En la ciudad que gobierna el peronista Mauro Poletti, el oficialismo logró aprobar el proyecto de ordenanza para penalizar a las empresas que despidan trabajadores de manera injustificada. El proyecto logró el visto bueno en el Concejo con apoyo de tres concejales radicales que se diferenciaron del PRO.

Los boina blanca se despegaron de la estrategia del ala PRO de Cambiemos, que pretendía introducir una modificación a la iniciativa original, que impactaba en la recaudación del municipio. Los ediles Silvio Gaeto, Paula Sanfilipo y Cristian Cardozo votaron junto al Bloque de Unidad Ciudadana por la afirmativa del proyecto original (sin modificaciones), mientras que el sector PRO del bloque, comandado por Gustavo Perie, se abstuvo. En complicidad con los amarillos, 1 País también se abstuvo.

Hubo en total 6 abstenciones correspondientes a los concejales Perie, Soledad Agotegaray, Roberto Borselli, Mercedes Grilli, Maira Richiardelli y Diego Ramírez.

A fines de julio, la empresa Bunge, ubicada en el complejo industrial de Ramallo, decidió despedir a 84 trabajadores en la planta de aceite y en la de fertilizantes, sin el correspondiente Procedimiento Preventivo de Crisis.

En ese entonces, los trabajadores denunciaron la que los despidos fueron injustificados ya que Bunge es una de las empresas más grandes del sector agroexportador de Argentina, y ha pasado de facturar 23.530 millones de pesos en el año 2014 a 46.033 en el año 2017.