El Gobierno confirmó que extenderá los beneficios del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), y de esa manera el Estado Nacional volverá a pagar hasta la mitad de los salarios del sector privado de mayo, y reducirá el pago de contribuciones patronales.

Por medio de la Resolución Administrativas 747/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno adoptó las recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

El Estado Nacional se hará cargo de pagar la mitad de los salarios de casi 2 millones de trabajadores del sector privado, tal como lo hizo con los sueldos de abril.

Según datos de AFIP, el gobierno nacional desembolsó $27.000 millones durante mayo para financiar parte del pago de sueldos de más de 1,3 millones de trabajadores en relación de dependencia de empresas afectadas por la cuarentena que accedieron al beneficio contemplado en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).  

Las empresas que reciban este auxilio podrán elegir entre reducir las contribuciones patronales en un 95% o postergar su pago por dos meses.El programa plantea que la ANSeS transfiere a las cuentas de los trabajadores, en forma directa, un monto para cubrir el 50% del sueldo de bolsillo y establece ciertas consideraciones:La asignación no podrá ser menor a un salario mínimo vital y móvil (16.875 pesos).

La asignación no podrá ser mayor a dos salarios mínimo vital y móvil (33.750 pesos).Por otra parte, el Comité consideró que las empresas de salud privadas están en condiciones de acceder a este beneficio, pero recomendó al Ministerio de Salud que determine a qué empleadores les corresponde, de acuerdo con el nivel de facturación, si desempeñan actividades en una zona geográfica crítica o si tienen una alta proporción del personal infectado de Covid-19.

Mientras que el Ministerio de Transporte propuso sumar a las empresas de transporte de pasajeros y de cargas al ATP, y el Ministerio de Educación recomendó incluir a aquellos empleadores que no reciban aportes o subsidios por parte del Estado.