El Gobierno nacional está decidido a ir a fondo en su nueva fase represiva, para lo cual necesita un adoctrinamiento total de todos los poderes del Estado, incluida la justicia. En esa clave se inscribe la denuncia que esta mañana presentó el Ministerio de Seguridad contra Karina Andrade, la jueza de la Ciudad que ordenó la liberación de los detenidos el pasado miércoles en la represión de la marcha a jubilados, ante las numerosas irregularidades en las detenciones.

La denuncia penal es por los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado, y recayó en el juzgado de María Servini. Según el Ministerio de Seguridad, la magistrada actuó de manera “arbitraria” y sin respetar el debido proceso.

La cartera que comanda Patricia Bullrich solicitó que se inicie un sumario penal con Andrade por haber colaborado en el “encubrimiento” de “delitos” cometidos por los manifestantes el miércoles pasado en las zonas aledañas al Congreso de la Nación.

“Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes. No fue un error, fue complicidad”, tuiteó Bullrich sacando pecho de una nueva intromisión del Gobierno con la justicia.

Lejos de los días en los que reclamaba por la independencia del Poder Judicial, Patricia Bullrich volvió a dejar en claro que el oficialismo no reconocerá límites de ningún tipo a la hora de imponer su voluntad: “Nosotros no vamos a permitir que la justicia sea un chiste y pro delincuentes. La denunciamos por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento. Con la ley en mano y sin miedo, ni un paso atrás”, sentenció.

La jueza Andrade fundamentó su decisión del pasado miércoles en un fallo en el cual señaló serias irregularidades de todo tipo en las detenciones por parte de las fuerzas de seguridad, por ejemplo que no se le indicaran circunstancias o las causas de las mismas. Muchos de los detenidos incluso estuvieron retenidos durante varias horas en móviles de la Policía Federal, violando todo tipo de procedimientos y estándares de derechos humanos relativos a estas situaciones. 

Por otro lado, en el fallo de Andrade también quedó explicitado que ninguna de las detenciones fueron por los delitos de portación de armas de fuego, lesiones o daños o incendios. Esto contradice los dicho de Bullrich y del Gobierno que la respalda. Sin embargo, y pese a contar con numerosa evidencia audiovisual sobre múltiples detenciones arbitrarias de ciudadanos que lejos estaban de cometer ningún delito, el oficialismo insiste en un relato que parece estar decidido a llevar hasta las últimas consecuencias.