El discurso del presidente Macri en la inauguración de las sesiones legislativas anunció la apertura de una agenda social novedosa y, sobre todo, dio luz verde a la discusión sobre la posible despenalización del aborto. Allí comenzó uno de los deportes preferidos de los argentinos: dividirnos fanáticamente unos contra otros, en este caso, además, en torno a la posible sanción de una ley en el Congreso nacional.

De un día para otro, el escenario público quedó cristalizado entre dos sectores que comenzaron a cruzar las peores acusaciones posibles: de un lado quedaron los mata bebés (argumento que esgrimen los que quieren continuar con la penalización del aborto) y del otro, los asesinos de mujeres pobres (argumento utilizado por algunos de los que abogan por terminar con la penalización del aborto).

Como ya estamos acostumbrados, todo aquel que trata de salir de la dicotomía maniquea que enfrenta a “buenos vs. malos” enseguida es tachado de alguna de ambas cosas o, incluso, de varias más. Otra vez, un debate necesario, y que se recorrerá por carriles institucionales, es expresado en la discusión pública en los términos impuestos por los voceros más radicales.

Más que los efectos reales que logrará el triunfo de una u otra postura, ante todo, se busca la derrota total del adversario y que esta circunstancia quede claramente expuesta ante la opinión pública. Luego, más allá de quien consiga más votos en el Congreso, podrán viajar por el mundo, con el pasaje pagado por el Vaticano o alguna ONG progresista, explicando la importancia y la originalidad del caso argentino.

En la historia de nuestro país esto no es una novedad y se presenta en aspectos que se repiten una y otra vez y que se pueden sintetizar en dos rasgos generales. El primero de ellos es la existencia de situaciones de empate político recurrente, esto es, escenarios polarizados donde los grupos enfrentados tienen más poder para arruinarles las intenciones a los otros que para concretar las propias. Aun así, cada uno va por el triunfo total y absoluto sin mediar instancias de negociación.

La segunda característica mencionada es que Argentina fue (y es) una sociedad que le ha dado la espalda permanentemente al cumplimiento de la ley. La vida social y política ha hecho un culto de las llamadas instituciones informales, al punto que éstas han sido (y aún siguen siendo) tan importantes como las formales, que son las escritas y codificadas en diversos cuerpos normativos sancionados legalmente. Paradójicamente, planteamos sordos enfrentamientos en torno a leyes que, pasado el momento de pelea política, pueden ser fácilmente eludidas.

Al mismo tiempo, existe una distribución desigual de la información y acceso a servicios públicos de calidad en detrimento de los sectores más desfavorecidos socioeconómicamente más allá de lo que diga la ley (y la Constitución nacional) que forma parte ineludible del contexto en que esa ley deberá implementarse. 

Basta recordar ejemplos cercanos, como la famosa Resolución 125 del año 2008, que originó el conflicto del campo y la –no menos célebre– Ley de medios sancionada poco tiempo después, durante el año 2009.

Al mismo tiempo, y contrariamente a lo que se afirma en forma insistente, la mera sanción de la ley de despenalización no dará las respuestas esperadas si no es acompañada de una serie de acciones e iniciativas integrales que deben encarar el Estado nacional y también los provinciales. Pero además necesitará de escuelas, hospitales y diversas organizaciones de la sociedad civil (medios de comunicación, sindicatos, ONG, etc.).

Los debates que se plantean en forma polarizada, buscando el golpe de efecto con el solo fin de derrotar al rival, no producen buenas leyes y, en muchas casos, tampoco instrumentos legales duraderos o efectivos. Esto ya lo sabemos porque, por ejemplo, a más de 10 años de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, según especialistas y la misma evaluación de la UNESCO, aún falta mucho para su –al menos– parcial implementación en todo el país.

En el caso que una u otra posición sea la triunfadora en el Parlamento, constituirá la victoria de uno de los bandos y la derrota total del otro, sin medias tintas. Esto será así hasta que la correlación de fuerzas varíe o, de permanecer así, se pondrán todo tipo de impedimentos formales e informales para su implementación.

En caso de ganar la despenalización, además del largo camino de apelaciones judiciales, la práctica también será un arduo trecho. Si bien el Código Penal es uno solo y de alcance nacional, cada provincia podrá elaborar protocolos de aplicación (que en algunos casos, probablemente, serán kafkianos) y también dar lugar a los objetores de conciencia (es decir, a los profesionales que quieran ser exceptuados de practicar abortos por sus creencias). Hecha la ley, hecha la trampa, un clásico argentino.

En algún momento habrá que mirar para atrás y analizar los resultados que hemos obtenido con este tipo de enfrentamientos a la hora de construir políticas de Estado. No es racional pensar que haciendo siempre lo mismo podremos obtener resultados diferentes. Privilegiar la búsqueda de consensos y renunciar a la estrategia de ganar o perder todo en cada coyuntura conflictiva, puede llevar a avances más lentos, pero con pasos más seguros. 

*Historiador. Politólogo. Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA. Twitter: @fpedrosa