Los incontables despidos experimentados durante poco más de dos años de presidencia “tardoliberal” macrista, y el incremento consecuente de la desocupación abierta, constituyen uno de los ejes nodales de la gestión, netamente pro-empresarial, de la alianza económico-corporativa gobernante. La defensa a ultranza de los intereses capitalistas privados, nacionales y extranjeros, determina -indisimuladamente- el vuelco exclusivo de sus medidas políticas en aras del aumento del beneficio desmedido de los sectores empleadores, o “patronales”. El crecimiento de la masa de desocupados genera las condiciones propicias a la disminución de los niveles salariales de mercado y a un mayor disciplinamiento general de la población activa.

A mediados del año pasado cerca de 120.000 empleados ya habían sido cesanteados en la Argentina, resultando las Pequeñas y Medianas Empresas aquellas que despidieron personal en magnitud superior, mientras que este proceso regresivo se manifestó en tanto en los ámbitos privado como público, lo cual acarrea una desintegración gradual del entramado social; por otro lado, las suspensiones ocupacionales alcanzaron aproximadamente las 130.000 personas a 18 meses de la asunción de “Cambiemos”. De este modo, el número total de empleados administrativos y operarios fabriles, despedidos o suspendidos, rondaba los 250.000 trabajadores, en solo año y medio de administración pública privatista, y corporativo-gerenciadora.

La involución de los indicadores de las inserciones ocupacionales continúa, con pequeños “zigzagueos”, hasta el presente, bajo un contexto ampliado de degradación potenciada de las condiciones del mercado laboral. Así, al “paro obligado directo” es preciso adicionarle el subempleo, la fragilidad “contractual”, inestabilidad, precarización, inseguridad, el desamparo socio-previsional, la “flexibilización legal” o fáctica (de hecho), el trabajo no registrado o en negro la tercerización económico-productiva, el debilitamiento sindical, la subcontratación de monotributistas, etcétera. Ello configura en su conjunto una proclividad unívoca al desmantelamiento del sistema de seguridad social, que incide en la destrucción de los regímenes jubilatorios, de pensiones, y de aportes a la población más vulnerable, marginada o excluida, y justamente en un marco de pauperismo e indigencia.

Además de haber dejado librado al arbitrio y discrecionalidad de las leyes mercantiles, eufemismo que oculta la codicia irrefrenable del capital privado, la estrategia de reajuste o “achicamiento estatal” provoca, ininterrumpidamente a la fecha, cesantías por clausuras de funciones en los ámbitos de las salud y educación públicas, del abastecimiento mínimo de la infraestructura tecnológica y la defensa nacional, de las políticas sociales -otrora universales-, de los programas “asistencialistas focalizados”, etcétera.

Solo como prueba, sumamente restringida por falta de espacio, cabe mencionar el despido de empleadas de la Secretaría de Integración Social y Urbana (GCBA), dedicadas al proyecto de urbanización de los asentamientos demográficos paupérrimos denominados “Villas 31/bis”; el cierre de la fábrica azuleña (Buenos Aires) de Fabricaciones Militares, que arroja 220 trabajadores echados; 130 despedidos sin causa justificada y sin notificación oficial en SENASA; 120 miembros del personal del Hospital Posadas (GBA) expulsados; cerca de 30 cesanteados en el Ministerio de Ambiente de la Nación; vaciamiento de la TV Pública…

Corresponde señalar que, más allá de que la mayor sangría de mano de obra de FM (Ministerio de Defensa) se concretó en Azul, esta empresa estatal redujo personal en sus cinco plantas y en su sede central; asimismo no renovó 354 contratos de los 1.674 vigentes hasta ahora, y mantendría unos 1.700 empleados, contabilizando su planta permanente, o fija, y también sus agentes contratados y estables.

La Asociación de Trabajadores Del Estado, ante la recurrente y sistemática promoción del “ajuste del gasto público”, impulsada desde el Ministerio de Modernización, repudió “los 1.200 despidos y cesantías generados en las dependencias públicas, efecto de la tercera reforma estatal y del pacto firmado por el Ejecutivo con los gobernadores". En la esfera privada, las firmas mayormente perjudicadas por la refinancierización de la economía y las medidas desindustrializadoras resultan ser las PyMES, la cuales han mermado, enormemente, sus parámetros de “productividad y competitividad”; este descalabro derivó en el cierre de una media de cientos de ellas, por jornada laboral, en el transcurso del año pasado.

*Posdoctorado Humanidades [FFyLL-UBA], Dr. Ciencia Política [UGR-España], Lic. Sociología [FFyLL-UBA]