EDELAP acumula multas millonarias y podría recibir nuevas sanciones por cortes en plena pandemia

Entre el 22 y el 26 de junio del año pasado, unos 50000 vecinos de las localidades de Gonnet, City Bell, Villa Elisa, Villa Castells y zonas aledañas sufrieron la interrupción del suministro de energía eléctrica, producido por una falla en la estación de alta tensión de City Bell. El caso generó repercusiones de todo tipo, denuncias de la Defensoría del Pueblo, un supuesto pedido del Intendente Julio Garro para que se le quitase la concesión a la empresa, y hasta una denuncia penal contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el titular de EDELAP Rogelio Pagano, el ex ministro de infraestructura Roberto Gigante, y al ex titular de OCEBA Jorge Arce. Un año y un mes después, las respuestas siguen a oscuras: la empresa no sólo se niega a pagar la deuda acumulada por semejante “apagón”, sino que, de acuerdo a fuentes consultadas por Diagonales, podría afrontar nuevas sanciones a partir de los cortes que se produjeron estas semanas, en plena pandemia, en el oeste del municipio.

La Defensoría del Pueblo estimó en 2019 pérdidas por 961 millones de pesos  para las familias y comercios afectados por el corte, e inició una demanda colectiva en la Justicia. Para ese cálculo se tomaron en cuenta tres factores: la pérdida de alimentos no refrigerados, la estimación promedio de daño por electrodomésticos y el lucro cesante más la pérdida de mercadería. Una primera resolución judicial obligó a la empresa a emitir dos facturas en cero, pero un mes después se acumulaban las denuncias sobre el incumplimiento de EDELAP en la segunda facturación. Frente a la demanda por una indemnización extraordinaria en base al cálculo mencionado, la Defensoría y EDELAP se encontraron en una audiencia de conciliación. El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, expresó luego de ese encuentro que la empresa no mostró voluntad de escuchar ni de indemnizar a los afectados, y que no protestaría las sanciones que le impusiera el OCEBA. Tiene sentido si se considera el grado de connivencia que en ese momento tenía el organismo de control con las empresas a las que debía controlar. Nos referiremos a esto más adelante.

Lo cierto es que el OCEBA informó el 26 de septiembre una sanción a EDELAP con una multa complementaria de $ 228.832.494,01 que luego terminaron siendo $ 203.647.464,86. La Resolución es la N° 46-2020, porta la firma de Jorge Arce, y fue promulgada el cinco de febrero pasado.  La respuesta de la empresa fue manifestar que el pago de esa multa le ocasionaría daños irreparables, y extorsionar a la población argumentando que se afectaría el interés público al no poder garantizar el suministro del servicio. Luego consiguió una cautelar en la Justicia que finalmente quedó sin efecto, lo cual dejó a la distribuidora eléctrica en la situación de tener que hacerse cargo de su deuda con los usuarios.

Ante la caída de la cautelar, las nuevas autoridades de OCEBA intimaron a EDELAP a que pagara las indemnizaciones y realizara las obras definitivas en la estación de City Bell. Altas fuentes de OCEBA le confirmaron a Diagonales que la empresa respondió a esa intimación, y que la cuestión quedó a resolver, con posibles anuncios en el corto plazo.

UN TRANSFORMADOR PARA TRES BARRIOS

Lamentablemente esta es una problemática que no puede contarse en tiempo pasado. En plena pandemia, en pleno invierno, los cortes de luz se suceden permanentemente y los más afectados son los barrios populares. Desde OCEBA confirmaron que el organismo realizó nuevas intimaciones a EDELAP por cortes recientes, pero la situación no muestra horizontes de solución a la vista.

Un ejemplo el del Cristo Rey. El barrio pertenece a Melchor Romero, y sus vecinos vienen denunciando reiteradamente la instalación de un trasformador en el mismo, ya que actualmente comparten uno con los barrios vecinos de Santa Rosa y Petroquímica. Un transformador para tres barrios que, lógicamente, no llega a abastecerlos debidamente y genera permanentes cortes y bajas de tensión. “Fuimos a EDELAP y nos dicen que no pueden entrar al barrio si el Municipio no los habilita; del Municipio dicen que EDELAP es una empresa privada y que les corresponde a ellos hacer las obras. Se patean la pelota entre  ellos y no dan soluciones”, expresó a Diagonales una vecina del barrio. “El transformador explota cada dos días porque no da abasto, o se queman los cables; de la empresa vienen, cambian los carbones o cables y se van, y los pocos días tenemos el mismo problema. En mi casa no puedo prender la luz de la cocina y el baño juntas, para prender la tele tengo que apagar las luces... y olvídate detener electrodomésticos automáticos, porque con la baja tensión no andan, o se te queman”, agregó.

El problema es más grave si se tiene en cuenta que el barrio se abastece de agua con dos bombas eléctricas que dejan de funcionar con la baja tensión o directamente se queman. Difíciles condiciones para enfrentar una pandemia en la que la posibilidad de higienizarse hace la diferencia. Pero esto no es nuevo. Diagonales accedió a presentaciones de los vecinos y las organizaciones del barrio ante la Municipalidad y la empresa exigiendo una solución que datan de 2013, 2017, 2018, frente a lo que las autoridades no pueden aducir no estar informadas de la situación. Aún más, en lo que va de la pandemia, se realizaron al menos cuatro reclamos en la vía pública, el  último de ellos el pasado lunes frente a la Municipalidad. Apenas les recibieron una nota por mesa de entrada. OCEBA, por su parte, recibió a los vecinos el martes para tomar cartas en el asunto ante la inacción municipal y de la empresa.

