “becados” a través del PNUD en el ministerio de Salud y “otros 2 mil repartidos entre el Ministerio de Educación y la administración en general”, según afirmó a Diagonales el secretario general de ATE Provincia, Oscar De Isasi.

El “contrato autónomo” fue creado por la Ley de “Emergencia administrativa y tecnológica” promovida por la gobernadora a inicios de su gestión, en 2016. “Es un contrato basura, una relación de dependencia encubierta. Se trata de trabajadores que cumplen entre 6 y 9 horas diarias, pero en el contrato no se estipula un horario. Además, le facturan al Estado”, describió a este medio Martín Fontela, director del Instituto de Estado y Participación (IDEP) de ATE.

Según contaron a Diagonales, los contratos autónomos se reparten entre la Dirección General de Cultura y Educación (unos 800 trabajadores), el Ministerio de Infraestructura (otros 520), la Jefatura de Gabinete (470) trabajadores y el IOMA (360 trabajadores).

En mayo de este año, se desató un conflicto porque vencía el plazo de la “emergencia” que establecía la ley, por lo que los contratos se caían automáticamente y los 5 mil trabajadores quedaban en la calle. Finalmente, el sindicato logró extenderlo, pero sólo hasta diciembre de este año, por lo que el problema lo heredará un hipotético gobierno de Axel Kicillof. Según trascendió, la actual gobernadora apenas dejará en caja fondos para dos meses de sueldo.

“Con Vidal incluso tuvimos un retraso en el ritmo de pase a planta permanente que venía de la gestión anterior. Han ido incumpliendo los compromisos, a los que sólo accedieron ante las medidas de fuerza”, describió De Isasi. Mañana, ATE volverá a marchar en reclamo de la reapertura de la paritaria. "Nuestro salario retrocedió un 50 por ciento respecto de 2015", aseguró. 

Según el último informe del Ministerio de Trabajo, la Provincia cuenta 675 mil trabajadores estatales, 40 cada mil habitantes, el promedio más bajo del país. El número tiene en cuenta, de todas formas, la enorme planta de docentes, médicos y efectivos de la Bonaerense y todos los organismos descentralizados que la provincia despliega en los municipios.

La realidad a nivel municipal tampoco escapa a la precarización. Durante la última “marcha de los chalecos” de los agentes de tránsito porteños, un grupo de trabajadores de la misma área pero de Quilmes se acercaron a mostrar solidaridad. De los 100 agentes del cuerpo, 50 trabajan bajo contratos que se renuevan cada tres meses.