La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y familiares de la masacre de Monte manifestaron su rechazo a la designación de María Alejandra Cotignola al frente de la Dirección de Asuntos Institucionales del Municipio, organismo que tiene el control de las fuerzas de seguridad. Según detallan en un comunicado, la flamante directora “fue agente de la Policía Bonaerense, es familiar de uno de los agentes detenidos por la persecución mortal y, como abogada penalista, defendió a policías involucrados en otros delitos”.

“A las familias que somos víctima de este crimen atroz, no sólo nos indigna, sino que también nos revictimiza y vulnera”, señalaron los familiares de los cuatro jóvenes que murieron en la Masacre de San Miguel del Monte, en una carta dirigida a la intendenta Sandra Mayol, para que revea la designación de Cotignola en la Dirección.

Para la CPM, que viene acompañando a la familia, la designación de Cotignola contiene un mensaje político claro: “la confirmación de una política de seguridad y el amparo de las prácticas criminales de agentes policiales que generaron las condiciones de posibilidad para la consumación de la masacre del 20 de mayo pasado. También siembra de dudas la existencia de un compromiso sincero con la verdad y la justicia por las cinco víctimas de la persecución mortal”.

Cabe destacar que por la masacre están implicados doce agentes, uno de ellos es el ex funcionario municipal Claudio Martínez, imputado por encubrimiento, formado en la Policía Bonaerense, fuerza implicada en el hecho. En este marco, la CPM junto con los familiares apuntan a Cotignola por su formación en la policía bonaerense, entendiendo que Mayol ratifica así la política en materia de seguridad.

Desde la CPM destacan también su rol como abogada defensora de agentes policiales implicados en numerosos delitos, pero sin duda, el dato quizá más llamativo, es la vinculación personal con uno de los detenidos por la masacre, “aspecto conocido por la comunidad de Monte que le resta la necesaria objetividad con lo acontecido y podría condicionar su desempeño”, señalan.

“Esperábamos un cambio y que el municipio pudiera desarrollar acciones tendientes al control del accionar policial. Esta designación implica la reconfirmación de una política que nos ocasionó un daño enorme e irreparable, es asumir que no hay nada que revisar”, cierran las familias en la carta entregada a la intendenta.