Denuncian que Jorge Macri contrató funcionarios de su riñón como “proveedores” por cifras millonarias en Vicente López

El 31 de diciembre de 2019, en la víspera de fin de año, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, reasignó vía cuatro decreto unos dos mil millones de pesos dentro del presupuesto del municipio que gobierna con holgura hace casi una década. Los números de aquél ejercicio, modificados entre gallos y medianoche, los rindió recién esta semana, casi diez meses después, ante el Concejo Deliberante local. La oposición, encabezada por el Frente de Todos, rechazó el balance porque detectó que el primo del ex presidente sub-ejecutó (gastó menos de lo presupuestado a inicio del año) unos 360 millones en Desarrollo Social, y otros 322 millones en Obra Pública, Seguridad y Educación, entre otras áreas sensibles de la gestión.

Pese a todo, el informe fue aprobado sin problemas por la mayoría de concejales de Juntos por el Cambio (como sucede prácticamente con el resto de los oficialismos en casi todo el país) y no hubo lugar para mayores objeciones. Pero al menos –dicen a Diagonales desde la bancada opositora– la rendición de cuentas sirvió para poner la lupa sobre algunas irregularidades en los gastos municipales que, a priori, dejan varios interrogantes abiertos, sobre todo en tiempos en los que Jorge Macri goza de una extendida cobertura mediática y se perfila como uno de los principales armadores de la oposición a nivel provincial, e incluso como uno de los interlocutores de su espacio frente al oficialismo.

Los más importantes tienen que ver con una serie de funcionarios del riñón del intendente que le facturaron varios servicios al municipio como “proveedores”, a modo de un “extra” de su salario. El primero por orden de importancia es el secretario de Gobierno, Enio Vittorini: figura en la rendición de cuentas que recibió 765 mil pesos del municipio. Y le sigue nada menos que Guillermo Andrés Romero, ex vicepresidente del Grupo Bapro (segundo de Jorge Macri, presidente de la institución entre 2015 y 2019), que recibió un millón 140 mil pesos.

Romero había sido la mano derecha de Macri durante sus primeros años de gestión en Vicente López, hasta el 2014, cuando renunció en medio de un escándalo: había sido procesado por defraudación contra la administración pública en la causa de las coimas de Siemmens, que data del menemismo. Pese a todo, el intendente volvió a confiar en él y los designó como su vice en el BAPRO, luego que el juez Ariel Lijo lo sobreseyera.

“¿Por qué el ex-vicepresidente del Grupo Bapro cobró en 2019 un millón de pesos al año cómo asesor del municipio?”, se preguntó durante la sesión el concejal del Frente de Todos, Joaquín Noya. “Me parece inexplicable que haya funcionarios cobrando sueldo y a la vez siendo proovedores, algunos por cientos de miles de pesos. El Ejecutivo no explicó por qué, y debe hacerlo de cara a la sociedad, es una situación muy grave”, le dijo más tarde Noya a Diagonales.

Otros funcionarios que facturaron unos pesitos extra a la municipalidad fueron el subsecretario de Servicios Públicos, Andrés Petrillo, y la subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos, Gabriela Salusso.

Otra de las objeciones de la oposición tuvo que ver con la tercerización en empresas privadas para la limpieza de oficinas de gobierno. “¿Por qué Jorge Macri privatiza el trabajo que muy bien realizan los trabajadores municipales?”, disparó Noya.

También fue objetado el contrato de recolección de residuos, un tema problemático para las administraciones locales del conurbano pero que sin dudas está entre los “debes” en materia de transparencia en el manejo de fondos. El intendente le renovó la prestación de servicios “de hecho” a la empresa Transportes Olivos, que lleva más de 10 años sin licitación y se come 10 de cada 100 pesos del municipio. Transporte Olivos es subsidiaria del grupo español ACS, propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ex socio de Mauricio Macri en Autopistas del Sol. A través de varias uniones transitorias de empresas, ACS controla la recolección en varios municipios del conurbano y comunas de la Ciudad de Buenos Aires. También fue la encargada de la “limpieza” tras las movilizaciones por Santiago Maldonado a Plaza de Mayo durante 2018, negocio que fue promocionado por el gobierno de entonces en conjunto con los principales medios del país.

“Encontramos muchas irregularidades en la privatización de servicios que se pagan en millones de pesos y que pueden realizarse con los trabajadores del municipio. Algo inexplicable, como el gasto de publicidad: el municipio dice que gastó 20 millones, pero hay otros 50 millones encubiertos en lo mismo, lo que da más de 70 millones en publicidad en un año electoral, cuando al mismo tiempo se subejecutó en áreas sociales como Desarrollo Social y otras muy sensibles como Seguridad”, concluyó Noya.