“Cuando hay un corte y se te quema algo, no recibís nada porque dicen que no tenemos los medidores; pero nosotros queremos que los instalen, lo venimos pidiendo, y tampoco nos dan una respuesta, entonces es como un encierro sin salida”, dicen en el barrio. “Si esto sigue así, en algún momento van a generar un conflicto entre vecinos. Por suerte nos llevamos muy bien con los vecinos de los barrios linderos, pero es lógico que si conectar nuestro barrio al transformador de ellos genera que explote cada dos días, en algún momento eso pueda generar problemas”. El drama de la situación habla por sí solo y no hace falta sumar adjetivaciones. Los responsables políticos y empresariales le deben a los vecinos una solución urgente. Hace mucho.

La situación no es exclusiva del Cristo Rey. Diagonales relevó situaciones similares en los barrios Savoia, Arana, Villa Elvira, y otros. Los sectores populares de La Plata continúan siendo los más postergados por quienes deben garantizar sus derechos, y así quedan más expuestos que nadie a los efectos de la pandemia.

GARRO: DENUNCIAS DE BAJO VOLTAJE

Con semejante escándalo a semanas de las PASO del año pasado, Garro tuvo que salir a jugar fuerte. Así fue que, con el corte aún sin resolverse, el Intendente se sumó a una presentación ante el OCEBA y anunció a viva voz que pediría que le quiten a la empresa la concesión del servicio. En ese momento, argumentó que se evidenciaba “una clara falta de inversión que perjudicó a miles de hogares”, y que era “inadmisible lo que están viviendo los vecinos de la ciudad, y esto es plena responsabilidad de EDELAP”. Días después, presentó una denuncia penal en la Justicia contra la empresa, acusándola de estrago culposo y negligencia en el suministro del servicio público. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, resonaron sus dichos que llegaron hasta los medios de alcance nacional. Pero aún no han llagado para EDELAP esas consecuencias, y los usuarios siguen esperando.

También pesa sobre la empresa la denuncia penal efectuada en la UFI N°15 de La Plata por el Diputado Provincial del Frente Renovador Jorge D´Onofrio. La misma acusó de estrago tanto a los directivos de EDELAP como a las autoridades políticas de control, comenzando por el ex titular de OCEBA Jorge Arce, y escalando en la pirámide hasta llegar a la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, quienes también fueron acusados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Tampoco llegaron las consecuencias de estas acusaciones, mostrando una vez más que la Justicia no se mueve a la velocidad de la luz cuando se trata de juzgar a los poderosos.

LA RENOVACIÓN DE OCEBA

El organismo de control de energía eléctrica de la Provincia viene de una gestión que provocó múltiples polémicas por su inacción para controlar a las empresas eléctricas y garantizar los derechos de los usuarios. En plena etapa de tarifazos, las ganancias empresariales se dispararon, las inversiones siguieron tan atrasadas como siempre, y las prestaciones de servicios empeoraron o, como mínimo, no acompañaron ni de cerca el crecimiento de las recaudaciones. El nuevo gobierno provincial relevó a las autoridades del organismo e instaló un nuevo directorio, que esta semana denunció las múltiples irregularidades con las que se encontró al asumir. Deudas impagas, como los tres meses que se debían del alquiler del inmueble donde funciona la sede central en calle 56 Nº 535; subfacturación de una tasa de fiscalización y control que las empresas distribuidoras pagan por ley para garantizar el funcionamiento del organismo, y que se estaba cobrando solo en un 40%, regalándole a las empresas el 60% de esa recaudación; recortes en auditorías comerciales y técnicas; escaso desarrollo informático y tecnológico que generó la imposibilidad técnica de realizar mejores controles, y dejó más de 950 expedientes sin resolución por no haber sido ingresados al sistema electrónico bonaerense, son algunos de los aspectos destacados por las nuevas autoridades.

Desde el interior del organismo le expresaron a Diagonales que se encontraron con una situación de recursos insuficientes para lograr un despliegue territorial que permita abordar correctamente las múltiples problemáticas en la prestación de servicios por parte de las empresas. Manifestaron incluso que se reciben muchas menos denuncias de las que podrían recibirse, por el sencillo hecho de que el organismo no alcanza a llegar a los territorios como debería, y no es tomado como una referencia por la mayoría de los vecinos a raíz de años de inacción y connivencia con las empresas a las que debía controlar. Las nuevas autoridades manifestaron como un objetivo central el lograr una presencia territorial que instale al organismo como un actor al cual los vecinos puedan recurrir con mayor facilidad.

El reciente reclamo de un grupo de Intendentes por las deficientes prestaciones de la empresa EDESUR, que derivó en pedidos para que le revoquen la concesión a la empresa, sumado a todo los descrito sobre la situación de EDELAP, pone con fuerza en agenda la necesidad de soluciones urgentes frente a los desmanejos de las empresas eléctricas de la provincia. En plena pandemia y con las enormes dificultades que representa, miles de vecinos y usuarios aguardan respuestas que, por ahora, siguen a oscuras.