La política social en particular como política pública -entendida ésta como la proveniente del seno de los aparatos del Estado-, debe aplicar la óptica de la ciudadanía, la óptica de considerar a todos los individuos como sujetos de derechos y obligaciones, constituyéndose en herramienta esencial para la construcción de las responsabilidades de los diferentes miembros de la sociedad. Por consiguiente, la política social debe funcionar en el centro del sistema, esto es, debe ejercer sus influjos en el mecanismo principal de integración social, regulando el funcionamiento de las relaciones sociales y no, como sucede habitualmente -y como la creencia popular la entiende- en las márgenes de dicho mecanismo principal de integración social, es decir, como proveedora de medios de supervivencia -asistencia social, propiamente dicha-. La política social no es por definición una política de -y contra la- pobreza, sino que a través del tiempo y de la implementación de políticas de corte neoliberal, se fue transformando por “necesidad” en una “política para los pobres”, interpelando sobre la justicia y la “bondad” del sistema, sobre quién está integrado en él y quién no. Y es aquí donde la cuestión de la ciudadanía toma carácter relevante: la política social engloba al conjunto de las relaciones sociales, por lo tanto, todo aquel miembro de una sociedad debe ser sujeto y objeto de la política social, esto es, todo individuo es ciudadano capacitado para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Teniendo en cuenta esta premisa central, podemos observar cómo en los años 90, si bien se mantuvo la estructura de la red tradicional de instituciones públicas, el Estado lejos estuvo de acercarse a la misma, dejando librado al Mercado y a las capacidades de las personas y los hogares el tener acceso a los recursos necesarios para alcanzar una vida digna y, por ende, acceder a una plena ciudadanía. El Estado, dicho en términos familiares, estuvo “ausente” en la tarea de cumplir con esa función asumida en épocas del Estado Social; función que trataría de asumir, nuevamente, en los albores del corriente siglo y, como algo “cíclico”, sería el propio peronismo quien asumiera este rol. Impulsor principal del Estado Social y de la presencia del Estado en la construcción de ciudadanía, propulsor del Estado Mínimo y de la ausencia del mismo en dicha construcción ciudadana, volvería el peronismo, en su “versión” kirchnerista, a promulgar la “presencia” del Estado. Eso sí, teniendo en cuenta la nueva coyuntura política y económica, tanto nacional como internacional, totalmente diferente a la coyuntura de mediados del siglo pasado.

Cuando asume Néstor Kirchner la presidencia de la Nación, el 25 de mayo de 2003, la economía argentina venía en franca recuperación luego de la crisis de 2001, manteniendo en sus comienzos al ministro de economía de su antecesor (Duhalde), Roberto Lavagna, y tratando de recuperar la presencia del Estado en la distribución del ingreso, tanto primaria como secundaria. Estatización de algunos servicios, promoción del mercado interno, impulso de las negociaciones colectivas, crecimiento del salario real, entre otras políticas, más una nueva realidad tanto política como económica internacional, sumado al llamado “boom” de la soja, permitieron realizar comparaciones tanto con el gobierno de Menem como con el peronismo clásico, trayendo reminiscencias del mismo. Con el agregado de una fuerte política en defensa de los derechos humanos y un marcado respeto y apoyo tanto a lo constitucional como al régimen democrático, algo, podríamos decir, en cierto modo novedoso en relación al peronismo histórico.

Los siguientes gobiernos de su esposa, Cristina Fernández, ratificarían la idea de una política social como constructora de ciudadanía, pero la crisis internacional de 2008 y el desgaste del gobierno, llevarían a un deterioro de la imagen del gobierno y su posterior derrota en 2015. De todos modos, y más allá de la caída de la economía y de la mayoría de los índices en el período 2011-2015, la ley de matrimonio igualitario, la asignación universal por hijo, la ley de identidad de género, entre otras iniciativas, constituyen claros indicios de una política sustentada en la construcción de ciudadanía; a la vez que, con los diferentes programas de transferencia condicional de ingresos, puede hablarse de un Estado “presente”, aunque con limitaciones y errores. Y es esta imagen de “presencia” del Estado, a pesar de los equívocos cometidos y del desconcierto económico de los últimos años de CFK, que llevó al triunfo nuevamente al peronismo en 2019: el gobierno de Cambiemos demostró que gran parte del pueblo necesitaba, y necesita, un Estado presente y no un Estado indiferente a la cuestión social. En la próxima, y última entrega, trazaremos un breve panorama sobre el actual gobierno y su gestión, completando este pantallazo sobre el peronismo y las políticas sociales.

*Politólogo y Mgr. en Políticas Sociales –UBA. Twitter: @Ceoscaam