El Tesoro Nacional comenzó a distribuir los $145.000 millones generados hasta este lunes por el Aporte Solidario y Extraordinario para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que impone la pandemia del COVID-19.

Los fondos del Aporte fueron destinados a la compra de vacunas, medicamentos e insumos sanitarios, asistencia a las PyMEs y los trabajadores, inversión en educación, mejoras habitacionales en barrios populares y el fomento de la inversión en el sector gasífero.

La primera distribución de fondos, cobrados al 27 de mayo a contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones, ya se asignaron a políticas previstas en la Ley 27.605, que establece el destino de los recursos extraordinarios.

Esos fondos deben destinarse a financiar la política sanitaria (20%); subsidiar a las PYMES para sostener los puestos de trabajo (20%); inyectar más recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%) y apuntalar la inversión en el sector gasífero (25%).

El ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo en Twitter al respecto: “cada paso que damos lo hacemos con el objetivo de tranquilizar la economía, buscando sentar condiciones que favorezcan el desarrollo humano, la inclusión, la inversión y la generación de empleo. Es un camino en el que el Gobierno y el Congreso de la Nación trabajan de la mano”.

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Y agregó que “el Aporte Solidario y Extraordinario tiene un gran valor para lidiar con los complejísimos desafíos que trae la pandemia. Nos ayuda a financiar políticas esenciales para sostener a nuestra sociedad de pie, de una forma progresiva y que ayuda a la estabilidad macroeconómica".

De esta manera, $29.000 millones fueron destinados al Ministerio de Salud para la compra de vacunas, medicamentos y elementos de protección. También se prevé la adquisición de insumos críticos para la prevención y la compra y/o elaboración de equipamiento médico.

Además, con el objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas en el marco del programa de Recuperación productiva (Repro II), se destinaron $29.000 millones al Ministerio de Trabajo.

Asimismo, $22.000 millones se dirigieron al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para mejorar la salud y las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares.

En tanto, se destinaron $29.000 millones al Ministerio de Educación para reforzar el plan Progresar, que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.

En relación a la política energética, se destinaron $36.000 millones a la Secretaría de Energía para programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A.

La firma viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF, en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos.