Explicar la presencia de conflictos sociales es, en parte, una redundancia. Las contiendas son inherentes a cualquier relación social; pero son además una característica particular de nuestras democracias contemporáneas, donde las acciones colectivas de oposición, reivindicación y/o autoafirmación son un recurso más de la política moderna. “Siempre hay buenos motivos para protestar”, se afirma. Sin embargo, no hay protestas todo el tiempo, ni son los mismos los actores que se manifiestan.

En las últimas décadas, la democracia argentina se ha vuelto particularmente permeable a la presencia de movilizaciones públicas por razones históricas complejas que remiten, entre otros factores, al proceso de heterogeneización de las clases sociales y sus diversas mediaciones político-sociales. En este escenario de transformaciones, la protesta ha sido un recurso político utilizado con frecuencia por distintos actores (desde desocupados hasta productores agropecuarios, pasando por familiares y amigos de víctimas en reclamo de justicia o los tradicionales sindicatos, entre muchos otros colectivos), apelando a múltiples formas de acción y con demandas específicas. Los conflictos son dinámicos y relacionales. Por esta razón, las luchas muchas veces han propiciado la aparición y/o articulación de nuevos sujetos políticos. Los ejemplos de la llamada “mesa de enlace” de 2008 o la histórica conformación de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), como organismo articulador de los trabajadores informales, muestran que las luchas sociales no sólo son un modo de interpelar a los poderes públicos, sino que también implican procesos de construcción de identidades colectivas en torno a experiencias de lucha y cooperación, demandas en común, antagonistas, etc.

Los conflictos durante los años de gobierno de Cambiemos muestran continuidades y rupturas con relación a la etapa previa. Por un lado, sujetos y demandas que venían acumulando organización y visibilidad continuaron con una alta presencia en las calles, como el movimiento feminista -su lucha por la interrupción voluntaria del embarazo y la pelea contra la violencia y desigualdad de género- y la ya mencionada CTEP, actor que logró la promulgación de la ley de emergencia social en 2016.

 Por otro lado, la alternancia producida en 2015 transformó los clivajes de la conflictividad: el centro de gravedad político ha rotado desde el kirchnerismo hacia el macrismo, reconfigurando las viejas alianzas o fracturas. En una coyuntura signada por una fuerte transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia el sector financiero y la cúpula empresarial, las confrontaciones se acentuaron. Como el propio gobierno ha reconocido, el conflicto social tal vez no haya adquirido la magnitud proporcional al ajuste desplegado. Sin embargo, una nueva articulación de sectores dañados por las políticas económicas del gobierno (tarifazos, despidos, pérdida de poder adquisitivo en el marco de una fuerte recesión económica) le está dando forma a la oposición social en las calles. Las masivas manifestaciones de trabajadores docentes y estatales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y distintos sindicatos han logrado contener algunas de las propuestas más regresivas como el beneficio llamado “2x1” a represores, la reforma laboral o la obtención de conquistas como la equiparación salarial ante el estrepitoso aumento de la inflación.

El avance del gobierno en varios frentes ha sido obturado por la movilización en las calles. Tal vez por esto en este período se ha modificado la política estatal hacia la acción colectiva, dado que la administración de Macri ha promovido una campaña de desprestigio de los movimientos sociales acompañada de una represión selectiva pero creciente hacia la protesta social. Esto se ha complementado, además, por un endurecimiento de los organismos judiciales, que han llevado al fuero penal a luchadores y luchadoras y han convalidado la represión de las fuerzas de seguridad. Es probable que los conflictos recrudezcan en los próximos meses, cuando los efectos del presupuesto de ajuste del año 2019 se sientan en los sectores más pauperizados. El gobierno tendrá que escuchar y tolerar las protestas si no pretende seguir manchando de sangre a la democracia argentina.

*Doctor en Ciencias Sociales, Becario posdoctoral del CONICET con sede el en Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Docente de la Universidad de Buenos Aires. Twitter: @leandrogamallo