En la enorme película de idas y venidas en torno a las competencias jurisdiccionales entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires -en su facultad de capital federal de la República-, la transferencia del puerto no es una cuestión menor más aún en tiempos electorales. Desde los tiempos virreinales, pos revolucionarios y de formación de los Estados, guerras civiles mediante, la disputa se acrecienta a pesar que actualmente el color político tiñe del mismo tono a los tres grandes distritos que comparten una gran porción de un mismo territorio sumando a la provincia homónima de Buenos Aires.

Una situación peculiar hizo trastabillar los anhelos personales y  políticos de Justo José de Urquiza. Corría el año 1861. Los triunfos de la Confederación sobre la separatista provincia bonaerense son parte del pasado. Bartolomé Mitre ingresa triunfante a la Gran Aldea, cuna de la revolución de Mayo. El caudillo entrerriano se arrodilla ante la hegemonía de la ciudad puerto. Lo pagaría en vida casi una década después, en un gris 11 de abril de 1870. Para comprender los tiempos venideros, las oligarquías provincianas fueron tejiendo una red de poder que supo aprovechar a ese mismo proyecto de Nación que se había impuesto desde Buenos Aires como su ariete. Reticentes a someterse a un poder que no controlaban, los porteños apelaron nuevamente a las armas en 1880. Los actuales barrios de Barracas, la Boca y Parque Patricios se catolizaron en escenarios de batalla de la que sería a los ojos historiográficos, la última entre hermanos. Esta vez fue Buenos Aires la que debió asumir su derrota ante los ejércitos orquestados del futuro mandatario: el entonces ministro de Guerra, Julio Argentino Roca. Federalizada y convertida en Municipalidad, la gran urbe nacional fue cercenada del territorio provincial homónimo convirtiendo al puerto en uno de sus tesoros más preciados.

Actualmente, pese a que la misma fuerza política gobierna la Nación, provincia y ciudad homónima de Buenos Aires, distrito capital del país, el traspaso del puerto nacional a la órbita del estado porteño detenta algo más que un entrelazado histórico, económico, jurídico y político.

Ayer, las disputas en torno al puerto porteño sobrepujaron al caudillo entrerriano Urquiza y la designación orquestada del bonaerense Mitre en una incipiente unificación parcial de la futura República. Con su capitalización, la Ciudad porteña paulatinamente dejaba de ser aquel pequeño conglomerado portuario centrado en un territorio comercial y burocrático en desmedro de las provincias. Aún tiempos anteriores al 25 de mayo de 1810, la aldea era la capital del Virreinato, y como tal, decantó en una laxa unión provincial, aunque reservando a Buenos Aires un rol hegemónico y cuasi monopolio del comercio exterior, al excluir del acceso al mercado atlántico a las demás economías regionales.

Suele decirse con frecuencia que la diferencia en el signo político de los gobiernos de dos o más jurisdicciones con competencias en el mismo ámbito de acción, conllevan un perjuicio para el avance de proyectos y la coordinación de políticas. Así se sostuvo por años que la Nación y la ciudad de Buenos Aires no podían trabajar juntas en términos de transporte o justicia. El demorado traspaso del Puerto de Buenos Aires encuadra en esa realidad.

Ayer nomás

Una vez superada la crisis económica iniciada por las guerras de Independencia, la economía de la provincia de Buenos Aires y su principal ciudad se desarrolló con base agraria y ganadera. La riqueza natural de la pampa húmeda, junto a los beneficios de su desarrollo urbano y el contacto internacional sacramentaron a Buenos Aires sobre el resto de las demás provincias.

El territorio bonaerense fue el principal productor agropecuario y el centro comercial por excelente, y cuando surgió un incipiente desarrollo industrial, asumió también el papel protagónico con un actor principal: Juan Manuel de Rosas, quien había articulado un trípode de poder entre un fuerte mando, los sectores ganaderos y el ejército confederado hasta el freno propio del desgaste de los años y la alianza de Urquiza con el Brasil a instancias de Inglaterra para derrocarlo.

Así, para crear la Nación, Buenos Aires debía compartir su riqueza. El poder de la Nación se impuso sobre la autonomía de las provincias. Por ser la más poderosa de ellas, Buenos Aires fue su principal víctima. A partir de 1880 hasta la reforma constitucional de 1994, la ciudad fue municipalizada.

La problemática de toda transferencia de la Nación a la Ciudad, acarrea especies  de lagunas jurídicas aún desde la sanción en los cambios en la Carta Magna del 94, solo subsanadas en el escenario natural para estas cuestiones que es el Congreso de la Nación.

