El primero de diciembre del 2019 el mundo tuvo su primer contagiado de COVID-19 en la localidad de Wuhan, China. Lo que parecía una erupción local se expandió rápidamente a los países vecinos, y hoy, seis meses después, el número de contagiados asciende a cinco millones de personas y más de trescientos mil muertes en todo el globo.

Luego de que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declarase pandemia al COVID-19, con cientos de miles de contagios, cierre de fronteras y suspensión indeterminada de vuelos internacionales, la Presidencia de la Nación resolvió mediante DNU la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio, puesto en rigor a partir del día veinte del mismo mes.

Hoy, a dos meses de esta normalidad “paralela” en la que nos encontramos los argentinos y las argentinas, pueden rescatarse algunas conclusiones y dar un breve vistazo a lo que vendrá.

Como primera instancia, el aumento de contagios de los últimos días en nuestro país no desmedra la rápida resolución del ejecutivo, que desde el primer momento tomó la determinación de priorizar, ante todo, la vida de los ciudadanos. Que el aislamiento obligatorio funcionó lo reflejan los números diarios, y la comparación con otras naciones vecinas y remotas cuyo número de víctimas se cuentan por miles cada jornada. Éxito que no hubiera sido tal si la sociedad no hubiera adoptado un irreprochable sentido de responsabilidad y solidaridad ante esta situación sin precedentes.

Por otro lado, acaso poniendo fin a un debate eterno alrededor de la función activa o inactiva que deba tener el Estado, el aparato estatal ha salido en respuesta de los sectores más vulnerables con un paquete de medidas como los bonos especiales para planes sociales, medidas para proteger la producción, el trabajo y el abastecimiento, un ingreso familiar de emergencia, suspensión de suspensión de servicios por falta de pago, entre otros.

Sin embargo, ni las arcas del Estado son eternas, ni todos los sectores tienen acceso a las subvenciones, eso sumado a la irrupción súbita del motor de una economía ya derruida y estancada por el neoliberalismo, mientras los mercados están cerrados y países como Estados Unidos sufren el mayor desempleo desde el crack de 1929. Priorizar la vida no implica desatender la contingencia económica que atraviesa y atravesará, sabemos, nuestro país y el mundo. Por ello, hoy el enfoque está puesto en comenzar una flexibilización que permita el inicio paulatino de actividades para comerciantes, Pymes y particulares, con el objetivo de recuperar el trabajo y el consumo.

Focalizados en las necesidades y urgencias que demanda nuestro presente, no debemos perder de vista la coyuntura que nos espera en el corto plazo. El cese sostenido de la producción y la caída de consumo, sin dejar de mencionar la carestía de divisas que provocan las nulas exportaciones, pronostican un panorama de recesión que conviene estudiar de antemano para trabajar prevenciones y paliativos correspondientes. La ventaja frente a esta recesión venidera, si es que así pueda llamarse, es la oportunidad de anticipar un modelo de acción.

 “Entre la economía y la vida, elegimos la vida”, célebre frase de nuestro presidente Alberto Fernández, representa el axioma del modelo de acción de nuestro país, y quedará seguramente inmortalizada en la historia.

*Mamá y militante. Diputada Provincial por la 2da. Sección Electoral, Frente de Todos. Twitter: @PatriciaMoyanoDip