Diputados del FpV le exigen a Vidal que aclare "cuál es la normativa que rige" en la Provincia sobre el aborto no punible
En conversación con Diagonales. la legisladora Lucía Portos explicó que la ministra Ortiz emitió la resolución de adhesión al Protocolo Nacional pero que la Gobernadora ordenó la baja
La Gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, justificó la marcha atrás de la adhesión al Protocolo Nacional de Aborto no punible jactándose de que ya existe uno en la Provincia que está en funcionamiento, por lo que Diagonales conversó con la Diputada por el Frente para la Victoria (FpV), Lucía Portos, quien pidió a la máxima autoridad de los bonaerenses que "aclare cuál es la situación en este momento".
En ese sentido, la legisladora explicó que en 2012 el por entonces Gobernador, Daniel Scioli de la mano de su Ministro de Salud, Alejandro Collia, creó una Guía de Procedimientos que "obligaba a los Hospitales Públicos a dar la prestación de irrupción de embarazos en caso de gestación producto de violación o embarazos que ponga en riesgo la salud de la mujer".
A la par, Portos señaló que se creó un Protocolo más moderno impulsado desde el Gobierno Nacional que "regula la objeción de conciencia; obliga a todos los efectores a tener médicos prestadores que estén dispuestos a realizar la práctica; que regula las nuevas técnicas y métodos y además es posterior al fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a Nación y a las provincias a prestar concentimiento para realizar dicha práctica y normas vinculadas al modo en que se realizará la misma en caso de niñas y adolescentes y otra, para mujeres con algún retraso madurativo".
Por eso, desde el Bloque de Diputados del FpV presentaron un proyecto de Ley para pedir al Poder Ejecutivo que adhiera al Protocolo de Nación a lo que la Ministra de Salud, Zulma Ortiz, hizo lugar sacando una resolución la semana pasada, pero "Vidal supuestamente por presiones propias de su gabinete y de sectores conservadores de la Iglesia Católica la dio de baja y no autorizó su publicación en el Boletín Oficial", indicó Portos.
A su vez, consideró que "la situación hoy es muy complicada porque no sabemos cuál es la normativa que rige y además porque la definición política de ir en contra de la adhesión, para los servicios de Salud, es un mensaje político de complicar el acceso a ese derecho que está desde 1921 en el Código Penal".
Es por eso que desde el bloque "vamos a insistir con nuestro Proyecto de Ley, que incluso es mejor que el Protocolo, porque nunca pudimos sacarlo de la Comisión de Salud y vamos a tomar acciones en términos públicos para que la gobernadora aclare cuál es la situación en este momento", concluyó Portos.