Uno de los grandes debates giran alrededor de la letra del actual artículo 75, inciso 12, primera parte, de la Constitución Nacional con relación a los códigos de fondo en materia Civil y Comercial, Penal, de Minería, del Trabajo y la Seguridad Social, normas que sólo pueden ser aplicadas por tribunales federales o provinciales, mientras que la ciudad de Buenos Aires estaría impedida por no alcanzar el status normativo de provincia.

Entre los especialistas hay dos sectores bien marcados: están quienes intensifican la historia y la letra de la Ley Suprema original sancionada en tiempos de Urquiza, aún sin la presencia en la Convención Constituyente santafesina de 1853 de la provincia de Buenos Aires, cuyo punto central fue conciliar el carácter nacional de los mencionados códigos con su aplicación por jueces provinciales. El objetivo apuntaba a fortalecer los intereses de los habitantes y comprender el poder político y económico de la principal ciudad de la provincia de Buenos Aires, aún no federalizada tras las batallas civiles de  1880 y autónoma desde 1994. Fue la  reforma constitucional la que habilitó la elección de su primer jefe de Gobierno dos años más tarde.

La ley 24.588 -denominada Antonio Cafiero por su autor-, tuteló  los intereses del Estado nacional en la ciudad de Buenos Aires, manteniendo la justicia nacional en el ámbito de la Nación, aunque facultando la posibilidad de celebrar convenios para transferir organismos, funciones y competencias únicamente con el aval del tratamiento en el Parlamento.

En el primer tramo de este año electoral 2017, el Gobierno nacional suscribió convenios con su par de la ciudad de Buenos Aires de transferencia de tribunales nacionales. Los juzgados penales fueron el primer paso. En esa línea, el fuero laboral también atraviesa un camino de aprietes por parte del Poder Ejecutivo en su travesía por encarar el traspaso de los 80 tribunales de primera instancia  a la órbita del Estado porteño. La pelea de los trabajadores que integran el fuero que creara Juan Domingo Perón y el clima electoral pusieron un cuarto intermedio al conflicto cediendo su tratamiento al único poder republicano que comparten oficialistas y opositores de ocasión para debatir la medida: el Legislativo.

El control del puerto: jurisdicción y competencia

Cuando en 1992 los puertos fueron transferidos a las provincias a través de la Ley de Actividades Portuarias, número 24.093, las terminales porteñas fueron excluidas de ese traspaso, ya que al no ser la Capital Federal un distrito autónomo no tenía sentido que ejerciera facultad de gestión, quedando bajo el ala del Estado nacional bajo la Administración General de Puertos.

Los sucesivos alcaldes elegidos de la Ciudad, desde Fernando de la Rúa, a su sucesor Enrique Olivera, Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y Mauricio Macri,  fueron reclamando a la Nación el dominio de esas tierras. Horacio Rodríguez Larreta amaga pero no aprieta.

La puja de competencias persiste y el traspaso se anuncia pero no se concreta. El mismo color político del Pro tiñe la vieja disputa en una suerte de cepo informativo: desde Nación y Ciudad se advierte que no harán declaraciones.

La discusión que se silencia no tiene que ver solo con el traspaso. Uno de los temas a tratar es su posible ubicación. ¿Es factible entrar en gigantescas obras para para construir el Paseo del Bajo en la Ciudad mediante millonarias inversiones?

La descentralización portuaria, que fue muy común en la región, tuvo que ver con un diagnóstico de décadas, cuando la problemática sucedía por retornar a las economías más competitivas y los puertos no estaban en esas condiciones.

El porteño es “progresista”. De derecha o de izquierda, pero es progresista. En palabras del escritor Hernán Brienza, el capitalino “no cree en el estancamiento ni en la quietud. Se ve siempre seducido por la novedad, por lo que viene del puerto, por lo que transforma su vida. Entre conservación y cambio prefiere el cambio, aunque no sepa si el cambio es positivo o no”.

En épocas electorales y teniendo en cuenta que desde su autonomía hace más de veinte años años, la Ciudad legó dos de sus mandatarios a la Nación – los aliancistas Fernando de la Rúa y Mauricio Macri – amerita comprender la complejidad de los porteños. No hacerlo sería ir contra la mega ciudad y encerrarse en la antigua lógica de la pequeña aldea virreinal.

* Abogado y periodista. Twitter: @Emilianov9