En 2004 participé de una evaluación de la estrategia y de los logros obtenidos mediante la Consulta Popular titulada “El Hambre más Urgente” realizada durante 2002. En ese entonces, manifesté el reconocimiento por la notable movilización que se había generado como así también por los reparos sobre la energía invertida al servicio del impulso de una política de limitada alcance y proyección, tal como eran los planes alimentarios; y si no hubiera sido prudente una orientación hacia propuestas más ambiciosas. En particular, se venían discutiendo en el Congreso Nacional iniciativas sobre políticas de transferencias de ingresos, que fueron puestas en marcha unos cuantos años después de aquella consulta y de la posterior sanción de la vigente ley Nº 25.747 (Programa Nacional de Nutrición y Alimentación) en 2002.

Recordemos que en 1983 el presidente Alfonsín creó el Plan Alimentario Nacional (PAN), una medida definida con “carácter transitorio y de emergencia” que fue removido en 1989 por el presidente Menem con el argumento de que la inseguridad alimentaria se resolvía mediante la generación de trabajo: poco tiempo después esos programas dejaron de ser transitorios y nos acompañaron con diferentes denominaciones y formatos durante la gestión de los sucesivos gobiernos.

En esa dirección, una de las primeras iniciativas del entonces candidato y actual presidente Fernández fue el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, conformando para su acompañamiento un consejo asesor integrado por referentes sociales de alto perfil.

De acuerdo con la informacion disponible, el gobierno nacional ha distribuido 290 mil tarjetas para la adquisición de alimentos a sendas familias, actualmente beneficiarias de la AUH con niños menores a 6 años, embarazadas y con hijos discapacitados. Las familias con un hijo reciben 4 mil pesos mensuales adicionales en tanto se incrementa a 6 mil para aquellas que tengan dos o más. Vale decir, es un complemento monetario a la AUH con restricciones en cuanto a los productos adquiribles. Se anunció también la cobertura progresiva a otros grupos de población.

La puesta en escena de una retórica sensible y emotiva como el “hambre”, que requiere de un examen más riguroso que el ofrecido aquí, oculta al menos dos cuestiones que nada tienen de coyunturales respecto de quienes padecen inseguridad alimentaria: las restricciones estructurales del mercado de trabajo y la insuficiencia de las políticas de transferencia de ingresos. En todo caso, el problema no es la disponibilidad de alimentos sino la merma en el poder adquisitivo de las familias para acceder a ellos. La combinación de empleos insuficientes, precarios y mal remunerados y de políticas de transferencia de ingresos poco generosas por largos períodos ha dejado esa consecuencia. Una economía inflacionaria no ha hecho más que agravarlo. La retórica de la emergencia ha sido utilizada una y otra vez en los últimos veinte años para justificar acciones de corto alcance y de limitada proyección: la emergencia se define a partir de lo inesperado y no puede ser adjudicada a consecuencias de problemas de carácter estructural.

De igual manera, cabe preguntarse por la responsabilidad de los gobiernos provinciales ante esta situación, dado que la ley Nº 25.747 les transfiere fondos nacionales para la atención de la cuestión alimentaria. Tampoco debe olvidarse que, meses atrás trece gobernadores se opusieron a las rebajas al IVA a los productos alimenticios y reclamaron ante la Corte Suprema, la cual en voto dividido obligó al gobierno nacional a financiar con recursos adicionales dicha eximición ante la merma de los fondos coparticipables. Paradójicamente el pasado mes, el gobierno nacional restituyó el IVA a esos productos en el contexto de una crisis alimentaria.

En 1998 un estudio oficial (Encuesta de Desarrollo Social) causó gran conmoción al concluir que la “mitad de los niños eran pobres y que la mitad de los pobres eran niños”; dos décadas después, la situación social no ha variado sustancialmente pese a la existencia de momentos de mejoramiento relativo que una vez superados regresa nuevamente a ese preocupante lugar, tal como sucedió en los últimos años. Es deseable que la alta convocatoria de importante personalidades aunadas en la “lucha contra el hambre” pueda elevar el tenor de las respuestas políticas y producir una agenda de reformas que superen a los programas desplegados una y otra vez, cuyos resultados estuvieron lejos de poder calificarse como satisfactorios.

*Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Twitter: @GamalloGustavo