Tres centros de exposiciones, dos estacionamientos al aire libre y una veintena de locales comerciales repartidos a lo largo de 32 hectáreas costeras, con vista privilegiada del Río de la Plata. Semejante patrimonio urbanístico sería la envidia de cualquier ciudad del mundo. Sobre todo en tiempos pandémicos, en que las grandes urbes rediscuten su entorno en función de nuevas necesidades, y en que hasta el Comité de Expertos de la ONU recomienda aprovechar las riberas para mitigar las olas de calor agobiante y los efectos de posibles inundaciones como consecuencia del cambio climático. Sin embargo Buenos Aires, que lo tiene y de sobra, decidió vivir de espaldas a él. Pese a levantarse sobre terrenos que –todavía– pertenecen al Estado, el predio de Costa Salguero sólo está abierto para el disfrute exclusivo de los pocos que pueden pagarlo. Peor: está además administrado por un puñado de empresarios parasitarios y privilegiados por sus vínculos con el poder que explotan su concesión desde hace más de 30 años, sin invertir prácticamente nada en mantenerlo y pese a que pagan un precio cuasi simbólico por su explotación. Y que permanecen impunes por la tragedia que en 2012 se cobró la vida de dos chicos intoxicados durante la fiesta conocida como "Time Warp”.

or primera vez desde que el Pro gobierna la Ciudad, el destino de Costa Salguero pudo ser debatido públicamente, el año pasado.

Al combo se le suma, además, que para levantar edificios de departamentos en la zona es necesario hacer las obras públicas necesarias para urbanizarla. Los terrenos, tal como sucede con la mayoría de la costa de Buenos Aires, fueron ganados al Río con los escombros generados por las demoliciones de las casas por las que hoy pasa la traza de la Autopista 25 de Mayo y con los de las casas por donde iba a pasar la Autopista 3, un proyecto inconcluso de la dictadura. Los servicios son precarios y Rodríguez Larreta presionó, durante la pandemia, para que Aysa le aprobara los planos para trazar un caño “costero” entre Vicente López y Dock Sud que lleve cloacas y agua potable, con un costo estimado de más de 16 millones de dólares, que la oposición le reclama que invirtiera en los barrios populares.

El Frente de Todos porteño fue protagonista en la oposición al proyecto y hasta presentó esta semana, sobre el filo del cierre de campaña, un proyecto de ley avalado por “seis mil firmas” para revertir el proceso de venta y la rezonificación de los terrenos. El Ejecutivo porteño, impedido por ahora de vender, renovó la concesión.  

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, celebró el resultado de las PASO desde un escenario montado al aire libre en estacionamiento del pabellón 4 del predio junto a María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy. El lunes 13, apenas unas horas después de los festejos, se publicaba la extensión de la concesión del predio a la empresa Telemetrix SA hasta diciembre de 2022. Telemetrix ganó la primera concesión para la explotación de Costa Salguero en 1991, hace 30 años, y uno de sus accionistas es nada menos que Fernando Polledo, el marido de la diputada nacional del Pro, Carmen Polledo. Los últimos 15 años, el macrismo usó el centro de exposiciones como su búnker electoral, de forma ininterrumpida. No se podrá vender, pero al menos sigue el negocio de los amigos. También el propio Macri se casó en ese mismo lugar con su actual mujer, Juliana Awada, hace más de diez años. La ligazón no sólo es política, también es sentimental: el Pro se maneja en Costa Salguero como en su propia casa.

Dos expedientes judiciales pintan de cuerpo entero la historia del lugar y quiénes son sus concesionarios. El juez Roberto Gallardo dictaminó en 2011 que Telemetrix debía dejar un espacio libre y público sobre la costa, lo que se conoce como “Camino de Sirga” y por la propia Constitución pertenece al Estado. Como la empresa no cumplió, ordenó colocar un cartel negro con letras imprenta blancas sobre los spots de Diego Santilli, por entonces ministro de Espacio Público de la Ciudad y candidato a senador, informando el incumplimiento, con un sello del poder judicial. Nunca sucedió. “Superficie insuficiente del camino”, “obstáculos a la circulación”, escasez y falta de iluminación”, “no presentación de los planos de obras a realizar” fueron algunos de los argumentos del fallo, que denudaba la falta de inversión de los dueños de la concesión sobre la ribera pública.

El fiscal Federico Delgado, en el marco de la investigación por la tragedia de “Time Warp”, encontró que dentro del predio se armó un “dispositivo” para la venta de drogas, gracias a la “complicidad estatal” de los funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control. Tal como explican Julian Maradeo e Ignacio Damiana en “Radiografía de la Corrupción Pro”, para el fiscal había que seguir investigando la mamushka de empresas concesionarias y sub-concesionarias del predio y sus vínculos con los organizadores de la fiesta y los funcionarios a cargo de controlarlos. Lo que pasó en Time Warp fue producto de “un conglomerado empresario que tiene múltiples rostros”.

El próximo domingo, Rodríguez Larreta probablemente volverá a festejar desde ese mismo predio, con toda esa historia, otro triunfo electoral. Los “dueños” de Costa Salguero festejarán con él.