El calendario marca un nuevo 8 de marzo y la fecha nos interpela a pensar: ¿hemos logrado cerrar las brechas sociales, políticas y económicas entre mujeres y varones? A pesar de los  avances conquistados en los últimos años (por ejemplo la sanción de la ley de paridad, la instalación de la violencia contra las mujeres como un tema central de la agenda pública, o la media sanción al proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito), es evidente que si en lo que va del año Argentina registró medio centenar de femicidios falta todavía mucho camino por recorrer. Pero entonces, ¿qué obstáculos perpetúan e impiden el avance de los derechos de las mujeres y su acceso pleno? Las barreras a la igualdad responden en gran medida a la permanencia de factores estructurales que cercenan las posibilidades de las mujeres para lograr un proyecto de vida autónomo y libre de violencias y discriminación.

Uno de esos factores es la desigual distribución de las tareas de cuidado y el trabajo doméstico que recaen mayoritariamente sobre las mujeres, ya sea a cambio de un salario (en empleos vinculados al cuidado) o de manera no remunerada en los hogares. En relación a este último, y a nivel mundial, las mujeres realizan tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado. Esto  ocurre por un conjunto de factores concurrentes entre ellos la división sexual del trabajo y los mandatos culturales que históricamente les asignan a las mujeres el trabajo reproductivo, la  deficiente estructura de servicios de cuidado, y el déficit de otras políticas públicas como un adecuado régimen de licencias y transferencias monetarias.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ningún país del mundo registra una prestación de cuidados no remunerada igualitaria entre hombres y mujeres. Argentina no es una excepción. En nuestro país, según el INDEC, las mujeres realizan el doble del trabajo no remunerado que los varones dedicándoles en promedio 6,4 horas diarias a las actividades domésticas, mientras que los varones le dedican 3,4 horas diarias. Esta sobre exigencia es conocida como la doble jornada laboral y limita las posibilidades de las mujeres que relegan su salud, su ocio y sus proyectos educativos y laborales por la atención y el cuidado de sus familias. La situación se agrava para las mujeres de menores niveles educativos y/o ingresos. La desigualdad de género se concatena entonces con desigualdad de clase y otras formas de discriminación como la edad, la orientación sexual y las responsabilidades familiares.

Estas desigualdades en las cargas de cuidado explican también en gran medida, por qué las mujeres, lesbianas, travestis y trans están más expuestas a la desocupación, la informalidad en el empleo y el trabajo a tiempo parcial. Dado que cuentan con menos acceso a ingresos propios y están más expuestas a la pobreza (están sobre-representadas en los quintiles de menores ingresos) dependen en mayor medida de los servicios públicos de salud y educación, y de otras transferencias y prestaciones de la seguridad social, especialmente en la vejez.

Desde una perspectiva de género, ninguna política económica, tributaria o fiscal es neutra en términos de su impacto entre varones y mujeres. En Argentina, el presupuesto destinado al pago de deuda viene aumentando en los últimos años en desmedro de políticas públicas de impacto social y aquellas destinadas a garantizar los derechos de las mujeres. Un ejemplo de ello es que el Instituto Nacional de las Mujeres, organismo rector de las políticas de género, tiene asignado para el ejercicio 2019, un 15% menos que en 2018. Además, el recorte fiscal sobre la prestación de servicios de educación y cuidado en la infancia agrava la sobrecarga de cuidado sobre las familias y profundiza la desigualdad.

Lograr una distribución igualitaria del cuidado requiere entonces acciones urgentes, profundas y estructurales ya que el esquema actual agravado por las políticas de ajuste se constituye en un vector de reproducción de desigualdades y de vulneración de derechos. Este 8 de marzo exijamos estas transformaciones para lograr colectivamente derribar las barreras a la igualdad de género.

*Socióloga. Responsable del área de Políticas de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género)